Una ola que ha puesto a prueba las instituciones de la región

El Lava Jato provocó la apertura de investigaciones en distintos países de América Latina; en muchos casos, los procesos reflejan las limitaciones de la Justicia

9 de septiembre de 2018  
Crédito: Shutterstock
Por Jailton Carvalho y Patrick Camporez (O Globo). Para La Nación

BRASILIA

Desde que Odebrecht firmó un acuerdo de lenidad con la Justicia de Estados Unidos, en el cual sus ejecutivos confesaron haber pagado 788 millones de dólares en sobornos entre 2003 y 2014 para conseguir contratos en 11 países de América Latina y de África, la Operación Lava Jato provocó temblores políticos en varios países latinoamericanos. El impacto no fue mayor porque en varias naciones de la región falta independencia y estructura de las instituciones judiciales que podrían investigar las denuncias.

Las sacudidas más fuertes fueron en Perú, donde Odebrecht llegó a ser la mayor empresa extranjera en el país. El escándalo ocasionó la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y juicios penales contra otros dos expresidentes. El caso también produjo cambios en las leyes peruanas, que incorporaron la delación premiada.

Otra consecuencia de la confesión de los ejecutivos de Odebrecht que pagaron 29 millones de dólares en sobornos en Perú fue la creación, dentro del Poder Judicial, de un sistema especializado en casos de corrupción de funcionarios públicos. Ese sistema comenzó a funcionar en marzo y se encarga de los juicios penales por delitos cometidos por funcionarios públicos, entre ellos los del caso Odebrecht.

Fugados

En Panamá, donde tres ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado sobornos por 86 millones de dólares, el caso llevó a que dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli se fugaran a Estados Unidos, ambos acusados de recibir coimas. En abril, la Cancillería panameña solicitó a Estados Unidos la extradición de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.

Quien también huyó a Estados Unidos en el intento de escapar de la Justicia fue Manuel Baldizón, excandidato presidencial en Guatemala, implicado en el caso del pago de 18 millones en sobornos de Odebrecht para conseguir el contrato de ampliación de una ruta que es la principal vía de acceso del país hacia el Sur de México y a El Salvador. Otro político prófugo es Alejandro Sinibaldi, exministro y también excandidato presidencial. El Ministerio Público guatemalteco está avanzando en los juicios penales y logró el bloqueo de bienes de los procesados por la corrupción de Odebrecht.

En Colombia, las autoridades judiciales iniciaron juicios ni bien recibieron las primeras informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según las autoridades norteamericanas, los sobornos de Odebrecht en Colombia eran de 11 millones de dólares, pero la investigación del Ministerio Público colombiano concluyó que serían mucho mayores. Hoy existen sobornos documentados por un valor de por lo menos 32,5 millones.

En la Argentina, los ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado 41,9 millones para obtener varios contratos de obras públicas, aunque una investigación de la nacion elevó esa cifra a por lo menos 59 millones. Las revelaciones del Lava Jato tuvieron un impacto enorme en el país, aunque se esperan consecuencias mayores para cuando el Poder Judicial argentino reciba la información brindada por los doleiros (cambistas ilegales) brasileños. En este momento, los fiscales argentinos, que han llegado a un primer acuerdo con sus pares brasileños, esperan el arribo inminente de información detallada sobre el pago de coimas por parte de Odebrecht en la Argentina.

El caso de Odebrecht ya produjo otros cambios en la legislación de la Argentina. Con apoyo del Gobierno, el Congreso argentino aprobó el año pasado una ley de responsabilidad corporativa que permite el juicio a personas jurídicas.

En Ecuador, donde Odebrecht pagó 33,5 millones en sobornos, la reacción de rechazo a la corrupción por parte de la sociedad civil, manifestada principalmente por medio de las redes sociales, produjo el despido de varios funcionarios del gobierno del presidente Lenín Moreno. Los funcionarios acusados de estar involucrados en el esquema de corrupción eran allegados a exintegrantes del gobierno del expresidente Rafael Correa.

En República Dominicana, la reacción a las denuncias de corrupción de Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina surgió sobre todo de la sociedad y generó uno de los fenómenos sociales más importantes de la historia reciente del país: el movimiento Marcha Verde, que realizó grandes manifestaciones populares en contra de la corrupción.

En El Salvador, el avance de las investigaciones también ha sido lento y aún no se sabe si el expresidente Mauricio Funes será procesado por haber recibido de Odebrecht 1,5 millones para su campaña presidencial en 2008, en la cual su asesor fue el brasileño João Santana. Funes se exilió en Nicaragua.

Resistencias

Según los especialistas, México fue otro de los países donde la falta de un Ministerio Público independiente del poder político contribuyó a que las investigaciones no avanzaran favorablemente. Allí fue creado un Sistema Nacional Anticorrupción y un Sistema Nacional de Transparencia, cuya prioridad es prevenir casos de corrupción, pero no se conocen resultados penales de las investigaciones de la Procuraduría General de la República sobre el accionar de Odebrecht en el país. La reacción a las denuncias surgió principalmente de los medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil.

En Brasil, que cuenta con un Ministerio Público fuerte e independiente a nivel federal, entidades de defensa de jueces, delegados y fiscales identificaron al menos cuatro iniciativas en el Parlamento brasileño que tendrían como objetivo desacelerar las investigaciones sobre corrupción. Entre las propuestas, consideradas parte de un no declarado paquete anti Lava Jato, están una nueva ley sobre abuso de autoridad, prohibición de arrepentimiento de imputados presos, blindaje a estudios jurídicos, restricciones a conducciones coercitivas y el fin de la prisión en segunda instancia. Los proyectos están en trámite en el Congreso brasileño.

El proyecto de una nueva ley de abuso de autoridad castiga a los jueces por excesos en las investigaciones criminales. Por este proyecto, los jueces que decreten prisión a investigados sin una debida fundamentación legal, estarán sujetos a la destitución y hasta a la detención. Para Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, director de Asuntos Legislativos de la Ajufe (Asociación de Jueces Federales de Brasil), la propuesta expone a los jueces a un riesgo innecesario. "Si un juez decreta la prisión preventiva a un investigado, y esta prisión es revocada por un tribunal, ese juez estará sujeto a investigación y hasta puede ir preso", afirma Alves.

El país más atrasado en las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht es Venezuela, donde ninguna investigación fue abierta a pesar de que 32 contratos de obras que estaban designadas a la constructora brasileña, estén pendientes de ejecución en el país. "La poca información que ocasionalmente sale a la luz nos dice que los fiscales encargados de la investigación no hicieron su trabajo", dice Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. "Si lo hacen, es de forma absolutamente secreta, porque nadie sabe nada".

Con información de medios del GDA y colaboración de La Prensa de Panamá, Prensa Libre de Guatemala y El Día de República Dominicana. Traducción: Oscar Vilas (El País, Uruguay)

"Todavía queda mucho por investigar": Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, afirma que muchos países tratan de minimizar el caso; entre ellos, el suyo

Fuente: LA NACION
Por José Gregorio Meza (El Nacional/Venezuela)

CARACAS

"Odebrecht es el caso más grande de corrupción del que tengamos memoria", señala Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, capítulo venezolano de Transparencia Internacional, quien afirma que todavía no se ha descubierto ni de lejos su verdadero alcance. "Y no lo digo solo por Venezuela, donde no se ha investigado nada después de que salió la fiscal Luisa Ortega Díaz y su equipo, sino también por toda Latinoamérica, en la que todavía queda mucho por poner en claro. Por ejemplo, en República Dominicana tampoco pasa nada, a pesar de las multitudinarias protestas que lleva a cabo la sociedad civil desde hace meses. La Justicia, sin embargo, parece estar bastante influenciada por el Poder Ejecutivo. Hay una larga lista de países donde se está tratando de minimizar el caso, lo que nos parece muy grave".

¿Dónde se ha avanzado más en las investigaciones?

-El país que más ha avanzado después de Brasil es Perú. Tiene investigaciones por lavado de dinero contra tres expresidentes: Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala. También están investigando al expresidente Alan García y a la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

-¿Cuál es el país más rezagado?

-Venezuela. No hay nada abierto y nadie sabe nada de eso. Allí el caso está cerrado y en República Dominicana no terminan de abrirlo. Lo que es terrible es que el caso sirve para ver en qué países hay sistemas de administración de justicia independientes y autónomas que se preocupan por el impacto de la corrupción y en qué países no.

-¿Por qué el Estado venezolano no investiga el caso?

-Obviamente, cuando la Justicia se queda callada en un caso de estas magnitudes es porque el poder está involucrado y no quiere que se investigue. Nosotros citamos en el Informe Corrupción 2017 una larga lista de personas que tuvieron responsabilidad en la firma de los contratos con la empresa.

- ¿Hay algún modo de desenmascarar esa trama?

-Esos casos tienen impacto internacional y la información va a salir a la luz pública no necesariamente porque en Venezuela se investigue. Lo sucedido con Odebrecht es crimen organizado, y abre la posibilidad de tener a la justicia transnacional detrás de estos casos.

- ¿Mejora en la región la lucha contra la corrupción?

-Lentamente. Algunos países han incorporado planes de gobierno abierto, otros crearon órganos de transparencia y lucha contra la corrupción, y se han aprobado leyes de acceso a la información. En Venezuela, al contrario, no solo no avanza sino que el retroceso ha sido brutal.

- ¿Qué espera su ONG de los países de la región?

-Que las fiscalías y los tribunales de América consideren los casos de corrupción de Venezuela y el impacto que también tiene en sus Estados. Esperamos que publiquen información que señale a los corruptos y que utilicen la justicia internacional para castigar los delitos.

- ¿Y en Venezuela?

-Deseamos que la gente tome conciencia de cómo impacta la corrupción, que es la causa de la crisis, de que no haya medicamentos ni alimentos, de que nos esté matando la inseguridad. Se tiene que hacer todo para que eso se acabe lo antes posible.

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