Debate legal por la aplicación de retenciones a los servicios

Los tributaristas advierten que el intento puede ser declarado inconstitucional
María Julieta Rumi
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4 de septiembre de 2018  

La inédita aplicación de retenciones a la exportación de servicios abrió un debate sobre las facultades del Gobierno para establecerla.

Según los tributaristas, es el Congreso quien debería sacar una ley ya que las normas vigentes -la Constitución Nacional y el Código Aduanero- solo se refieren a las retenciones a la exportación de mercaderías. "Es una novedad gravar la venta al exterior de servicios con derechos de exportación. En general, se les aplica el IVA. Va contra todos los principios tributarios de no exportar impuestos. Cada país trata de alentar la exportación de productos y conocimientos, e incluso hay reintegros de los impuestos internos para tener precios más competitivos", dijo a LA NACION Lucas Gutiérrez, integrante del departamento contencioso tributario del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, quien adelantó que el sector analiza cuestionar por vía legal la medida.

Entre las exportaciones de servicios figuran algunos trabajos que permitió el desarrollo de la tecnología y de Internet como el asesoramiento a distancia, la liquidación de salarios, las traducciones o la programación y la propiedad intelectual. Para Gutiérrez es el Congreso quien posee la facultad para establecer los derechos de exportación. "Todo esto puede dar lugar a un planteo por inconstitucionalidad y una medida cautelar. El Ejecutivo no puede fijar la alícuota sino que se tiene que mover dentro de una política definida por el Congreso", insistió.

El especialista en tributación y socio del estudio La Vista-Casal, Miguel La Vista, señaló que hay dos normas en pugna. "El Código Aduanero habilita al Ejecutivo a implementar retenciones pero la Constitución exige que el Congreso trate los impuestos y los derechos de exportación como impuestos. Se chocan dos normas", señaló antes de recordar que un fallo de la Corte declaró inconstitucional para un caso las retenciones dispuestas por una norma del Ejecutivo.

Para Argencon -entidad que agrupa a empresas prestadoras de servicios basados en el conocimiento- la mayor preocupación es que la medida no sea excepcional y quede luego establecida como un nuevo impuesto fijo.

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