La Cámara avaló a Bonadio y se negó a liberar a los detenidos

Ratificó todas las prisiones preventivas dispuestas por el juez; fue el primer pronunciamiento del tribunal sobre los encarcelamientos Fuente: LA NACION Crédito: Ignacio Sánchez
23 de agosto de 2018  

La Cámara Federal respaldó ayer todas las prisiones preventivas dispuestas por el juez Claudio Bonadio contra empresarios y funcionarios detenidos en el marco del caso de los cuadernos de las coimas.

Fue el primer fallo del tribunal sobre los encarcelamientos ordenados en esta causa. Los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun rechazaron las excarcelaciones pedidas por siete acusados: los empresarios Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Carlos Mundin, de BTU, y los exfuncionarios Rafael Llorens, exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación; Walter Fagyas, expresidente de Enarsa; Fabián García Ramón, exdirector de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética; Hernán Gómez, exasesor de Planificación, y Nelson Lazarte, exsecretario de Roberto Baratta.

El argumento central de Irurzun y de Bruglia para negarse a liberar a los acusados fue que fuera de la cárcel, podrían afectar la investigación. Afirmaron que se trata de un caso de enorme magnitud, que crece día a día y que hace necesarias nuevas medidas de prueba. Esas medidas son las que -según los camaristas- podrían entorpecer los acusados de ser excarcelados.

Bruglia afirmó que "el presente proceso -de extraordinaria magnitud- se encuentra en una etapa incipiente y trascendental en cuanto a las medidas urgentes que se están llevando a cabo tendientes a la recolección de la prueba", y que eso provoca "la fundamental necesidad de extremar los recaudos para evitar toda situación que pueda entorpecer esta tarea".

También sostuvieron los camaristas que, si bien no es argumento suficiente para sostener las prisiones, debe "valorarse como pauta" la amenaza de pena, muy alta, que tienen los hechos que se investigan. De quedar en libertad, consideró la Cámara, los acusados podrán intentar eludir el accionar de la Justicia o entorpecer de algún modo la investigación; por ejemplo, complicando la recolección de las pruebas.

Irurzun destacó además que debe tenerse en cuenta "la gravedad, extensión y magnitud de los hechos", así como "la condición de funcionarios públicos de quienes han sido indicados como sus máximos responsables". Según Irurzun, esto "presupone la existencia de una extendida cadena de complicidades a fin de brindar cobertura y garantizar su éxito sostenido".

Irurzun afirmó además que un objetivo clave de la causa será conocer el destino y recuperar los fondos de las presuntas coimas. En el caso puntual de Ferreyra, el camarista sostuvo que Bonadio calculó que el monto del delito es "superior a los treinta y cinco millones de dólares" y que, de ese dinero, "la entrega de poco más de diez millones de dólares ha sido atribuida a Ferreyra".

Bruglia incluyó también como argumento contra los acusados la posibilidad de que surjan "otros hechos o aportes" que los compliquen todavía más.

Hoy, la Cámara celebrará una audiencia para empezar a analizar el último pedido de excarcelación que recibió, el del empresario Francisco Valenti (Grupo Pescarmona). Todo indica que su suerte no será mejor que la de sus compañeros de causa que están presos como él.

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