Los inmobiliarios apelan la ley de alquileres porteña

La norma aprobada en agosto del año pasado prohíbe que los brokers cobren comisiones y gastos de gestoría a los inquilinos
La norma aprobada en agosto del año pasado prohíbe que los brokers cobren comisiones y gastos de gestoría a los inquilinos
Julia D'Arrisso
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1 de septiembre de 2018  

El colegio inmobiliario apeló a la Cámara por la ley de alquileres porteña. El Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba) no baja los brazos frente a la llamada ley de alquileres porteña. Presentaron un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones para que revea la ley que les quita el cobro de comisiones de alquiler, tras el pedido de inconstitucionalidad que el juez de primera instancia les denegó.

La llamada ley de alquileres de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó el 24 de agosto del año pasado. Según la norma el precio de las comisiones (4,15%) queda a cargo de los propietarios y se prohíbe a las inmobiliarias percibir honorarios ni gastos de gestoría de informes por parte de los inquilinos.

Cucicba rebatió la normativa y defendió su postura en la Justicia después de la aprobación de la ley de alquileres en la Ciudad, pero el juez de primera instancia rechazó la solicitud y ahora el Colegio presentó un recurso de amparo ante la Cámara de Apelaciones en los Contenciosos Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, donde establece la arbitrariedad de la decisión del juez. "Nosotros habíamos presentado el 21 de septiembre del 2017 un recurso de amparo que recayó en el juez Fastman pidiendo la inconstitucionalidad de la llamada ley de alquileres porteña. Ahora (el juez) dijo que hay que atenerse a la ley, por eso presentamos la apelación ante la Cámara y en los próximos 60 días tendremos respuestas", explicó Armando Pepe, Presidente de Cucicba. Además, se presentaron en la Justicia 79 recursos individuales y tres institucionales de distintos inmobiliarios que rechazan la ley.

Desde el colegio de inmobiliarios entienden que se trata de una medida prohibitiva que les impide cobrar los honorarios correspondientes por su trabajo como intermediarios entre propietarios e inquilinos, con lo que, según sus estimaciones, generó una caída del 50% en la rentabilidad del sector, una baja en la oferta de inmuebles disponibles para el alquiler y el cierre de muchas inmobiliarias pequeñas.

Según los especialistas de Cucicba, desde la aprobación de la ley observaron subas en los costos de los alquileres por falta de oferta, mayores propiedades volcadas a la venta, pero principalmente el cierre de inmobiliarias, sobre todo las más chicas. Calculan que, de un padrón de 7000 inmobiliarias matriculadas, cerraron aproximadamente 510 en el último año.

El abogado de la institución, Jorge Martínez Irigoyen, sostuvo que "hoy falta oferta de viviendas para alquiler a través de inmobiliarias. Además, genera muy poca rentabilidad. Muchas veces se buscan propiedades en los portales y no todos los inquilinos pueden discutir abiertamente con un propietario, por lo que se presta más a una estafa".

"No es justo que sea una quita al privado. Si el Estado está preocupado, que subsidie. La única acción fue prohibir cobrar a una de las partes. La inconstitucionalidad está en la prohibición. Nosotros somos intermediarios entre el propietario y el inquilino, y con esto se genera una perdida para el sector", sancionó Martínez Irigoyen.

"Esta norma les ha coartado a los profesionales inmobiliarios la chance de cobrar por sus servicios a una de las partes que los utiliza, desnaturalizando su rol de intermediarios. Lamentablemente cada día que pasa en la espera de justicia, se profundiza el daño al sector inmobiliario, especialmente a la labor de los colegiados y ha producido el cierre de centenares de pequeñas y medianas inmobiliarias, con la consiguiente pérdida de ingresos de esos corredores y sus familias", dice el recurso de amparo presentado en la Justicia.

Esta ley busca replicarse tanto a nivel nacional como en Provincia de Buenos Aires. De hecho, en la legislatura bonaerense se están discutiendo tres proyectos y, al igual que en Capital Federal, se busca quitar a los inquilinos el cobro de las comisiones y los gastos administrativos. Los tres proyectos tienen el objetivo de que los inquilinos ya no tengan que correr con los gastos administrativos ni las comisiones inmobiliarias previas al alquiler o renovación de contrato de una casa.

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