"El club de la obra pública": el obsceno show de la corrupción

Los testimonios acumulados los últimos días en Tribunales permiten reconstruir con detalles cómo operaba el sistema kirchnerista, que tenía a los empresarios como contraparte
Los testimonios acumulados los últimos días en Tribunales permiten reconstruir con detalles cómo operaba el sistema kirchnerista, que tenía a los empresarios como contraparte
Diego Cabot
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19 de agosto de 2018  

La Argentina asiste estos últimos 20 días al derrumbe de la estructura de poder, millones, adoctrinamiento y favores más impresionante jamás conocida. Dice el dicho popular que cuando más grande es, más ruido hace al caer. Quizá por eso retumbe fuerte el estallido de esa campana de silencio y complicidad que funcionó durante más de una década.

El Ministerio de Planificación Federal , que ahora tiene a prácticamente todos sus funcionarios más prominentes presos, fue la maquinaria más eficiente para lograr la construcción política del kirchnerismo. Por las manos del multiprocesado Julio De Vido pasaron, desde 2003 hasta 2015, alrededor de 740.560 millones de pesos. Pero si se toma el tipo de cambio al último día de cada año, por ese despacho se dispusieron gastos por 126.000 millones de dólares, algo así como 27,6 millones de dólares por cada día, incluidos sábados, domingos y feriados.

Según los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) compilados sobre la base de los que consolidó el Ministerio de Economía , De Vido manejó siempre un presupuesto ascendente que solo se interrumpió cuando, en 2012 y tras la tragedia ferroviaria en Once , perdió la Secretaría de Transporte, que pasó al Ministerio del Interior.

La primer gran caja era la obra pública . Todos lo sabían, pero aquellos millones que se repartían tenían un efecto sedante para todos. Los recaudadores acumulaban millones; los políticos cortaban cintas, y los empresarios sonreían detrás de montaña de facturas truchas y contabilidades paralelas. Ahora se sabe todo.

Varios empresarios que confesaron en Comodoro Py hicieron una milimétrica raja en la campana de cristal que mantenía el silencio. Ángelo Calcaterra, el primo presidencial exdueño de Iecsa, y Juan Carlos de Goycoechea, alguna vez número uno de Isolux, contaron que pagaban retornos. Fueron los primeros constructores que asumieron el delito. Pero una vez que el dique se quiebra, la presión del agua se encarga de lo demás. Pocos días después, Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, contó todo.

"Todos sabían que yo era el amigo de De Vido. En 2004, el arquitecto me citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente [ Néstor Kirchner ] debía garantizar en forma personal el éxito acorde con los intereses del gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos. Porque la obra pública -me dijo- iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos".

Lo que siguió después fue casi pornográfico. Ahora se sabe que las obras se repartían en una oficina del tercer piso de la calle Venezuela 736, donde funcionaba la Cámara de Empresas Viales. Allí iban los constructores y se llevaban lo que les tocaba. José López o Julio De Vido, de acuerdo con el área, seguirían con el asunto. Con la licitación simulada, se consagraba un ganador. Luego venían las resoluciones o decretos de adjudicación y, entonces sí, empezaba a correr el dinero. Esos procesos pocas veces tenían impugnaciones o alguna observación.

Lo que seguía después era el adelanto, entre 10 y 20% de la obra, que se pagaba con IVA. Wagner lo explicó claro y sencillo. Se devolvía todo, se difería el pago del impuesto y empezaba la obra con ese porcentaje. A modo de gráfico. Si una obra salía $100, se acordaba un anticipo de $20 que se pagaba más IVA, es decir, $24,20. La obra debía haber empezado con el impulso de $24,20; empezaba algo más lenta, apenas con $4,20. El resto, a los bolsos. Así se generó una enorme defraudación al Estado. Y no solo por los sobreprecios, sino por la dificultad de terminar una obra en épocas de inflación. "Nos corrían el arco y por cada pago más, había que dejar otro 20", dijo un empresario que pasó estos días por Comodoro Py. Se cayó la teoría de los aportes para la campaña.

Luis Betnaza, uno de los ejecutivos más importantes de Techint, confesó que también le pagó a este sistema recaudador. Prefieren hablar de extorsión y no coimas. Pero lo cierto es que se abrió otra investigación en la causa: Venezuela. Por ese motivo, Claudio Uberti y José María Olazagasti fueron detenidos. El primero, confesó; el segundo, está callado y preso.

Uberti, enojado con sus antiguos jefes, contó que su tarea, además de "controlar" a los concesionarios viales, era pasar a buscar un bolso de 150.000 dólares por mes de cada concesionaria para entregárselos a Kirchner. Eran ocho corredores. Es decir, si Uberti hizo bien los deberes, entre 2003 y 2007 le entregó a Kirchner 1,2 millones de dólares por mes y transportó en sus años de función poco más de media tonelada de dólares, 576 kilos específicamente.

La ruta de investigación que abrió Uberti lleva irremediablemente a las concesionarias viales. Varias de ellas son constructoras que formaron consorcios y ya pasaron por Comodoro Py. No parece muy factible que puedan mantener el canto del aporte para la campaña.

Los aportes de algunos constructores, además, llevaron a Ernesto Clarens, el dueño de Invernes, la financiera apuntada por la operación financiera. El secreto se instaló sobre su declaración, pero los movimientos de esta semana en la causa seguramente estarán por ese territorio de dólares negros y plata sin control. Pero en la Justicia no creen que este financista solo puede haber generado tanta cantidad de dinero negro. Consideran que algunas entidades de primer nivel podrían estar implicadas en operaciones.

Otros constructores, en cambio, padecieron en carne propia la devaluación de su palabra. Iban con el credo ya relatado por sus colegas -reconocer que le pagaron coimas a Roberto Baratta-, pero ya sus dichos no tenían valor. Aldo Roggio (Metrovías) y Gabriel Romero (Ferrovías) tuvieron que hablar del transporte. El primero dijo que pagaba el 5% de los subsidios a la Secretaría de Transporte. Romero, además de reconocer que le pagaba a alguno de estos funcionarios, confesó haber pagado un decreto.

Pero los viernes de furia que se dan en la causa no defraudaron anteayer. José López, un mimado por varios gobernadores en los 12 años de kirchnerismo , también se prestó a colaborar con la Justicia. Lopecito amenaza con llevarse consigo una porción enorme de la política. Dicen que llegó nervioso, muy reticente. Pero horas más tardes, y después de que se le concedió otro lugar de detención, salió contento. Ahora está detenido, pero lejos del penal. Está tranquilo, lo opuesto a lo que ocurre con gran parte de la clase política que durante años vivió de sus favores.

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