Oportunidades detrás de fuertes hechos disruptivos

Néstor O. Scibona
Néstor O. Scibona LA NACION
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12 de agosto de 2018  

La aparición de los cuadernos (de las coimas) es un hecho disruptivo que viene a cambiar el orden vigente en materia económica, política y empresarial. Todos sabemos cómo comenzó; nadie sabe cómo terminará". Con estas palabras, el economista y consultor rosarino Salvador Di Stéfano describe acertadamente la percepción de buena parte de la sociedad sobre la impecable investigación de Diego Cabot en LA NACION entregada a la Justicia y que por primera vez condujo a la detención simultánea de ex funcionarios kirchneristas y ejecutivos de empresas involucradas en pagos clandestinos.

El concepto de disrupción ("rotura o interrupción brusca", según la Real Academia Española) suele tener una connotación positiva y desafiante en el mundo empresario, aunque generalmente asociada a la necesidad de adaptarse a los constantes cambios que imponen los avances tecnológicos sobre la forma de hacer negocios y el futuro del empleo.

Pero en el caso Centeno, el hecho disruptivo resulta tan negativo como anacrónico. Es grotesco que en pleno siglo XXI y a través de cuadernos manuscritos, se haya corroborado la trama de la corrupción K conocida por pocos y sospechada por muchos desde hace años. Y que los bolsos para trasladar millones de dólares en efectivo y sin declarar fueran la vía preferida. Los ingresados por José López en el convento de General Rodríguez habían sido una prueba contundente para la opinión pública. Ahora se sabe que muchos más tuvieron como destino final la residencia de Olivos o el domicilio de Néstor y Cristina Kirchner. Al fiscal Stornelli y al juez Bonadío les tocará determinar qué parte de esos fondos fue producto de adjudicaciones a dedo de obras públicas, contratos o subsidios; sobreprecios acordados; "peajes" para liberar pagos retenidos; "aprietes" mafiosos de ex funcionarios; sobornos de empresas o aportes a campañas políticas aún en años no electorales.

Con instituciones obsoletas, resquebrajadas o cooptadas, la corrupción se expandió como un mal endémico a través de distintos gobiernos y alcanzó su expresión más elocuente en la era K. Ya en el lejano 2005, el ex ministro Lavagna había resaltado el "capitalismo de amigos" en la obra pública y le costó su desplazamiento. Dos años después, en el libro Hablen con Julio, los periodistas Diego Cabot y Francisco Olivera fueron pioneros en revelar el tráfico de bolsos con dinero non sancto proveniente de subsidios al transporte.

A esto se sumó el súbito enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios, también evidente en jueces que durante años hicieron la vista gorda. Uno de los casos más emblemáticos es el de Norberto Oyarbide, que acaba de autoincriminarse al admitir presiones para sobreseer al matrimonio Kirchner. Precisamente, dos delitos que debía haber resuelto como juez, antes de jubilarse con un haber de $230.000 mensuales.

Un cambio de paradigma fue la sanción, en 2016, de la ley que amplió la figura del arrepentido a los casos de corrupción, a cambio de la excarcelación o atenuación de penas para imputados que aportaran datos relevantes en las causas judiciales. Ahora sirvió para romper el silencio de ejecutivos que desfilan por el tribunal para admitir pagos no declarados. Probablemente la conmoción provocada por el escándalo de los cuadernos acelere el tratamiento en el Congreso de la ley de extinción de dominio -que habilita a incautar bienes no justificados o producto de delitos como corrupción y narcotráfico-, frenada hace meses por la grieta que divide a la minoría oficialista y buena parte de la oposición.

Más lento aún viene el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos mediante aportes privados identificados y bancarizados, otra reforma relevante para transparentar el origen de esos fondos y la rendición de cuentas sobre su destino. En el último Coloquio de IDEA, se analizó un documento que condensó las coincidencias de tres proyectos elaborados por ONG (Cippec, RAP y Poder Ciudadano) como base de una política de Estado en este terreno. Una de las conclusiones fue evitar que política sea financiada por la corrupción, la economía negra o el narcotráfico. Otra, la necesidad de reforzar los organismos de control (administrativo y judicial) del sistema político, otorgándoles autarquía.

La necesidad de reformas alcanza al propio Poder Judicial y, en especial, al oportunismo político de los jueces federales de Comodoro Py. Los primeros resultados de la auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura revelaron que el 92% de las causas por corrupción de los últimos 20 años no llegó a juicio oral, diluidas entre sobreseimientos, falta de mérito y prescripciones. Próximamente, el CM divulgará el detalle de las causas con nombre y apellido de los acusados y sus resultados podrían actuar como disparador de futuros cambios.

El escándalo de los cuadernos tuvo un impacto disruptivo en las entidades empresariales, donde surgió un incipiente debate sobre cómo manejar los casos de corrupción que involucrarían a algunos de sus socios, ya sea por acción u omisión de denuncias ante "aprietes" durante la era K. "No todos somos iguales", parece ser la consigna básica para diferenciarse. Hace cuatro meses, y después de un año de trabajo, IDEA -una entidad no sectorial- incorporó a sus estatutos un Código de Ética y Conducta de 12 artículos y la creación de un Tribunal consultivo para su aplicación, encabezado por Graciela Fernández Meijide.

En algunas entidades sectoriales el problema es más arduo: sus mesas directivas quedaron divididas entre quienes se beneficiaban y perjudicaban con la política kirchnerista y durante años esa grieta neutralizó cualquier pronunciamiento. A fin de cuentas, el silencio empeoró la imagen de los empresarios ante la sociedad.

Otro hecho disruptivo, en el plano social, fue el debate sobre la legalización del aborto, que está lejos de haber concluido pese al rechazo de la ley en el Senado. El trámite legislativo fue democrático ya que previamente se escucharon todas las voces, a favor y en contra. Pero aquí quedó demostrado que la búsqueda de acuerdos políticos es indispensable como alternativa a las votaciones por todo o nada. A la manera de un Boca-River, la grieta se evidenció en la marea de pañuelos verdes y celestes separados por la plaza del Congreso, como ya había ocurrido con la votación opuesta en Diputados. Así es tan difícil poner más énfasis en la educación sexual masiva para evitar embarazos no deseados en adolescentes, como aggiornar al siglo XXI la ley vigente, próxima a cumplir 100 años. Sin embargo, varias intervenciones disparatadas de legisladores, oficialistas y opositores, pusieron de relieve la necesidad de una reforma política para saber a quién se vota; sin listas sábana y con boleta única, al margen de los reparos a la votación electrónica que están camino a quedar borrados por los avances tecnológicos. Por ahora, el consenso político también está lejos en este terreno, pero no este cuadro no es irreversible.

Otro tanto ocurre con la necesidad de avanzar hacia un Estado financiable que, además, debe atender al 30% de la población por debajo de la línea de pobreza. La crisis cambiaria que obligó a recurrir al FMI no es un hecho disruptivo, porque se vino repitiendo recurrentemente durante las últimas décadas. Cada vez que se devalúa el peso, se reduce el PBI en dólares y per cápita. En todo caso evita una crisis macroeconómica de mayores proporciones, a cambio de una asistencia récord para equilibrar en tres años las cuentas fiscales y atenuar el rojo de las cuentas externas. La incógnita es si este objetivo se alcanzará por las buenas o por las malas. Sobre todo, ante la necesidad de generar más dólares a través de las exportaciones y la inversión y de bajar la alta inflación que motoriza el ahorro en dólares y su salida del circuito económico, hasta tanto se restablezca la confianza. Aquí no ayuda el "prontuario" argentino, pero un acuerdo político para bajar el déficit del Presupuesto 2019 sería un primer paso indispensable.

nestorscibona@gmail.com

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