Contrastes del pasado y debates futuros

Cristian Mira
Cristian Mira LA NACION
En el sector crece el reclamo para que el Congreso trate una nueva ley de semillas
En el sector crece el reclamo para que el Congreso trate una nueva ley de semillas
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11 de agosto de 2018  • 03:40

Inevitablemente, los "Cuadernos de las coimas", que descubrió un equipo periodístico liderado por Diego Cabot, de LA NACION, hacen valorar aún más a quienes en 2008 se negaron a formar parte de un sistema montado sobre la base de la corrupción.

A diez años de la 125, el relato de cómo un sector del empresariado, dedicado a la obra pública, fue capaz de sobornar a funcionarios públicos con el propósito de mantener sus negocios muestra un contraste muy fuerte con aquellos que salieron a las rutas a decirle "No" a un proyecto que pretendía otorgarles un destino semejante: ser sus vasallos.

El montaje era evidente. Cuantas más regulaciones se fijaban, más oportunidades había para la recaudación ilegal. ROE, compensaciones, cupos de exportación, cepo cambiario y registros de todo tipo formaron parte de ese andamiaje que obligaba al sector privado a pasar sí o sí por la ventanilla del Estado. En la cadena agroindustrial no todos salieron indemnes de ese esquema. En cambio, los productores que enfrentaron la 125 en 2008 le pusieron un freno a esa voracidad. Vale recordar las diferencias entre los que hoy se arrepienten y a los que ayer se atacaba.

¿Saldrá la ley?

Esta semana hubo una nueva ofensiva para que comience el tratamiento legislativo de la ley de semillas. En el congreso de Aapresid, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, pidió por el rápido tratamiento de la norma. Utilizó un argumento que pretende ir más allá de solucionar el conflicto por la propiedad intelectual en semillas autógamas -soja y trigo- y alcanzar a legumbres, algodón y vegetales. Puso como ejemplo el caso del INTA, que cobra regalías en Brasil por variedades de arroz que desarrolló, pero no puede hacerlo en el país. "Es la ley INTA", dijo el ministro, en referencia a quienes identifican a las compañías multinacionales como las interesadas en que el proyecto se apruebe. También el presidente de Aapresid, Alejandro Petek, se sumó al reclamo.

En la semana también hubo otro pronunciamiento público. Fue el del llamado grupo Escaleno, una suerte de "usina de ideas" que integran productores agropecuarios, empresarios como Hugo Sigman o Luis Bameule, dirigentes sociales como Lalo Creus e investigadores e intelectuales como Juan José Llach, Jorge Castro o Fernando Vilella, entre otros. Su primer documento fue, justamente, sobre propiedad intelectual. Entre otras cosas sostienen: "Muchos de los avances ya logrados en productividad se han sustentado en el conocimiento incorporado a las semillas u órganos de multiplicación asexual a partir del trabajo de organizaciones públicas y privadas. Estos logros tienen un costo de desarrollo que debe ser cubierto por los distintos actores beneficiados para que dichos programas sean sustentables económicamente".

Según explica Pedro Vigneau, ex presidente de Aapresid, este grupo no sólo se limitará a la cuestión de las semillas, próximamente se expresarán en temas como la bioeconomía o la inserción internacional de la Argentina. "En un país que tiene el 30% de la población en la pobreza es inconcebible que no hagamos nada", dice.

Este pronunciamiento, claramente, está más cerca de la propuesta mayoritaria de la mesa de consenso por semillas que elaboró un documento a fines de 2017, que agrupa a entidades técnicas de la producción, la industria y algunas organizaciones rurales. Los impulsores de esta iniciativa, que establece el uso propio oneroso con excepciones a pueblos originarios o agricultores familiares, entre otras cosas, comenzarán a reunirse con los bloques de diputados para que comience la discusión en el Congreso. Esta posición sostiene que no es necesaria la declaración de "orden público" para la norma (lo que habilitaría los acuerdos entre privados) y que el pago por regalías solo se haga en la semilla.

La otra posición más definida es la de Federación Agraria Argentina (FAA), que hace tres años presentó un proyecto de ley de semillas, y que establece el uso propio oneroso cuando se supere la superficie excedente a la cantidad de semillas adquiridas, entre otros puntos. Postula, además, que la norma debe mantener el carácter de "orden público" y que no dependa de la ley de patentes o la ley de marcas. Según explica Jorge Solmi, dirigente de FAA, esta posición es avalada no sólo por entidades y cooperativas de la entidad sino por semilleros multiplicadores. Ambas posiciones coinciden en que debe fortalecerse el papel del Instituto Nacional de Semillas (Inase).

Unos y otros creen que el Congreso será el próximo ámbito de discusión de los diferentes proyectos. Nadie se anima a ponerle una fecha exacta de resolución. Aunque todo parece indicar que si no llega a tener al menos media sanción de una de las Cámaras en 2018, será muy difícil hacerlo en un año electoral como 2019. El riesgo que se corre es dejar a las semillas en un limbo.

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