El gobernador de Santa Fe pidió apoyo político para enfrentar la violencia narco

Se reunió con los jueces de la Corte provincial y con legisladores para mostrar unidad ante la ola de atentados presuntamente vinculados a las causas contra Los Monos
Se reunió con los jueces de la Corte provincial y con legisladores para mostrar unidad ante la ola de atentados presuntamente vinculados a las causas contra Los Monos Crédito: Marcelo Manera
Germán de los Santos
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7 de agosto de 2018  

ROSARIO.- Tras los diez ataques a balazos contra propiedades de jueces que investigaron y juzgaron a la banda de Los Monos, el gobierno de Santa Fe buscó dar una respuesta política, con el respaldo de todos los sectores, para afirmar que están dadas todas las garantías para que continúe el proceso judicial contra esa organización narcocriminal .

El gobernador Miguel Lifschitz se puso en el centro de la escena el fin de semana, al afirmar, después de los últimos ataques a balazos contra el Centro de Justicia Penal y a una casa de la jueza Marisol Usandizaga, que "se estaba poniendo en juego la institucionalidad".

Desde el 29 de mayo pasado, cuando fueron baleados dos inmuebles del juez Ismael Manfrín, hubo diez atentados. Las investigaciones no dejaron aún ningún detenido. La principal sospecha, según el Ministerio de Seguridad, es que detrás de los tiroteos contra las casas de los funcionarios judiciales están Los Monos. Pero no existe ninguna certeza ni en el plano judicial ni en el policial.

El gobierno se vio forzado a asumir el problema con mayor compromiso porque se avecina un nuevo capítulo judicial contra la banda de los Cantero y los atentados arrecian. El sábado también fue acribillado de cinco disparos Diego Romero, un testigo que declaró contra Los Monos en el expediente 913/12.

Entre el 14 y el 29 de este mes se realizarán, en el Centro de Justicia Penal -que el sábado fue baleado-, diez audiencias de apelación de las condenas que recibieron 19 de los 25 miembros de la banda el 9 de abril pasado. Esa vez, Ramón Machuca y Ariel Máximo Cantero, alias Guille, líderes del grupo, recibieron penas de 37 y 22 años, respectivamente.

En septiembre comenzará en el fuero federal el juicio contra 29 miembros del clan procesados por producción y comercialización de estupefacientes. Será la primera vez que la banda de los Cantero sea juzgada por narcotráfico. Aunque no está definido aún el lugar donde se realizará el juicio, es posible que se lleve adelante en el Centro de Justicia Penal, dado que el edificio del fuero federal no posee las condiciones de seguridad apropiadas.

Ayer a la mañana, Lifschitz se reunió con los jueces de la Corte Suprema de Santa Fe y con representantes del Colegio de Magistrados. Le expresaron su "preocupación" y exigieron más medidas de seguridad.

El gobierno pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que la Gendarmería colabore con la custodia de los edificios judiciales rosarinos. Mientras, se tomó una medida extrema: se cortaron las calles que circundan el Centro de Justicia Penal.

La intendenta de Rosario, Mónica Fein, siguió la misma línea que Lifschitz. Reunió a los concejales de diferentes fuerzas políticas para dar una muestra de repudio a la violencia. Los fiscales y jueces de Santa Fe hicieron lo propio.

A la tarde, Lifschitz se reunió con legisladores de la Cámara de Diputados provincial para mostrar un repudio sólido frente a los ataques mafiosos. El gobernador se sentó junto al presidente de la Legislatura, Antonio Bonfatti, una de las primeras víctimas de este tipo de atentados: el 11 de octubre de 2013, un grupo de atacantes en moto hicieron 21 disparos contra su casa en la zona norte de Rosario. La investigación nunca llegó a dilucidar quién había ordenado el atentado porque el propio Bonfatti retiró la imputación contra Emanuel Sandoval, quien admitió haber participado en la balacera y fue beneficiado en un juicio abreviado con una condena a tres años de prisión, por lo que quedó en libertad.

"Frente a las organizaciones delictivas, el Estado tiene que dar una respuesta unívoca, más allá de las críticas. Esta violencia no solo busca amedrentar a los funcionarios judiciales sino poner en jaque la institucionalidad. Es la respuesta del crimen organizado frente al avance que hubo para desarticular a estos grupos", planteó Lifschitz.

Voces críticas

El presidente de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez, fue el más crítico desde el Poder Judicial. Incluso le pidió al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, "hablar menos y hacer más". La queja del titular del máximo tribunal apunta a que "no hay un solo detenido después de dos meses de investigaciones". Afirmó Gutiérrez: "Hay debates que nos debemos en Santa Fe. Estas bandas tienen complicidades con el Estado, sobre todo con la policía".

Otras voces críticas se sumaron a Gutiérrez. Como, por ejemplo, la del juez Luis María Caterina, quien dijo, en diálogo con Radio 2: "Es fundamental la inteligencia criminal de manera continua, pero es algo que no se ve en este momento. Siempre se va detrás de los hechos".

En el plano judicial, también hubo una respuesta de la banda de Los Monos. Los abogados Fausto Yrure y Carlos Edwards presentaron un petitorio dirigido a la Cámara Penal en el que señalaron que los dichos del gobernador Lifschitz "afectan la imparcialidad e independencia del tribunal de apelación".

El inicio del plan sistemático de ataques contra jueces comenzó horas después de que la Justicia Federal ordenó el traslado de Guille Cantero desde la cárcel de Piñero, ubicada a 25 kilómetros de esta ciudad, a la Unidad Penal Federal Nº 7 de Resistencia, Chaco. Su lugarteniente, Jorge Chamorro, fue trasladado a una cárcel de Rawson, Chubut.

Los miembros del Tribunal Oral Federal tomaron esta decisión tras una reunión con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien les pidió que los líderes de la banda de Los Monos fueran enviados a cárceles federales fuera de la órbita de Rosario.

Unas horas después de que los abogados defensores intentaron en vano hacer retroceder la medida judicial con un habeas corpus, comenzaron los disparos contra las casas de los jueces.

La saga se inició el 29 de mayo pasado, cuando se produjeron dos ataques contra propiedades que habían pertenecido al juez Manfrín. También fueron atacados en tres oportunidades los domicilios vinculados al juez Juan Carlos Vienna, quien estuvo al frente de la instrucción de la causa 913/12, que logró llevar a juicio en la Justicia provincial a la banda narcocriminal por asociación ilícita y homicidios. El padre de Vienna sufrió dos ataques en el frente de su casa.

Luego se produjeron sendos tiroteos contra los policías Ariel Lotito y Luis Queverto, quienes formaban parte de la ex-Brigada de la División Judicial, que fue el brazo operativo de la investigación que llevó adelante aquel magistrado.

Les siguieron otros tres ataques contra inmuebles donde vivió la jueza Usandizaga. Y ahora, contra el Centro de Justicia Penal.

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