El peronismo es cómplice de Cristina

Joaquín Morales Solá
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19 de agosto de 2018  

El peronismo no ha sido nunca un partido suicida. El otro partido histórico, el radicalismo, cayó a veces en la tentación de terminar voluntariamente con su vida. ¿Qué fue, si no, la candidatura presidencial de Leopoldo Moreau en 2003, que jibarizó al radicalismo hasta dejarlo con solo el 2,34 por ciento de los votos nacionales? Sin embargo, en los últimos días el peronismo dio señales de que subió a la cornisa con la intención de saltar al vacío. O es suicida o es cómplice de Cristina Kirchner. Ella acaba de ser acusada ante el fiscal Stornelli por el otrora poderoso secretario de Obras Públicas, José López, como beneficiaria final del sistema de coimas. López ratificó y amplió las confesiones de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, que ya describió la trama de corrupción entre exfuncionarios y empresarios. López pidió pasar de preso por enriquecimiento ilícito (por los bolsos que revoleó con 9 millones de dólares) a testigo protegido.

Es un ascenso enorme; es, también, poco probable que el juez Claudio Bonadio se lo conceda. López está imputado en la causa de los cuadernos, no es solo un testigo. Otra cosa, más razonable, es que la Justicia tome recaudos para su seguridad. Nada más que eso. Bonadio no dejará de analizar también exhaustivamente la causa que lo tiene ante un tribunal oral y sus declaraciones ante Stornelli para establecer si no hay conexidad entre los dos expedientes. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Si hay algo que Bonadio cuida es que nadie consiga viciar la causa de los cuadernos, la más importante que tiene y tuvo.

López, Wagner, otros empresarios que hasta llegaron a declarar que pagaron miles de dólares para que Cristina firme un decreto. Con todo, la mayoría peronista del Senado le sigue negando al juez Bonadio el permiso para allanar las tres casas de Cristina. Esa mayoría demora la cuestión desde hace tres semanas. Ni el juez ni los fiscales esperan encontrar el dinero en las casas de Cristina. No obstante, los allanamientos se justifican en la necesidad de corroborar las declaraciones de algunos arrepentidos que contaron cómo eran los lugares donde entregaban las coimas. Y para que los peritos verifiquen también si hubo -o no- remodelaciones recientes para tapar bóvedas o lugares ocultos. Es un paso importante en la investigación de la causa de corrupción más imponente que haya existido en la historia del país. Hubo excepciones en el peronismo: el senador Miguel Pichetto, los senadores que responden a los gobernadores Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti y el líder peronista santafesino Omar Perotti, todos ellos dispuestos a permitir los allanamientos. El resto (había 22 senadores peronistas en el Senado que no bajaron al recinto en el momento de dar el quorum) aceptó de hecho que es cómplice de Cristina.

Muchos peronistas son cómplices por lo que hacen y por lo que hicieron. ¿Cuánto falta para que las investigaciones de Bonadio y de los fiscales Stornelli y Rívolo lleguen a los gobernadores e intendentes peronistas? ¿O ellos fueron inocentes en el reparto de las obras públicas durante más de una década? Improbable, si no imposible. José López dio detalles de la complicidad de gobernadores e intendentes peronistas. En el Senado hay varios exgobernadores de la época kirchnerista y también hay senadores muy fieles a gobernadores que todavía mandan en sus provincias (el caso formoseño de Gildo Insfrán es el más iridiscente). Hay otros gobernadores (como el entrerriano Gustavo Bordet o el sanjuanino Sergio Uñac) que no tuvieron nada que ver con el cristinismo, pero que, según argumentan, necesitan aliarse con el 10 por ciento de camporismo que hay en sus provincias para ganar la reelección en el próximo año. Como se ve, el peronismo dejó de ser un partido nacional. Ahora es solo una federación de partidos provinciales, en la que cada distrito decide según sus pobres intereses.

La protección a Cristina derrumba algunos argumentos conocidos hasta ahora. El primero de ellos es que la Justicia puede investigar libremente a los legisladores hasta su prisión, porque solo tienen inmunidad de opinión y de arresto. Esto fue el resultado de una modificación a la ley de fueros que se hizo luego del escándalo de los sobornos en el Senado en el año 2000. Antes, la Justicia no podía ni llamar a indagatoria a los legisladores. Pero ¿puede el juez investigar realmente con total libertad si le impiden hacer allanamientos? Los fueros protegen a las personas, no a sus propiedades. Ese artículo, que incluye en los fueros las casas de los legisladores, es inconstitucional. Bonadio pudo, desde el principio, declarar la inconstitucionalidad de ese artículo y allanar por sorpresa las casas de Cristina. Hizo bien en no tomar esa decisión: lo habrían recusado y, por tratarse de una cuestión constitucional, se hubiera resuelto solo en la Corte Suprema de Justicia.

Los obstáculos que el Senado le está poniendo a la acción del juez habilitan, al mismo tiempo, una de las razones que justifican la prisión preventiva; es decir, la prisión en la etapa de instrucción de una investigación judicial. Las razones que pueden respaldar una prisión preventiva son dos: peligro de fuga o la posibilidad de que el acusado (la acusada, en este caso) pueda entorpecer la investigación desde lugares de poder. Se sabe que Cristina ha operado sobre gobernadores peronistas para que presionen a sus senadores en beneficio de ella misma. El Senado, que Cristina integra, se convirtió en un estorbo para la investigación del juez y los fiscales. ¿No estamos, acaso, ante la segunda razón que justifica la prisión preventiva y que ya llevó a la cárcel a Julio De Vido? Sería ingenuo imaginar que el Senado aprobará el desafuero de Cristina para que vaya a prisión (se necesitan los dos tercios de los votos del total de los senadores) si los allanamientos, que requieren de una mayoría simple, están costando tanto trabajo. ¿O el peronismo volverá a actuar como una organización con vocación de poder?

Es contradictoria con la propia realidad la estrategia cristinista de señalar que se trata de una operación del gobierno de Macri para tapar los problemas económicos. Los problemas económicos existen y amenazan con agravarse por un escándalo que compromete a un sector importante del empresariado. De hecho, la renuncia de Aldo Roggio a la presidencia de la empresa de su familia abrió el camino de la renovación en el liderazgo empresario. Roggio lo hizo, seguramente, para no perjudicar a su empresa en las cotizaciones bursátiles o en la obtención de créditos; es lo que les pasará a muchos empresarios más. El país será más limpio y más previsible después de la tormenta de los cuadernos. El temporal económico no puede (ni debe) frenar la investigación; además, ni el juez ni los fiscales están dispuestos a frenar nada. Los bancos podrían hacer una contribución a la lucha contra la corrupción. No deberían dejar fuera de sus carteras de créditos a las empresas involucradas. Las empresas no son culpables de nada; los culpables son los empresarios.

La linterna de la Justicia trata ahora de iluminar lo único que le falta: dónde está el dinero de las coimas. José López señaló algunas pistas, pero falta confirmar si son ciertas. Seguramente hubo transferencias al exterior en épocas en que esas cosas se podían hacer con relativa facilidad. Por eso, investiga a posibles financistas, como Ernesto Clarens, pero este aportó más confusión y contradicciones que claridad a la causa. De todos modos, la alternativa más probable (y probada en la causa) es que los dólares de las coimas hayan sido trasladados al sur para ser guardados en bóvedas. Algunos imaginan una posible conexión con Hugo Chávez. Cristina pudo haber depositado algunos dólares en Venezuela. Néstor Kirchner no hubiera puesto jamás ni un dólar en manos de Chávez, a quien en la intimidad lo llamaba despectivamente "el loro caribeño".

Pero hay dinero en efectivo en algún lugar del país. Y hay mucho. Desde 2010 o 2011, las transferencias confiables de dinero al exterior se hicieron prácticamente imposibles si no se trata de recursos transparentes. La Justicia tiene otras pistas, además de las de López. Una foto de 100 millones de dólares, un monto escaso para la cantidad acumulada por los Kirchner durante 12 años, convertiría la actual complicidad del peronismo en un suicidio político. Y la resurrección es un fenómeno remoto, incierto, incompatible con la vida.

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