Educar es no discriminar

Manuel Álvarez-Trongé
Manuel Álvarez-Trongé PARA LA NACION
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31 de agosto de 2018  • 20:41

Nuestra Constitución Nacional estableció en 1853 en su artículo 14 que "todos los habitantes gozan del derecho de enseñar y de aprender". Casi 100 años más tarde, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos del Hombre garantizó este derecho al establecer: "Toda persona tiene derecho a la educación", elevando su protección a la jerarquía de derecho humano universal, categoría que nuestro país se ha comprometido a respetar en el rango especial que dichos derechos suponen. Además de estas normas generales, la Argentina tiene un vasto camino recorrido de leyes educativas, de nivel provincial y nacional, que reglamentan y cuidan el ejercicio del derecho a la educación para todos. La última, con alcance a toda la República, es la ley vigente 26.206 del año 2006 que extendió la obligatoriedad del sistema educativo desde los 4 años de edad hasta finalizar el secundario.

Pese a este nivel de protección, hoy, 175 años después del origen de nuestra Constitución, a 70 años de la instauración de este derecho como derecho humano y a 12 de nuestra ley nacional, los argentinos debemos admitir, con vergüenza, que el derecho de aprender solo lo gozan muy pocos en nuestra república. Más del 50% de los alumnos que inician su educación obligatoria no la terminan, y dentro del marco de aquellos que sí logran finalizarla, la mayoría no aprende y la injusticia educativa es mayúscula: los sectores más desfavorecidos no reciben los recursos presupuestarios que la ley manda y "la igualdad de oportunidades y de resultados educativos" que el artículo 80 de la ley citada establece, se desvanece e incumple.

Lo que llama la "atención es que esta flagrante violación de un derecho humano y constitucional no causa escándalo. Ni la sociedad ni las autoridades ni los medios de comunicación levantan la voz en proporción al daño que esta violación supone. Y esto es grave porque esta realidad implica una enorme discriminación. ¿Algunos se preguntarán por qué "discriminación"? Pues muy simple, porque en la Argentina, además de una muy baja calidad educativa general le estamos dando un trato desigual e inequitativo a los alumnos de menores recursos.

El derecho de aprender que nuestros sabios constitucionalistas supieron concebir consiste en desterrar diferencias y privilegios: es para todos por igual. Ellos forjaron un concepto: educar es no discriminar.

Vale la pena profundizar el concepto. Partamos de una verdad histórica para entenderlo: la educación ha servido muchas veces para discriminar, ya sea a los hombres frente a las mujeres, a los del casco urbano frente a los rurales, a los blancos de los negros o a los ricos de los pobres. El derecho de aprender que nuestros sabios constitucionalistas supieron concebir justamente consiste en desterrar diferencias y privilegios, es para todos por igual. Ellos forjaron un concepto: educar es no discriminar.

Por eso es que la educación básica y obligatoria de nuestras leyes es una herramienta de equidad y, remarquémoslo, no puede ser de mala calidad para los que socioeconómicamente están mal y ser de mejor calidad para los que están bien. No, justamente debiera ser al revés: los mejores recursos para quienes menos tienen. Pero esto no ocurre en nuestro país. La realidad indica que estamos muy lejos de lograr equidad educativa: nueve de cada 10 alumnos de escuelas más desfavorecidas no pueden resolver un ejercicio simple de matemáticas y seis de 10 no comprenden lo que leen.

Frente a esta dolorosa situación no podemos mantener un silencio cómplice. Hacerlo es traicionar los principios de nuestro sistema democrático. Si un estado no corrige las consecuencias de la exorbitante desigualdad, parecería que hay una decisión de que aprendan solo los que "pueden" y de limitarse a "maquillar" de educación a aquellos que "por su cuna no pueden lograrlo". Y esto es lo contrario a nuestros principios democráticos.

Hace pocas semanas atrás llegamos a un límite: murieron dos personas, una docente vicedirectora y un asistente en una escuela de la provincia de Buenos Aires. La causa aparente fue el mal estado de la infraestructura y la no respuesta debida a los reclamos efectuados por la escuela. Pero la causa que no se visualiza no tiene que ver con la infraestructura sino con la falta de toma de conciencia de la importancia de cuidar este derecho humano y constitucional al que antes hicimos referencia.

Tengamos presente que la explosión en la escuela que causó las dos muertes referidas ocurrió minutos antes de comenzar el ingreso de las niñas y niños a las aulas. Tomemos lo ocurrido como una señal clara para cambiar. Para ello necesitamos una sociedad que reclame aprendizaje para todos, cumplimiento de la ley y búsqueda de consensos, no enfrentamientos. Aprender es un derecho de absolutamente todos los alumnos de nuestro país. Exijámoslo como prioridad nacional. Así lo dice la ley.

El autor es presidente de Educar 2050

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