Investigan a empresas acusadas de pagar coimas en el exterior

Fuente: Archivo
Cinco compañías argentinas aparecen involucradas en casos que analiza la Justicia por sobornos trasnacionales
Paz Rodríguez Niell
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2 de septiembre de 2018  

La Justicia argentina avanza por primera vez en la investigación de presuntos sobornos pagados por empresas nacionales en el exterior. Esta semana fueron procesados tres empresarios de la firma Unetel, acusados de haber desembolsado coimas para ganar una licitación en El Salvador para instalar un sistema de cobro electrónico de pasajes de colectivos.

Es el primer caso de "soborno trasnacional" que llega a esta instancia, pero no es la única causa en trámite. Por hechos similares se abrieron en los últimos años, en los tribunales de Comodoro Py, expedientes contra una decena de empresas argentinas más.

Sus directivos están acusados de haber ofrecido o pagado sobornos a funcionarios de Brasil , Bolivia , Venezuela o Panamá ; en algunos casos, de alto rango. En Panamá, por ejemplo, está implicado el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, acusado de haber recibido "beneficios económicos" de la empresa argentina Telespazio -cuyos accionistas principales son compañías italianas- a cambio de darle un contrato para hacer mapas digitales, que le habrían costado al estado panameño unos 15 millones de euros, cuando, según lo denunciado, Costa Rica y Paraguay le pagaron a Telespazio 4,7 y 3 millones de dólares por mapas similares. La Justicia recibió información de Panamá y espera ahora la respuesta a un pedido de datos que tienen que llegar de Italia para avanzar.

Fuente: LA NACION

Cinco de las causas por soborno trasnacional están vinculadas a revelaciones del Lava Jato y siete se abrieron por denuncias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Dinero (Procelac), que en algunos casos inició investigaciones por su cuenta y en otros, a instancias del Grupo de Trabajo sobre Soborno (GTS) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que detectó casos sospechosos y los remitió al país.

Figura penal

El soborno trasnacional es una figura que se concentra en quienes pagan los sobornos. En la Argentina fue incorporada en el artículo 258 bis del Código Penal, con una pena de uno a seis años para quien ofrece o paga una coima a una autoridad extranjera. Se estableció siguiendo los estándares de la OCDE. Si bien la Argentina no es miembro de este organismo, aspira a ser aceptada como tal, aprobó la convención de lucha contra el cohecho trasnacional, debe implementar las recomendaciones del GTS y es evaluada periódicamente. Por eso, la Cancillería y la Oficina Anticorrupción siguen con especial atención los avances que puedan exhibir de estas causas penales.

La lista de las compañías argentinas investigadas incluye firmas de lo más diversas. Desde un gigante como Techint -acusada de haber pagado coimas en Brasil- hasta compañías hasta ahora desconocidas. Algunas, sin vínculos identificados con los últimos gobiernos, pero otras que aparecen investigadas junto a exfuncionarios, como Electroingeniería. Gustavo Ferreyra, uno de sus dueños, está preso en la causa de los cuadernos e imputado por presunto soborno trasnacional junto a Julio De Vido .

Fuente: LA NACION

De acuerdo con el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, esa causa se inició por una denuncia de Elisa Carrió después de que en Brasil, en el marco del Lava Jato, un director de Petrobras y un lobista confesaron haber recibido sobornos y presiones para que Electroingeniería se quedara con Transener, empresa de transporte de energía eléctrica que dependía de Petrobras. La iba a comprar una firma de EE.UU., pero la sospecha es que Roberto Dromi, supuestamente con el aval de De Vido, intervino para direccionar el negocio hacia Electroingeniería. Según los intermediarios brasileños, ellos habrían cobrado US$300.000 cada uno. Con información de movimientos en Suiza, la Justicia argentina sigue ahora la ruta de esos supuestos sobornos. Consultado por LA NACION, el abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi, negó cualquier participación ilegal en este caso.

En la causa Unetel, la de los primeros procesamientos, el juez Sebastián Ramos consideró acreditado que Christian D'Uva, Jorge Samperisi y José Rubén Benolol, directivos de la firma, pagaron sobornos disfrazados de servicios de consultoría a los responsables de Sipago, una sociedad creada por el gobierno de El Salvador en 2011 para que se hiciera cargo de la licitación del servicio de ómnibus que ganó Unetel. El uso de empresas intermediarias, muchas veces presentadas como consultoras, es una figura habitual en el soborno trasnacional. La causa se inició por una denuncia directa de la Procelac. La fiscal es Paloma Ochoa. Ante la consulta de LA NACION, en Unetel no hicieron declaraciones.

Fuente: LA NACION

En cuanto a las causas de Techint , ambas iniciadas por la Procelac en 2017, la primera investiga si la compañía, a través de una filial en Brasil, pagó sobornos entre 2009 y 2014 al presidente de la empresa de energía atómica Electronuclear para lograr la adjudicación de la construcción de la central nuclear Angra III, en Río de Janeiro. La fiscal Ochoa y el juez Ramos esperan la respuesta de exhortos a Brasil. Como los otros investigadores que tienen casos ligados al Lava Jato apuestan a que la información se destrabe después del acuerdo firmado el mes pasado entre fiscales de ambos países.

La segunda -también por presunto soborno trasnacional en Brasil- la instruyen el fiscal Eduardo Taiano y el juez Luis Rodríguez. En este caso se hizo un allanamiento en Techint y se secuestraron discos rígidos. El allanamiento y peritaje fueron dispuestos a pedido de la Justicia de Italia, que investiga en Milán la compañía y apunta a un presunto entramado de sociedades offshore por el que sospechan que se habrían pagado sobornos. Voceros de Techint dijeron a LA NACION que la empresa respondió varios oficios con pedidos de información de los jueces Ramos y Rodríguez, y que no tiene ningún funcionario indagado ni procesado en estas causas en la Argentina, ni en Brasil, donde se habrían cometido los hechos. Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que esta semana empiezan los peritajes informáticos sobre los discos secuestrados.

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