Las provincias podrían buscar fondos en los organismos multinacionales

Varios ministros de Finanzas coincidieron en que se habló de esa posibilidad con el Gobierno nacional; la duda es cómo ejecutar obras
Gabriela Origlia
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26 de agosto de 2018  

CÓRDOBA.- Este año ninguna provincia emitió deuda en el exterior y, después de la abrupta devaluación, ninguna piensa en ese plan. Entre 2016 y 2017, la deuda emitida fue de alrededor de US$11.000 millones a una tasa promedio del 8%.

¿Cómo suplirían las jurisdicciones la necesidad de fondos para poder, por ejemplo, ejecutar obras? Una posibilidad es que accedan a parte de los US$5650 millones que los organismos multilaterales pusieron a disposición de la Argentina en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según coincidieron distintos ministros de Finanzas provinciales consultados por LA NACION, en las reuniones con funcionarios de la Casa Rosada esa alternativa se planteó, dadas las restricciones del plan de obras públicas en 2019 y, en particular, de las transferencias de capital (tuvieron una caída interanual de 20,3% en el primer semestre, neteadas del Fondo Sojero, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto).

"Señalaron que, como no usarían todos los recursos, había disposición de pasarlos a las provincias", explicó el ministro de una provincia grande, respecto de los encuentros con funcionarios nacionales. El "paquete" está constituido por nuevas líneas de crédito de rápido desembolso (adicionales a los programas existentes), que fueron acordadas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Las líneas se activarían hasta julio de 2019. Esos recursos duplican el habitual nivel de desembolso anual de estos organismos a la Argentina: US$2500 millones del BID; US$1750 millones del Banco Mundial y US$1400 millones de la CAF. No se trata de líneas con destinos específicos, sino que están "condicionadas a políticas".

El concepto hace referencia a que si un gobierno presenta un proyecto "sustentable" puede ser elegido; las líneas no se otorgaron atadas a iniciativas preestablecidas como es el denominador común en estos préstamos.

Si la propuesta se concreta, se sumaría a otra que es usar, para financiar obras, parte del fondo de sustentabilidad previsional que gestiona la Anses. En ese punto, los gobernadores tomaron el planteo de los funcionarios de Hacienda y pidieron asignar para infraestructura el equivalente a 3 puntos de la masa coparticipable -unos $24.000 millones anuales-, recursos que serán compartidos con los municipios para compensarlos por la eliminación del fondo sojero.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que, "como siempre", hay pedido de autorizaciones de provincias para emitir deuda, pero aún no hubo acciones. "En el exterior no emitió ninguna; hay tomas de deuda en dólares en el mercado local como siempre hubo", explicaron.

La Nación entiende que las deudas provinciales no presentan riesgo; su peso es de alrededor del 6% del PBI y está emitida, en general, a tasa fija. "No presenta un riesgo global -insiste el funcionario-, hay distritos más comprometidos, pero eso se debe a su perfil". Desde el pacto fiscal y la ley de responsabilidad fiscal, el indicador de endeudamiento (intereses y amortizaciones) de las provincias no puede superar el 15% de sus ingresos.

A comienzos de año, desde la Casa Rosada advirtieron a los gobernadores que en el primer semestre no autorizarían emisiones en el exterior porque la prioridad era que la Nación completara su necesidad de dólares. La crisis iniciada en abril cambió totalmente el escenario. El camino de las autorizaciones se inicia en Interior y después pasa a Hacienda y Finanzas.

Entre los distritos que decidieron congelar la toma de deuda incluso en el mercado interno están Río Negro, que iba a colocar un bono de US$280 millones para financiar obras (a finales de noviembre de 2017 salió con un primer tramo de US$300 millones); Chaco ($4200 millones puertas adentro) y Entre Ríos (unos $3500 millones).

Mendoza también demora una colocación por el equivalente en pesos a unos US$250 millones para obras y, en Santa Fe, el gobernador Miguel Lifschitz esperaba tomar unos US$500 millones para infraestructura.

Un trabajo del Ieral advierte que la devaluación impactó fuerte en las finanzas de las provincias que destinan un porcentaje más alto de sus ingresos a los servicios de deuda. Al tope del ranking están Chubut (7,3%), Buenos Aires (5,8%), Neuquén (5,1%) y Mendoza (4,5%).

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