Una postura más dura en la discusión del presupuesto

El peronismo critica la falta de presiciones y el rumbo que impone la Casa Rosada
Laura Serra
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2 de septiembre de 2018  

El llamado peronismo "racional", aquel que aglutina a la mayoría de los gobernadores y legisladores no kirchneristas, endurecerá sus condiciones para aprobar el presupuesto 2019 en el Congreso. La corrida cambiaria de la última semana y la crisis económica consecuente pusieron las negociaciones con el Gobierno en un stand-by y los avances logrados en las últimas semanas volvieron a foja cero: es imposible acordar un presupuesto cuando todas las previsiones macroeconómicas (inflación, déficit, tipo de cambio) quedaron en el limbo, aducen.

En el peronismo no kirchnerista predominan la prudencia y la voluntad de acompañar al Gobierno. Pero la crisis cambiaria marcó un punto de inflexión: si hasta el miércoles pasado había casi certeza de que la sanción del presupuesto 2019 era un hecho y que, a lo sumo, el PJ propondría algunos cambios, ahora impera la lógica inversa: si previamente el Gobierno no adopta cambios drásticos en materia económica, la sanción del presupuesto se hará difícil. Sobre todo en el Senado.

El diagnóstico del peronismo es que el Gobierno no tiene un plan económico; el único plan al que se atiene es el que le marca el FMI, su tabla de salvación para el financiamiento de la deuda en los próximos dos años. A cambio, las condiciones serán más duras: de la meta de déficit primario del 1,3% del PBI en 2019 ahora se pretende llegar a una situación de equilibrio ese mismo año.

El peronismo insiste: de la crisis no se sale solo con un ajuste del gasto. Es fundamental también mejorar el nivel de los ingresos, es decir, subir impuestos o suspender exenciones. No hay altruismo en el PJ: pretende que el Gobierno les "meta la mano" a aquellos sectores económicos aliados a su gestión a los que benefició fiscalmente desde el inicio de su mandato. En concreto, la base electoral más genuina de Cambiemos: el campo, la minería y los sectores empresarios y financieros.

La receta que propone el PJ consiste, básicamente, en suspender la baja de las retenciones al campo; la suspensión de la baja de la alícuota del impuesto a las ganancias de 35% a 30% que está prevista para el próximo año (que significarían unos $40.000 millones) y restituir la alícuota del 1% en Bienes Personales aplicables a cuentas, sociedades e inmuebles en el exterior (lo que implicaría una recaudación adicional de $25.500 millones).

También propone restituir la alícuota del impuesto sobre los bienes personales al 0,5% para participaciones societarias ($4500 millones) y suspender el ajuste por inflación del impuesto a las ganancias en los balances de las empresas.

"No puede haber presupuesto si se mantienen los beneficios absurdos. El Gobierno tiene en sus manos la decisión de realizar un ajuste brutal del gasto sin tocar ingresos o hacer un ajuste más moderado, pero tocando intereses que conciernen a su propia base electoral. No vamos a apoyar un ajuste cuya variable solo sean las universidades, los empleados públicos y la gente en general", apuntó un dirigente peronista de diálogo fluido con los gobernadores.

"Las negociaciones (por el presupuesto) están en la nada. Sin parámetros macroeconómicos ni un plan económico que revele adónde quiere ir el Gobierno es imposible la discusión", sostuvo el diputado Marco Lavagna (Frente Renovador).

"Hasta que el ministro no presente un nuevo plan económico no podemos emitir opinión", enfatizó el diputado Diego Bossio (Argentina Federal).

Para el peronismo, una de las claves para la salida de la crisis es la convocatoria del Gobierno a un acuerdo multisectorial amplio. Hasta ahora, ni los gobernadores ni los legisladores recibieron invitación alguna. "La situación del país es muy delicada y hay que actuar con responsabilidad. El Gobierno debería convocar a una mesa de diálogo; no puede salir de esta crisis solo", apuntó, por su lado, el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, en declaraciones a Crónica TV.

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