Intendentes evalúan declarar la emergencia para reasignar partidas

Oficialistas y opositores reconocen que la crisis se extiende ahora a las clases medias
Marcelo Veneranda
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2 de septiembre de 2018  

Los opositores denuncian una situación de crisis social. Los oficialistas le bajan el tono, y prefieren hablar de mayor "acompañamiento" y "contención". Más allá de cada matiz, los intendentes peronistas y macristas del conurbano coinciden en seguir de cerca el impacto de la crisis económica sobre los sectores más empobrecidos y actúan sobre un fenómeno más novedoso, pero igualmente preocupante: la creciente demanda de los barrios de clases medias, ante el alza de precios de alimentos, atención médica y tarifas.

En el encuentro que el viernes mantuvieron en Merlo con Hugo Moyano, Felipe Solá y otros dirigentes opositores, los intendentes del PJ rezaron un rosario de penurias sobre el alcance de la crisis en sus distritos y el impacto que generará la corrida del dólar. Advirtieron otro coletazo: que la devaluación los dejó "sin precios" y los proveedores cortaron entregas de productos ligados al dólar (insumos médicos, combustibles, materiales de construcción) hasta que se estabilice el peso.

Los que tienen mayoría en sus concejos deliberantes evalúan declarar un régimen de emergencia que les permita reasignar partidas para atender lo social.

"Necesitamos que el gobierno nacional se haga cargo de la ayuda alimentaria, porque los municipios no vamos a llegar", señala Verónica Magario, intendenta de La Matanza. "En los momentos de crisis, los que llegamos primero somos los intendentes y por eso no se entiende por qué el Gobierno nos quita recursos, como el fondo sojero", continúa.

Según Magario, el municipio destina 60% más de recursos para alimentos que a comienzos de año y el gasto social se triplicó desde 2015. En Cambiemos señalan que el salto se debe a la intervención que Nación le dedicaba a La Matanza durante el kirchnerismo.

Gabriel Katopodis, de San Martín, observa un fenómeno similar. "La cobertura alimentaria crece entre un 30% y 40%, pero el foco social se vuelve más amplio: a los hospitales municipales están llegando más vecinos de clase media que ya no pueden tener una prepaga. Y encima nos quedamos sin precios para comprar insumos", destaca.

El intendente repite que el Gobierno debe "cambiar el rumbo", más que modificar políticas o nombres. Y señala el corazón industrial del distrito, del que recibe un aumento de pedidos para moratorias fiscales; y los comercios pequeños y medianos: "Los locales que se vacían no vuelven a ser alquilados", dice.

La situación empeora en los distritos del sur, con polos industriales mucho más golpeados y desde hace décadas. "Por primera vez en diez años tuvimos que empezar a distribuir alimentos y frazadas de noche. Tenemos 130 comedores, que funcionan también los fines de semana. Y encima la devaluación y la quita del fondo sojero nos desestructuró todas las cuentas", resume Fernando Gray, de Esteban Echeverría.

La lectura de la situación se modifica entre los intendentes de Cambiemos. "Obviamente, estamos atravesando un ciclo más duro, que nos preocupa y nos ocupa. Pero no hay una situación dramática y estoy seguro de que vamos a superar esta etapa", contrasta Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

Coincide, sin embargo, en que se amplió el foco social: "Este ciclo es un poco más incómodo para los sectores medios que los bajos, donde nunca dejamos de estar. Nosotros estamos trabajando en regímenes especiales tributarios para ayudar a los pequeños comercios y pymes".

Esta semana, Valenzuela lanzó una tarjeta de seguridad alimentaria con fondos municipales. "Pero tiene más que ver con transparentar un sistema indigno y dominado por punteros. Con la tarjeta eliminamos a los intermediarios", aclara.

El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, también les baja el tono a las alarmas que suenan en el peronismo. "No hay una situación de estallido, sino de preocupación y enojo en algunos sectores por un contexto más difícil", le dice a LA NACION.

Esa situación comenzó a dibujarse en abril, afirma el ministro, que desde julio montó un esquema de seguimiento de conflictos, a pedido de María Eugenia Vidal. El anuncio de la gobernadora, anteayer, que buscó garantizar que las partidas sociales no pierdan ante la inflación, evidencia que esa preocupación está lejos de ceder espacio.

Pero López Medrano niega cualquier comparación con 2001: "En ese momento no había un sistema social universal como existe hoy con la AUH, las pensiones y otros programas. Hoy son muy pocas las personas fuera del sistema". En el kirchnerismo coinciden, hoy, en la lejanía de los demonios.

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