Por dudas en el PJ, se postergó el debate sobre la expropiación de tierras

Se frenó el proyecto de urbanización de villas en la Cámara alta, al no estar garantizados los fondos
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30 de agosto de 2018  

Las dudas del PJ sobre los alcances y la financiación del proyecto dejaron al oficialismo en el Senado sin poder alcanzar las firmas necesarias para darle dictamen al proyecto de ley de regularización de dominio en villas y barrios de emergencia, que impulsa el Gobierno y que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. En una jugada polémica, las comisiones de Infraestructura, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda decidieron ayer "dejar para la firma" el despacho, a la espera de la decisión del peronismo.

Sin embargo, el reglamento de la Cámara alta establece que los dictámenes deben firmarse en la sala de reuniones, por lo que debería convocarse a un nuevo plenario de comisión.

Si bien el proyecto se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, el PJ planteó varias dudas sobre la iniciativa, razón por la cual decidieron tomarse un tiempo antes de estampar sus firmas en el dictamen.

Entre otras cuestiones, el peronismo planteó la necesidad de tener mayor información sobre cómo se financiará la expropiación de los terrenos. El texto establece la creación de un fideicomiso, pero no dice de dónde saldrán los fondos para su creación. Además, se plantearon algunas dudas sobre el relevamiento catastral necesario para llevar adelante la iniciativa.

Para algunos legisladores del PJ, ese trabajo está incompleto, ya que solo se cuenta con la información suministrada por las organizaciones piqueteras que impulsan la sanción de la ley y que cuenta con el aval del Registro Nacional de Barrios Populares.

Además, se plantearon dudas sobre la supuesta violación del federalismo, ya que muchos de los terrenos están en el interior del país, por lo que sería facultad de las legislaturas provinciales decidir su expropiación.

En juego están los terrenos de más de 4228 barrios populares, en los que viven unas 850.000 familias a las que el Gobierno pretende darles la tenencia de las tierras como paso previo a la urbanización de esos asentamientos.

Una de las defensoras de la iniciativa es la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien concurrió oportunamente a la Cámara baja a pedir la sanción del proyecto. Precisamente, ayer también se escucharon quejas del peronismo por la ausencia de una voz oficial que concurriera a avalar el proyecto ante las comisiones del Senado.

"Es la transformación más profunda del trabajo que venimos haciendo con las familias más vulnerables", afirmó en su momento Stanley, al defender la iniciativa. El objetivo es declarar "de utilidad pública y sujetas a expropiación" las viviendas, que en su mayoría no tienen títulos de propiedad y carecen de servicios básicos.

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