A los cuadernos se los lleva el viento

18 de agosto de 2018  

La broma viene de Brasil. Asimilados ya los costos del Lava Jato, los empresarios describen la evolución del escándalo con una imagen: al principio de la investigación era necesario darles a los arrepentidos tres cachetazos para que se dignaran a hablar; pasado un tiempo no alcanzaban cinco bofetadas para hacerlos callar.

Es la dinámica en que parece haber entrado la Argentina hace dos semanas. Ya no hace falta certificar si, como dijo, Oscar Centeno quemó en la parrilla sus anotaciones originales: más inquietantes que los cuadernos son las declaraciones de quienes quieren salvarse de ellos. Casi nadie se acuerda ya de que la primera prueba del caso brasileño no tuvo siquiera soporte en papel: convencida de que detrás de una estación de servicio de Brasilia con 16 surtidores, un minimercado, un café y un lavadero de autos se escondía en realidad una cueva financiera, la policía federal encontró allí en 2013 un correo electrónico en el que Alberto Youssef, uno de los jefes de la organización, hablaba de una camioneta Range Rover Evoque que acababa de regalarle a Paulo Roberto Costa, que había sido director de Abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012.

Fue el indicio del vínculo entre la empresa estatal y una red ilegal de lavado y sobornos. Ni ese regalo caro ni mucho menos el mensaje virtual que lo acompañó quedarán tanto en la historia como la declaración que, sin cuaderno alguno, le dio después a la Justicia el arrepentido Marcelo Odebrecht, conocido hasta entonces como "el príncipe de la obra pública", en una causa que superó largamente el centenar de condenas y que dejó a Brasil en una crisis de la que no ha terminado de salir.

Entenderlo es vital para calibrar la magnitud de lo que está ocurriendo en la Argentina al cabo de más de una década en que funcionarios y empresarios se han manejado con menos reparos que en cualquier otro lugar del Mercosur. Lula está preso acusado de recibir un departamento de tríplex en Guarujá como soborno, pero nadie declaró hasta ahora en la Justicia haberle encontrado bóvedas o más de 20 valijas con aportes de empresas en su domicilio, como hizo esta semana Claudio Uberti con sus antiguos jefes. Y los conventos de monjas brasileñas tampoco acostumbran, que se sepa, a recibir a las 3 de la madrugada visitas de exsecretarios de Estado con 10 millones de dólares encima.

La verticalidad del esquema kirchnerista permite además sospechar que la investigación está en su primera etapa. La obra pública es apenas una de cinco grandes cajas que, según los testimonios de empresarios, sindicalistas y exfuncionarios, reportaban al mismo conductor. Falta adentrarse en cuatro: YPF, el transporte, la relación con Venezuela y las ramificaciones locales del caso Odebrecht.

Por eso hay empresarios nerviosos. Algunos prefirieron no ir anteayer al foro que la Asociación Empresaria Argentina organizó con la idea de mostrar las potencialidades del país. Solo Daniel Pelegrina, de la Rural, y Miguel Acevedo, líder de la Unión Industrial Argentina (UIA), estuvieron en el Sheraton en representación del Grupo de los Seis, y faltó además la mayor parte del staff de la Cámara de la Construcción, entre ellos, Aldo Roggio. ¿Quién podría ser el próximo señalado en una declaración? José María Olazagasti, detenido hace dos viernes, fue interlocutor de todos y a quien vieron en 2009 jactarse de haber gestionado personalmente, por ejemplo, la indemnización que Techint recibió por la estatización de Sidor en Venezuela. Él viajó varias veces no solo a Caracas para tratar estas cuestiones con Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa y excanciller bolivariano, sino también a Ecuador para negociar con el gobierno de Rafael Correa cuestiones sensibles como la frustrada participación de Enarsa en el 30% de Coco Codo Sinclair, la represa más grande de ese país. Era un secretario privado con atribuciones de funcionario.

Los críticos de la convocatoria empresarial al Sheraton creen ahora que tal vez la actitud de Roggio, que declara como arrepentido, sea en adelante el mejor camino para los involucrados en la causa de los cuadernos: esperar, bajar el perfil, no participar de encuentros públicos con el Gobierno que podrían ser interpretados como corporativos y, lo más importante, dar un paso al costado en sus empresas. Es lo que hizo el constructor cordobés.

La recomendación, deslizada en voz baja por quienes aguardan ansiosos novedades de la causa, no pretende eximir de responsabilidad penal a quienes pagaron coimas, pero sí al menos acotar efectos negativos.

Tal vez sea tarde. La actividad económica recibirá sin duda el impacto más relevante. ¿Qué banco estará en condiciones de financiarles a empresas sospechadas proyectos para, por ejemplo, los programas de participación público-privada con que el Gobierno pretende atenuar el ajuste? Con una situación económica más sana, contratistas multinacionales podrían sin embargo ver una oportunidad y presentarse en licitaciones que les han quedado éticamente vetadas a los locales. Es la proyección con que los partidarios del PT objetaron las primeras acusaciones a Lula, que atribuían a conspiraciones de constructoras norteamericanas urgidas por entrar en el cerrado mercado brasileño. Si eso ocurre aquí, habrá que tomarlo como una conmovedora apuesta por el largo plazo: ¿qué multinacional elegiría meterse en la economía real cuando, dado el actual nivel de riesgo país, obtendría hasta 10% de rentabilidad en dólares por un bono argentino?

Pero, más que patriótica, la perturbación de los contratistas argentinos es por supervivencia. JBS, el frigorífico de los hermanos Batista, uno de los grupos más implicados en el Lava Jato, tuvo que pagar una multa de 3500 millones de dólares, la penalidad económica más alta de la historia de los casos de corrupción en el mundo, y vender varios activos en distintos países para poder subsistir. ¿Qué empresa estaría aquí en condiciones de afrontar eso?

Es el abismo al que, ya antes de los cuadernos de Centeno, y solo por el viento que soplaba en la región, le temían los más sagaces de la obra pública argentina. Y que empujó desde diciembre de 2015 a muchos de ellos a participar en proyectos que orillaban el costo. El gobierno de Macri pudo en esos días jactarse de estar ahorrando fondos de los contribuyentes.

Fue breve y sutil. Algo así como un lavado de cara solo detectable puertas adentro del universo contratista. Vista ahora parece una ingenuidad. Como lo indica la experiencia brasileña, será difícil callar a los arrepentidos: en el final del camino, el cachetazo más fuerte va para el sistema.

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