Los cuadernos de las coimas: Bonadio citó otra vez a Cristina y sumó como sospechosos a De Pedro, Larroque y Ottavis

Cristina Kirchner
Cristina Kirchner Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo / LA NACION
Hernán Cappiello
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29 de agosto de 2018  • 21:47

El juez federal Claudio Bonadio amplió las acusaciones contra Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que recaudaba ilegalmente fondos de contratistas del Estado para la política y por eso la citó para que el lunes amplíe su declaración indagatoria en los tribunales, junto con su detenido ministro de Planificación Julio de Vido. Además, el magistrado incluyó como nuevos implicados en la banda a la cúpula de la organización juvenil La Cámpora y citó a declarar como sospechosos a Wado de Pedro, Andrés Larroque y José Ottavis.

La nueva ronda de indagatorias para los exfuncionarios ya acusados -los más encumbrados y los de menor jerarquía- y para los nuevos personajes que fueron apareciendo en la investigación es parte de las últimas medidas de prueba que está tomando el magistrado antes de resolver el procesamiento de los acusados.

Los interrogatorios obedecen a que se amplió el lapso temporal de las maniobras investigadas que originalmente arrancaban en 2008 y ahora comienzan en 2013, por lo cual como se les reprochará hechos nuevos es necesario escuchar cuáles son sus argumentos de defensa ante esas nuevas acusaciones.

Sin embargo, Cristina Kirchner dijo por Twitter que las nuevas citaciones a prestar declaración indagatoria obedecen a que el Gobierno trata de ocultar con esta causa el recalentamiento de la economía con la corrida que llevó el dólar a 34 pesos. "El dólar está por llegar a 35 pesos y Bonadio me vuelve a llamar a indagatoria en la misma causa de los allanamientos. Son de manual", escribió la exmandataria.

Cuando comenzó el caso, el fiscal Carlos Stornelli en su requerimiento de instrucción original sostuvo a que a la luz de las evidencias que surgían de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, las maniobras comenzaron en 2008. Dijo que investigaba "una organización de tres o más personas de carácter permanente que operaba entre 2008 y 2015, inclusive (sin descartar que hubiera operado aún antes y después de aquellos años". Así está escrito en la foja 2013 del expediente de 32 cuerpos.

Pero las declaraciones de los empresarios arrepentidos que dijeron haber pagado sobornos desde antes de 2008 y las confesiones de los funcionarios, como Claudio Uberti y José López, hicieron ampliar la acusación y sumar nuevos hechos delictivos a los originalmente relatados en los cuadernos.

Un sector de la oposición interpretó que, como el requerimiento de instrucción original hablaba de hechos que habían comenzado en 2008, el juez estaba dispuesto a dejar fuera otros delitos que involucraban a Techint o a Iecsa, que era de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. Sin embargo, no se trataba de eso, sino de los límites del objeto procesal que ahora quedaron redefinidos tras un nuevo dictamen del fiscal Carlos Storneli obligado por las nuevas evidencias aportadas a la causa.

Por eso es que Bonadio, al disponer estas nuevas indagatorias escribió que dispuso las nuevas declaraciones indagatorias de Cristina Kirchner, Julio de Vido y Roberto Baratta, entre otros, teniendo en cuenta las declaraciones de los arrepentidos "en las cuales distintos empresarios han manifestado expresamente que el sistema de recaudación ilegal de retornos impulsado por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal comenzó entre el año 2003 y 2004, y que esas mismas circunstancias temporales fueron confirmadas en indagatorias también tomadas en este Tribunal".

Bonadio dijo que Stornelli amplió el requerimiento y que "las circunstancias temporales de la investigación se deben extender en el tiempo desde el año 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015".

Por lo que "atento a los elementos de prueba incorporados a la causa, los descargos de los imputados y los dichos de los 'arrepentidos', se encuentran reunidos elementos suficientes para ampliar la declaración indagatoria".

Así hoy serán conducidos a tribunales desde su celda del Penal de Ezeiza los presos Roberto Baratta, Gerardo Ferreyra de Electroingeniería; Nelson Lazarte, secretario de Baratta; y el empresario Néstor Otero, titular de la Terminal de Omnibus de Retiro.

José López, el exsecretario de Obra Pública del kirchnerismo, será trasladado por los que lo vigilan del Programa de Protección de Testigos el viernes; al igual que Walter Fagyas, Rafael Llorens, exasesor de Legales de Planificación; German Nivello y José María Olazagasti, el exsecretario privado de De Vido, que se transformó en su hombre de máxima confianza para las cuestiones operativas.

El lunes será traído desde su celda Julio de Vido y a las 11 del mediodía se espera la llegada a los tribunales de Comodoro Py 2002 de Cristina Kirchner.

Bonadio dijo que las declaraciones de José López y de Hugo Martín Larraburu, el secretario del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina involucraron a los nuevos acusados que son la plana mayor de La Cámpora. Por eso el juez citó para el 26 a José Ottavis, Eduardo Wado de Pedro, y al día siguiente Andrés Larroque. Sergio Szpolski, el empresario de medios favorecido por una millonaria pauta kirchnerista, será escuchado el 28 de septiembre.

Las revelaciones de López, de las que poco se sabe en detalle, echaron luz sobre el destino del dinero de la recaudación ilegal de la corrupción. Dijo López que parte del dinero iba a Wado de Pedro para financiar la agrupación Justicia Legítima, de jueces y fiscales que comparten políticas del kichnerismo. La exjueza María Laura Garrigós, presidenta de la organización, negó haber recibido esos fondos y Wado de Pedro dijo que era falsa esa afirmación. Bonadio lo citó para que dé explicaciones. Una fuente con acceso a la declaración de López explicó: "Sobre Justicia Legítima habló de financiamiento, pero no dio nombres de jueces, fiscales ni nada que tenga que ver con un detalle de algo que no se encontraba bajo su órbita" y acerca de Wado de Pedro "supo de él porque lo escuchó de primera mano".

Con respecto al resto de los acusados fue el secretario de Abal Medina el que los salpicó e involucró en la distribución de fondos para el financiamiento de la política.

Larraburu dijo que entregaba a Juan Carlos "Chueco" Mazzón, operador del PJ en la Casa Rosada ya fallecido, y que esos fondos llegaban a José Ottavis y Andrés Larroque.

Sostuvo además que la plata así recaudada era para entregar a Sergio Szpolski, para pagar los trabajos de imprenta vinculados con los gastos de la campaña electoral.

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