La clave que faltaba para leer los cuadernos

Martín Rodríguez Yebra
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11 de agosto de 2018  

El dique terminó de romperse. La confesión de Carlos Wagner expone con obscena precisión el sistema de latrocinio y fraude al Estado que impuso el kirchnerismo en su extensa estadía en el poder.

El dueño de Esuco le puso orden lógico al festín de corrupción que insinúan los cuadernos de Oscar Centeno. Es una exposición inquietante, de consecuencias atómicas para Cristina Kirchner, para sus excolaboradores y para los empresarios involucrados en la causa, incluidos los que ya integran la legión de arrepentidos.

Wagner llegó al tabú máximo: la cartelización de las obras y los sobreprecios multimillonarios, con su consiguiente daño a las arcas públicas. Sus palabras representan el fin de la inocencia. ¿Cuánto puede resistir el relato de que los paseos con bolsos llenos de dólares eran solo un método rudimentario de recaudación proselitista?

El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli creen haber accedido a la evidencia más relevante en la causa desde que el periodista de LA NACION Diego Cabot aportó a la investigación los manuscritos de Centeno. Están determinados a avanzar a un ritmo inimaginable para los tiempos de la Justicia argentina, como prueban las órdenes de detenciones libradas anoche contra dos satélites del universo De Vido -Claudio Uberti y José María Olazagasti- y un exjefe de la UIA como es Juan Carlos Lascurain.

Son pésimas noticias para los primeros arrepentidos, incluido Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y exdueño de Iecsa. Si la declaración de Wagner puede corroborarse quedará en duda la sinceridad de aquella explicación sobre supuestos aportes negros para la campaña electoral entregados bajo presión.

"La versión Heidi empieza a derrumbarse", señalaba anoche un funcionario de tribunales. Los acuerdos de colaboración judicial firmados hasta ahora implican que todo lo que el imputado cuenta debe ser corroborado como cierto, de lo contrario la pena en lugar de reducirse es susceptible de ser aumentada.

Las defensas de los arrepentidos batallan por evitarles a sus clientes la acusación de asociación ilícita, resignados ya a que de mínima están asumiendo un cohecho de manual. Este delito tiene una sanción máxima de seis años y con una eventual reducción a la mitad o a un tercio (en virtud de la colaboración) se librarían de la cárcel. Ahora nadie está tan seguro.

Para Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa de una organización delictiva, resulta abrumador el torrente de noticias de ayer. ¿Podía desconocer quien era presidenta del país un aparente sistema institucionalizado de sobornos, con mordidas de hasta el 20% de cada obra adjudicada por el Estado nacional? Wagner lo dijo con todas las letras: sabía. El lunes, cuando la actual senadora pise otra vez los tribunales de Retiro, le costará más de la cuenta interpretar el papel de "perseguida".

Bonadio y Stornelli están en la pista de la vieja sospecha sobre la existencia del "club de la obra pública" al que aludió allá por 2005 el exministro Roberto Lavagna antes de ser amablemente despedido del gobierno de Néstor Kirchner. Empresarios que acuerdan precios inflados y se presentan a licitaciones a sabiendas de quién ganará y quién perderá cada contrato. Un gobierno que adjudica y paga adelantos de obra. Dinero de los contribuyentes que sale rápido de la caja del Estado para terminar enseguida en manos del hombre que manda.

El lazarillo

Wagner, que presidió la Cámara Argentina de la Construcción, estaba al tanto de todo. Su nombre ya había surgido en Brasil durante la investigación del Lava Jato, cuando uno de los arrepentidos de Odebrecht, Marcio Faria, lo señaló como el lazarillo que los guiaba en el laberinto de las coimas que tenía a Kirchner en el centro.

La sola noticia de que pensaba confesar provocó una ola de pánico en el mundo de la obra pública y explica en gran medida la decisión de otros pesos pesados de presentarse en Comodoro Py de urgencia para regatear con sus secretos. Aldo Roggio se anticipó cuatro días a la fecha en que tenía cita para ser indagado. El sobrino de Eurnekian, de la hasta ayer no mencionada Corporación América, decidió admitir pagos de campaña "a título personal". El número tres de Electroingeniería, Jorge Neira, se anotó también, en una aparente ruptura con su jefe Gerardo Ferreyra.

Resulta abrumador el vértigo de estos 10 días históricos que empezaron cuando un ignoto chofer de remise fue detenido en su casa de Olivos. Comodoro Py es un confesionario abierto las 24 horas. Un exjuez federal cuenta cómo negociaba fallos salvadores. Un exjefe de Gabinete admite que ordenaba juntar bolsos con dinero que llegaban al garage de la Casa Rosada. Aparece la sombra de un escándalo transnacional con la Venezuela chavista, a raíz de las gestiones de Techint para destrabar los 1950 millones de dólares de la expropiación de Sidor. Se acumulan elementos de la trama de lavado (facturas apócrifras, empresas de fantasía, cuevas financieras) que permitía disponer fajos de dólares a granel para saciar al jefe máximo. Se habla ya de otros circuitos de recaudación, en transporte, turismo, energía. Hasta el bolsero mayor, José López, se permite amenazar con revelar de quién era la plata que les quería encomendar a las monjas de General Rodríguez.

La única certeza que emerge entre tanta mugre es que todavía queda por conocer cosas peores.ß

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