Frente a la crisis

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31 de agosto de 2018  

Nuevamente nuestro país enfrenta una situación en la que el Gobierno no logra evitar un comportamiento colectivo de carácter disruptivo que afecta peligrosamente los equilibrios macroeconómicos y sociales. La corrida sobre el dólar no fue detenida sino acelerada por el reciente anuncio presidencial sobre un acuerdo para una liberación adicional anticipada de un segmento del préstamo del Fondo Monetario Internacional. La intención de llevar tranquilidad a los acreedores, asegurando que se podría cumplir con los pagos hasta el fin de 2019, acentuó la sensación colectiva de que la emergencia financiera obligaba a recurrir cada vez más a recursos extremos. Esta clase de reacción no hubiera sido fácil de prever si no existiera suficiente memoria de episodios parecidos, como el megacanje de 2001.

Hay una profunda crisis de confianza. Los analistas de mercado y el ciudadano informado en temas financieros no se satisfacen con los reconocimientos internacionales al presidente Mauricio Macri y a su gobierno por haber desplazado en elecciones democráticas a un populismo corrupto. Cuando los inversores suscriben un bono argentino, evalúan el riesgo de que sea retribuido en tiempo y forma. Miran la situación fiscal, el balance de pagos y las medidas concretas para corregir el déficit y cumplir con las obligaciones. El índice de riesgo país o la cotización de los Credit Default Swaps (CDS) son el lenguaje descarnado con que los mercados opinan sobre el riesgo de cesación de pagos de un gobierno. Los miles de operadores y ahorristas son consumidores directos, indirectos o por contagio intuitivo de estos indicadores. Luego, las tendencias se autoalimentan y es necesario un hecho físico contundente para modificarlas. En la actual corrida cambiaria quedó demostrado que volcar reservas del Banco Central al mercado de cambios puede tener un efecto transitorio inmediato, pero si hay desconfianza de fondo, finalmente se impone la demanda de divisas y solo se logra perder reservas sin estabilizar el tipo de cambio.

La Argentina está encerrada en un círculo vicioso que debe transformarse en virtuoso para salir de la crisis. El altísimo volumen de gasto público, que el kirchnerismo catapultó a niveles inéditos, es determinante de un insostenible déficit fiscal a pesar de la altísima presión impositiva que hoy afecta la competitividad, alienta la evasión y desalienta la inversión. Se suman a ese desaliento la legislación laboral, el alto costo del despido y los impuestos al trabajo. No fue un misterio que la expectativa de un poderoso flujo de inversiones quedara desvirtuada. Vaca Muerta y alguna otra actividad son excepciones, aunque también parcializadas. Ahora bien: sin inversión no hay creación de empleo ni tampoco crecimiento genuino. En este escenario, resulta extremadamente difícil transferir el enorme exceso de empleo público al sector privado y de reducir los subsidios sociales. No se ha corregido sensiblemente la explosiva herencia de la gestión kirchnerista que llevó a 20 contra 8 la relación entre los que reciben mensualmente un pago del Estado y los que trabajan formalmente en el sector privado. No se ha creado un esquema para impulsar a los gobiernos provinciales y municipales a gastar menos y mejor. El régimen de coparticipación de impuestos les facilita gastar con la billetera del gobierno nacional, quien a su vez ha sido generoso en un acuerdo que no les exige reducir la planta de personal, que casi duplicaron en los últimos años.

El gradualismo ha sido la expresión del renunciamiento de atacar a fondo una situación desequilibrada, cuya gravedad no se hizo explícita al inicio de la gestión. Se asumió que los mercados internacionales prestarían lo suficiente para transitar ese gradualismo con una emisión monetaria moderada y por el tiempo que fuera necesario. Hubo un supuesto implícito de que no ocurriría ningún episodio en el mundo que pudiera alterar la paz de los mercados. Pero esto ocurrió, y aunque no tuvo la dimensión de otros vendavales del pasado, fue suficiente para afectar en mayor medida a los países que caminaban por la cornisa: la Argentina y Turquía. La rápida e importante respuesta del FMI no es solución definitiva si no se corrigen las causas estructurales. La recuperación de la confianza lo está claramente reclamando, aunque las voces del espectro político en general eluden reconocerlas.

La fortaleza política del presidente Macri estará mejor asegurada si encara decididamente esas correcciones y sabe explicarlas para encontrar la respuesta popular y política necesarias. Debe transformar el círculo vicioso en virtuoso. Eso debería comprender a un mismo tiempo, entre otras cosas: a) la creación de condiciones para la inversión y la competitividad, principalmente una reforma laboral observando las aplicadas en los países vecinos, y una reforma impositiva reduciendo la carga fiscal al unísono de la disminución del gasto público; b) una reforma del Estado con su rediseño y la transferencia incentivada del personal excedente al sector privado con los mecanismos vigentes de la ley 25.164 de empleo público; c) un nuevo acuerdo con las provincias con metas de reforma y reducción y la transformación del sistema de coparticipación de impuestos orientada hacia la correspondencia fiscal; d) la aceleración de la normalización de las tarifas de energía y transporte igualando las de la región metropolitana con las del interior; e) la revisión de los planes sociales limitándolos a los que respondan a estrictas necesidades; f) la igualación de las edades jubilatorias en 65 años sin diferencias de género y gradual incremento en los próximos años; e) el establecimiento como principio de que quienes usan un servicio paguen su costo, contemplando con subsidios a la demanda a quienes no puedan hacerlo.

Todas estas reformas deben ser aplicadas con el acompañamiento de los amortiguadores sociales para que quienes menos tienen resulten menos afectados. Es siempre posible.

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