Las cuentas falsas de Twitter y Facebook, entre la parodia y la tragedia

Valentín Muro
Valentín Muro PARA LA NACION
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4 de septiembre de 2018  • 13:52

Los chistes, incluso los chistes malos, son una daga a través del corazón del control. Sería terriblemente exagerado creer que la sátira, o específicamente la parodia, es un invento de las redes sociales. Sófocles y Eurípides, en la Antigua Grecia, acompañaban sus trilogías trágicas con sátiras que parodiaban a los personajes de la trilogía. Los griegos, resulta ser, disfrutaban tanto de la parodia como de la tragedia.

George Orwell creía que cada chiste era una pequeña revolución. La sátira, como una pequeña venganza inteligente en contra del poder o el privilegio, es una forma legítima de establecer cierto control sobre el poder. Es en este sentido que funciona como una verdadera expresión de la democracia: "La sátira es generalmente un arma de los desamparados en contra de los poderosos", como alguna vez dijo la periodista Molly Ivins.

En la Argentina, como en el resto del mundo, la parodia suele tomar la forma de cuentas de Twitter que imitan la identidad de periodistas, celebridades o políticos, exagerando sus rasgos y trivializando sus declaraciones. Algunas cuentan con miles de seguidores y, siguiendo las reglas de Twitter, suelen indicar claramente que se trata de una parodia. Esto, sin embargo, no es suficiente para un grupo de legisladores nacionales que a través de una serie de proyectos de ley, afanados por evitar la suplantación de identidad, bien podrían poner en peligro la libertad de expresión.

Detrás de estos proyectos-impulsados por Miguel Ángel Pichetto, Pedro Guastavino, Daniel Lovera y otros-está la intención de proteger de la "usurpación de identidad digital", una nueva figura penal, que podría darse a partir del uso de la imagen o nombre de una persona en redes sociales. La propuesta, más allá de su noble propósito, parecería confundir la naturaleza de la parodia con la intención de cometer un delito. La parodia, parece ser necesario aclarar, es, sin más, una de las formas en que se denuncia la crisis del discurso político y los puntos en que se resquebraja. Confundir esta intención con la que puede estar detrás de una estafa, un acoso o cualquier tipo de fraude o bien es negligente o bien supone la más peligrosa ignorancia.

Al Código Penal quiere incorporarse como delito el solo hecho de imitar la identidad de otra persona, calificando para una pena de un mes a un año de prisión y multas de 20 a 200 mil pesos. Como varias organizaciones de derechos civiles han denunciado en una carta al Senado, esta propuesta más que ampliar derechos corre el riesgo de limitar la libertad de expresión, incluso superponiéndose a situaciones contempladas en la legislación vigente.

En la actualidad no es delito en nuestro país asumir la identidad digital de otra persona, aunque esto pudiera constituir una violación de los términos y condiciones de plataformas como Twitter, Instagram o Facebook. Quien considere que su identidad ha sido suplantada en pocos pasos puede hacer la denuncia ante la plataforma, que suele dar de baja la cuenta rápidamente. Justamente para indicar que una cuenta de interés público era legítima es que se incorporó el "tilde azul" que indica que la misma fue verificada por la plataforma y así distinguirla de sus fakes o parodias.

La motivación aparente de los senadores es evitar la confusión del público frente a las cuentas fake. Es por esto que además establecen como agravante que la persona cuya identidad es copiada sea una persona pública, como un político o una celebridad. Esto, señala Javier Pallero, activista y coordinador de políticas públicas de Access Now, va en contra de estándares de libertad de expresión que son los que habilitan la sátira política, por ejemplo. En democracia, las personas públicas y en particular los políticos, deben tolerar un umbral más alto de críticas que el resto de los ciudadanos y la práctica de parodiarlas está garantizada incluso por tratados internacionales firmados por la Argentina.

En efecto, los recursos, tanto legales como técnicos, para pedir que se deje de usar la imagen de una persona suplantando su identidad ya existen y no necesariamente implican criminalizar a quien lo hace. Si bien Facebook e Instagram no permiten cuentas paródicas, en Twitter están contempladas y deben cumplir con ciertos requisitos, como indicar explícitamente su naturaleza.

En el peor de los casos, si desde una cuenta que suplanta cierta identidad se provoca un daño a la imagen o al honor de la persona imitada, se puede recurrir, con los recursos legales vigentes, a que se pague por ese daño y se cierre la cuenta. Y si a su vez una cuenta falsa cometiera un delito (como calumniar, hostigar, estafar, etc.) esa conducta ya está tipificada en el código penal y el estado puede perseguir a quienes delinquen con herramientas ya existentes.

En lo que las organizaciones de derechos están de acuerdo es que la expansión del derecho penal -esto es, la facultad del Estado para la persecución- es innecesaria. Si efectivamente una cuenta falsa se utilizara para cometer un delito, debe ser ese otro delito el que debe perseguirse y no el mero hecho de la suplantación de identidad.

El riesgo que se corre es el de habilitar nuevos abusos de poder. Al incorporarse nuevos delitos el riesgo de la aplicación negligente es muy alto, y aún más cuando se trata de delitos en el ámbito digital donde las condiciones de aplicación pueden ser ambiguas o incluso no reflejar correctamente las prácticas de uso de las plataformas. De más está decir que la combinación del derecho penal con los asuntos de opinión no suele llevar a buen puerto.

En resumen, la idea de tipificar los fakes a nivel legal es una respuesta excesiva que corre el riesgo de ir en contra de la libertad de expresión y otros principios democráticos. Asimismo, es una respuesta que se superpone a recursos legales existentes para lidiar con los posibles delitos que se busca penar. A nivel práctico, implica un desgaste los escasos recursos disponibles para la investigación de delitos en internet, además de que difícilmente soluciona el problema de raíz. Si la preocupación, como señaló Pichetto en una de las reuniones de comisiones, es la de evitar que los usuarios se confundan, esta es cuando menos una respuesta excesiva sino directamente absurda.

Curiosamente, es el hecho de que la parodia genere incomodidad uno de los principales motivos por los cuales la necesitamos más que nunca. Frente a situaciones que muchas veces parecen surgir de una parodia pero son tan reales como estrafalarias, es la sátira un componente esencial de nuestros procesos democráticos. Si la parodia está presente en el discurso público desde hace milenios y esto antes que una amenaza fue indispensable a su fortaleza, el tipo de soluciones que debemos buscar debemos encontrarlas fuera de las amenazas de castigos.

Si la parodia y la democracia nacieron a la par, mantener viva a una no es más que cuidar a la otra.

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