Aldo Roggio, arrepentido: reconoció que devolvía el 5% de los subsidios al transporte

El empresario constructor, hoy, en los tribunales de Comodoro Py
El empresario constructor, hoy, en los tribunales de Comodoro Py Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo
Hernán Cappiello
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15 de agosto de 2018  • 20:40

Aldo Roggio, uno de los empresarios más poderosos y adinerados de la Argentina, caminó tres días al filo de la cornisa, estuvo a punto de quedar detenido, pero finalmente terminó declarando ante la Justicia como "arrepentido" y admitió que pagó durante años al kirchnerismo, a través de Ricardo Jaime , el 5 por ciento del dinero que recibió como subsidios por la empresa Metrovías, de la que es concesionario. "No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia", dijo Roggio. De este modo, abrió un nuevo frente de investigación, vinculado a los subsidios al transporte.

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Mencionó que "habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo en cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran incidencia del rubro personal (70% del total) en los costos de operación del servicio", tuvieron que pagar. Así, el exsecretario de Transporte Jaime, preso y condenado por la tragedia de Once, enfrenta ahora nuevas acusaciones que amenazan con dejarlo más años detenido en prisión. Dijo que el esquema de pagos de retornos se realizó desde el comienzo de la gestión de Jaime en 2003 hasta 2011.

Roggio se retiró esta noche, cerca de las 21, de los tribunales, de Comodoro Py 2002 en una camioneta Volkswagen Tiguan plateada, aliviado luego de que estuvo negociando desde el viernes de la semana pasada con el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio y tras admitir más pagos, aportar más datos, y señalar a otros responsables para evitar la cárcel.

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El contenido de la indagatoria terminó conformando al juez Claudio Bonadio, que homologó el acuerdo al que había llegado Roggio con el fiscal Stornelli, asesorado por su abogado Jorge Valerga Aráoz.

El abogado subía y bajaba entre el cuarto y el quinto piso de los tribunales de Comodoro Py 2002, entre el juzgado y la fiscalía, pero la declaración no alcanzaba a satisfacer los estándares cada vez más altos que se pusieron el juez y el fiscal para admitir nuevos arrepentidos. Tanto es así que Juan Carlos Poblete, otro empresario, quedó detenido y no pudo gozar de los beneficios de arrepentirse.

Roggio había admitido la semana pasada aportes de dinero al kirchnerismo para presión, pagos aislados, dijo en ese momento. Pero no alcanzó y volvió el lunes con más aportes, que tampoco conformaron a los investigadores hasta que esta noche terminó por convencerlos.

Metió en la causa de los cuadernos a Ricardo Jaime. Dijo, según sus allegados, que aportó datos concretos sobre el sistema que tuvo que afrontar en la empresa Metrovías. Detalló que debió acceder a la exigencia de efectuar pagos al secretario de Transporte Ricardo Jaime, por su expreso pedido, a partir de una reunión mantenida en su despacho al inicio de la gestión.

Metrovías es una concesión de 1994, otorgada por el gobierno nacional para la prestación del servicio de subterráneos y del ferrocarril Urquiza (un contrato por 20 años extendido por 4 años más, que concluyeron en 2017). La tarifa constituía la contraprestación por los servicios.

La concesión se desarrolló normalmente hasta la crisis de 2002, que produjo el quiebre de la ecuación económico-financiera del contrato, afectada por la devaluación y la hiperinflación. Así, la compensación por la inflación se hacía mediante la entrega de un subsidio que se mantuvo durante toda la gestión kirchnerista. Era sobre los subsidios recibidos que se exigían los retornos. Dijo Roggio que se hacían bajo amenazas de rescisión del contrato si no se cumplían esos pagos. Sostuvo que eran rehenes del kirchnerismo.

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Sus allegados dijeron que no mencionó los montos de dinero que tenían que pagar, pero dijo que se determinó un porcentaje del 5% de los pagos recibidos, que se pagaba en dinero en efectivo, periódicamente y al secretario Ricardo Jaime.

Allegados a Roggio destacaron que los pagos del retorno por los subsidios recibidos provenían del margen de rentabilidad de la empresa, luego de pagar todos los gastos relacionados con la operación de los servicios.

Los subsidios nunca implicaron una mejora contractual ni de ingresos, dijeron cerca de Metrovías.

"Este debería ser un punto final a esa cultura hostil y adversa en las que empresas como la que conduzco, en la que trabajamos 15.000 familias, hemos tenido que desarrollar nuestras actividades", dijo Roggio, según sus allegados.

En paralelo a la declaración del empresario, desfilaron por el juzgado de Bonadio Poblete, de Emepa, que no pudo convertirse en arrepentido porque la información que dio no fue lo suficientemente reveladora. Al mismo tiempo amplió su declaración indagatoria Hugo Martín Larraburu, el asistente del exsenador kirchnerista Juan Manuel Abal Medina.

Hoy puede quedar en libertad dado lo revelador de la información que aportó. Se le secuestraron en su poder dos pendrives.

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