Asignaciones estatales: cuánto y cómo se invierte en los chicos en la Argentina

La prestación para hijos de trabajadores informales o desocupados, el salario familiar y las deducciones de Ganancias son las tres maneras en que el Estado deriva recursos; un informe advierte sobre varias falencias de un sistema que está en revisión

Silvia Stang
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19 de agosto de 2018  

Se acerca a las mesas del bar con sus lapiceras azules. El diálogo que se genera con varias personas es similar. ¿Cómo te llamás? ¿Estás solo acá? ¿Querés comer algo? Juan, que cuenta que tiene 8 años y que su mamá está con él, dice que no quiere ni sándwich ni alfajor, que ya comió. Y sigue ofreciendo lo que vende. Sí le llama la atención una lapicera más costosa que las que ofrece; le pregunta a su dueño si puede probarla y garabatea sobre una servilleta de papel.

Lejos de los trazos espontáneos y cerca de la precisión que intentan las proyecciones estadísticas, los gráficos de un libro de alguien que estudia esa mañana en el mismo bar muestran las pirámides de la población de la Argentina: son los datos de cómo está el país y el de cómo estará en unos años, en cuanto a la composición de su población según edades.

La Argentina atraviesa su etapa de "bono demográfico", que es la que antecede a la de una sociedad en la que empieza a subir la proporción de personas económicamente dependientes respecto de la población total. El creciente número de habitantes que pasaron la edad de retiro provoca una curva ascendente en la necesidad de recursos para sostener los pagos jubilatorios y de salud. Según coinciden los especialistas en demografía, al ser necesario elevar el nivel de productividad, el momento del bono es el ideal para tomar determinadas medidas. Y una de esas acciones es la inversión en los niños.

Claro que, en nuestro país, gran parte de ellos vive hoy con problemas en su alimentación, en su educación y en su socialización, tal como advierte el economista especializado en demografía José María Fanelli. El comentario enlaza el tema de la teoría demográfica con la realidad de todos los días, la de Juan recorriendo bares y viviendo una situación común a miles de menores que son la muestra de una demanda social urgente.

"En el segundo semestre de 2017 el 40,1% de los niños y adolescentes menores de 18 años habitantes de centros urbanos vivían en la pobreza, y el 7,8%, en la indigencia [los ingresos disponibles para ellos no alcanzan siquiera para la alimentación básica]", señala un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), sobre la base de los datos relevados por el Indec en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El informe analiza la inversión del Estado en los chicos, con la mirada puesta tanto en el futuro como en las necesidades urgentes de lograr bienestar infantil y de bajar los índices de pobreza, que no solo tienen que ver con los ingresos sino también con cuestiones estructurales. Los datos más recientes del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina sobre pobreza multidimensional señalan que el 65% de los chicos de hasta 17 años sufre la falta de acceso adecuado y suficiente a uno o más de los siguientes aspectos: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y educación.

En materia de transferencias directas de dinero (una dimensión de la acción estatal), la estrategia tiene tres patas: la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares del sistema de seguridad social y el régimen de deducciones de Ganancias.

El trabajo de las investigadoras del Cippec Gala Díaz Langou, Florencia Caro Sachetti y Matilde Karczmarczyk menciona que el sistema, si bien en los últimos años logró la inclusión de muchos chicos (como los hijos de monotributistas), tiene sus falencias: es fragmentado, impone exigencias a unos y no a otros, y es, por su diseño, fuente de inequidades. En algunas familias con mayor ingreso que otras, por caso, la prestación es más alta.

Desde la Anses describen que hay 9,1 millones de chicos alcanzados por los beneficios que liquida el organismo (la asignación universal y el salario familiar), una cifra que en diciembre de 2015 era de 7,3 millones.

Asignación Universal por Hijo

Es la prestación para los hijos menores de 18 años de trabajadores informales, monotributistas sociales y personal de servicio doméstico. En junio, según el último dato publicado por la Anses, la cobraron 3.916.329 chicos. La asignación es, hasta este mes, de $1578 y subirá en septiembre a $1684, en tanto que en diciembre llegaría a $1813. El mecanismo de actualización es el que rige para las jubilaciones: el monto sube trimestralmente según un índice que combina el 70% de la inflación y el 30% de la evolución del índice salarial Ripte (los datos de estas variables son trimestrales y tienen un rezago de seis meses, lo que provoca que, con inflación en alza, se tienda a perder poder adquisitivo). En el primer semestre, por esos chicos el Estado erogó algo más de $39.000 millones.

Otros 424.801 niños no cobraron ese mes por tener la prestación suspendida, al no haber presentado sus padres la libreta para demostrar que se cumplió con los controles de salud o con la escolaridad hasta el año 2015. Por las obligaciones de 2016 hay tiempo hasta el 28 de septiembre para hacer el trámite y, por 2017, el vencimiento será a fin de este año, según explica María Fernanda Reyes, directora de Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Anses (el pago se reactiva con la sola acreditación de haber cumplido con las exigencias en el último año transcurrido).

La condicionalidad en la AUH es uno de los puntos que el Cippec propone corregir. Mensualmente hoy se le paga a cada beneficiario el 80% del monto de la asignación, y el 20% queda sujeto a la presentación de la libreta (se paga una vez al año). Luego, si vencido un plazo sigue sin presentarse la certificación de escolaridad o atención sanitaria, el pago se suspende. Para las autoras del trabajo, una cuestión a observar es que el esquema plantea una desigualdad frente al sistema formal de asignaciones familiares, en el que no hay condicionalidades. Además, señalan que en la práctica se genera que lo cobrado por la AUH sea inferior a lo percibido por los asalariados en blanco de ingresos más bajos, aun cuando el monto nominal de ambos beneficios coincide. Y esto es porque, al pagarse el 20% tardíamente, esa parte de la prestación pierde valor frente a la inflación.

La propuesta es que las condicionalidades les sean exigidas a todos (o a nadie). Se admite que el debate es complejo, porque en gran parte de la sociedad se percibe como algo necesario que en un plan como el de la AUH haya "algo a cambio".

El director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso dice que se evalúan opciones, como la de pedir condiciones a todos, o la de que se pierda el 20% al no cumplirse con las exigencias, pero sin que se suspenda luego el beneficio completo. No hay, sin embargo, decisión tomada sobre el tema y para fin de año el organismo tiene prevista una actividad en la que se debatirán mejoras a las asignaciones.

Otro aspecto de la AUH es que en cada familia se recibe la prestación hasta un límite de cinco hijos. Luego existe la pensión para madres de siete o más chicos. ¿Qué pasa con los sextos hijos? Hay un bache respecto de ese tema, por el cual unos 12.000 chicos no reciben pagos. El dato desafía al sistema, si se considera el propósito de identificar el derecho a estas transferencias como un derecho de los niños y no de los adultos.

Asignaciones familiares

En este esquema, que corresponde al de la economía formal, hay 3.937.614 hijos de asalariados y 354.911 hijos de monotributistas, según los últimos datos oficiales.

En este régimen el Gobierno hizo cambios recientes: con el decreto 702 dispuso elevar el piso y bajar el techo de ingresos familiares para acceder a los pagos. El objetivo de la primera medida fue evitar fraudes en las declaraciones de empresas; el de la segunda, eliminar la posibilidad de doble prestación: que se perciba salario familiar y que a la vez se haga una deducción en Ganancias.

La misma norma se propuso anular los montos diferenciales para la región patagónica y otras zonas del país, igualando para abajo y generando un ahorro fiscal. Pero este punto quedó suspendido por 30 días desde el 3 de este mes, por las quejas de gobernadores. En la práctica y, por ejemplo, en el caso de los ingresos familiares más bajos (de hasta $24.492, según el esquema vigente hasta este mes) la medida implicaría, en las zonas afectadas, pasar de $3155 o $3407 por hijo, a $1578. ¿Cuál será el futuro de la medida suspendida y que el Gobierno justificó en la inexistencia de un criterio lógico para que en ciertos lugares se cobre más que en otros? En los últimos días hubo una reunión "para explorar alternativas", pero todavía no surgió un consenso.

Tanto para asalariados como para monotributistas, los montos cobrados son menores cuanto mayor es el ingreso de los padres. Según el nuevo decreto pueden acceder al cobro de la asignación por hijo quienes tengan un ingreso familiar no superior a $83.917 (antes, $94.786) y siempre que ninguno de los padres perciba más de $41.959 (antes, $47.393).

El ingreso por cada hijo variará, desde el mes próximo, desde $1684 (ingresos familiares de hasta $26.128 o monotributistas de las categorías A, B y C) a los $350 en el último tramo de trabajadores alcanzados, pasando por valores de $1334 y $683.

El sistema nacional de asignaciones no es el único del país. Varias provincias que mantienen cajas de previsión para sus empleados públicos pagan prestaciones para su personal. En territorio bonaerense, por caso, los montos por hijo van de $239 a $1159. Y en Córdoba rige un mínimo de $272 y un máximo de $540.

Deducción de ganancias

En el caso de la deducción por hijo del impuesto a las ganancias, no se trata de un pago directo para un menor de edad, sino de una suma de dinero que los padres dejan de pagar en una obligación fiscal. En sentido contrario a lo que ocurre con las asignaciones familiares, los montos implicados son más altos cuanto mayor es el ingreso personal. Y eso ocurre porque la cifra deducible por hijo menor de 18 años (es decir, lo que se descuenta del ingreso antes de calcular el tributo) es fija para todos los casos, mientras que la escala de alícuotas es progresiva.

Este año la deducción equivale a $31.461,09 y, por tanto, para los ingresos más altos (a los que se les aplica la alícuota marginal del 35%) el efecto máximo de una menor carga impositiva es de $11.011 anuales ($917,6 promedio mensual). Para otros niveles de ingresos, los efectos varían. Por ejemplo, con un salario bruto de $40.000, declarar una deducción por hijo significará tributar en el año $600 en lugar de $2882,70, lo que equivale a pasar de un promedio mensual de $240 a uno de $50, con un efecto de $190. La cifra es muy inferior a lo que le corresponde a quien, con un salario de $35.000, cobra asignación familiar (en septiembre, $1134).

Hasta 2017, si ambos padres de un niño estaban alcanzados por Ganancias cada uno podía declarar la deducción. Esa posibilidad quedó anulada por la resolución 4286 de la AFIP, que reglamenta una ley de 2016. La medida rige ya para todo 2018, es decir, desde enero. El mes próximo la AFIP deberá actualizar el formulario web en el que se declaran las deducciones de Ganancias con dos objetivos: uno es que se corrijan esas situaciones en las que un hijo fue deducido dos veces, lo que generará, por un recálculo del impuesto, una mayor carga fiscal para esas familias; el otro es que habrá que declarar que, si se hace una deducción, no se cobra por el sistema de asignaciones familiares.

Cómo es la cobertura y el apoyo externo

Con fondos nacionales

La estadística publicada por la Anses menciona, sobre la base de datos del Renaper, que en el país hay 13.389.438 menores de 18 años; de ellos, 9.123.927 perciben una transferencia del Estado nacional, sea por la AUH o por asignaciones familiares; otros 698.214 niños pueden ser deducidos por sus padres de Ganancias (aquí podría haber duplicaciones que serán anuladas desde septiembre)

Sin cobro

La diferencia entre el total de niños y los que perciben una prestación del Estado nacional responde a diferentes causas: por un lado hay, según estima el Cippec, cerca de 1,8 millones de hijos de empleados públicos en provincias con sistemas propios; además, hay beneficios de AUH suspendidos porque no se acreditó el cumplimiento de las condiciones. Y hay incompatibilidades fijadas por normativas y casos en los que faltan datos para identificar la situación de los niños; según el Cippec, más de 1,4 millones de chicos no perciben ingresos

Mayor cobertura

Con una asistencia de US$600 millones, el Banco Mundial (BM) participa de un proyecto para identificar posibles beneficiarios; según esa entidad, el Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes logró incorporar a los pagos a 368.000 menores y mejorar el registro de un millón de chicos de los que antes de 2016 había información incompleta.

Más fondos

El Gobierno y el BM negocian un financiamiento extra de US$450 millones. El proyecto va a ser evaluado en septiembre por el directorio del banco y la meta es incorporar a los cobros a 250.000 niños antes de diciembre de 2020; otra intención es sumar tecnología digital móvil para facilitar la acreditación, por parte de los padres, del cumplimiento de las condiciones de la AUH (control de salud y escolaridad)

Con discapacidad

En el caso de hijos con discapacidad, el monto de la asignación es mayor: desde septiembre los valores serán de $5491, $3881 y $2448, según tramos de ingreso familiar y con sumas mayores en algunas zonas

Diferenciación

La disposición de montos mayores para ciertas zonas en el salario familiar está en revisión, tras un intento del Gobierno por eliminar el esquema; en la AUH la prestación es más alta solo en la patagonia y el diferencial es del 30%.

Niños en hogares

Por los menores sin cuidados parentales (están a la espera de adopción, por caso) hay pagos según lo dispuesto por los jueces: en algunos casos se depositan a nombre del hogar y en otros, a nombre del niño

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