La trama de corrupción que implicó a nueve expresidentes de América Latina

Lava Jato. El affaire brasileño provocó un temblor regional y el inicio de investigaciones que llegaron hasta lo más alto del poder político en muchos países del continente

9 de septiembre de 2018  

O Globo (Brasil). Para La Nación

En abril de 2015, Odebrecht ostentaba el título de mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y ganancias récord. Con el avance de las investigaciones contra la corrupción iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava Jato, la empresa eligió el camino de las colaboraciones judiciales y causó temblores en el escenario político latinoamericano al confesar sus crímenes de corrupción en diez países de la región.

Hoy, tres años y medio más tarde, el número de presidentes y expresidentes investigados en el continente da una medida del alcance de las maniobras de la empresa: al menos nueve exmandatarios de la región están en la mira de las autoridades de sus países, y un presidente ya perdió su cargo.

Para el fiscal del ministerio público federal brasileño Roberson Pozzobon, que integra el equipo de trabajo de la Operación Lava Jato en Curitiba, si antiguamente las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, hoy el escenario cambió. "Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con países más próximos geográficamente, como en América Latina, o incluso en Asia", afirmó.

Pozzobon dice que antes el triunfo de las organizaciones criminales era el lavado de dinero en el exterior, fuera del país de origen, para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en "un verdadero talón de Aquiles" para los criminales.

En Brasil, el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es el mayor símbolo que encierran las investigaciones. El exmandatario fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un departamento reformado por la constructora OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el departamento o actuado a favor de la compañía.

El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la Justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre temas de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito. El empresario reveló información que generó otros juicios contra Lula, en los que el expresidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casa quinta en Atibaia, ciudad del interior de San Pablo y en que la empresa es acusada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa dice que la casa quinta no está registrada a su nombre y niega haber cometido delitos. En relación al otro caso, dice que el instituto fue instalado en otro lugar y que Odebrecht no participó en su creación.

Las denuncias de Odebrecht implicaron a todos los expresidentes vivos de Brasil. Los juicios que contenían citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso.

En Perú, cuatro expresidentes son investigados por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo fue acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos por la obra de la Carretera Transoceánica. En febrero de 2017, un juez dictó su prisión preventiva. Como Toledo está en los Estados Unidos, la fiscalía pidió su extradición. Aún no hubo respuesta de parte de las autoridades norteamericanas.

Alan García es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea de metro de Lima: habría facilitado que la constructora ganara la licitación.

Ollanta Humala fue acusado, junto a su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Estuvo nueve meses en prisión preventiva, antes que la Justicia revocara la medida a fines de abril.

Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, fue el único en perder su cargo. Renunció en marzo, sospechado de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro.

En Colombia, las investigaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al expresidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados bajo sospecha de recibir dinero de Odebrecht en sus campañas de 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal.

Hay dos denuncias contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, presentadas por un legislador. En tanto, el exvicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre, a 6 años de prisión y a pagar una indemnización de 7,5 millones. Está acusado de recibir 3,5 millones de Odebrecht a través de pagos hechos a un tío, según la acusación.

Acusado de recibir 1,5 millón de dólares de Odebrecht en su campaña para la presidencia en 2008, el expresidente de El Salvador Maurício Funes está exiliado en Nicaragua.

La Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra sus presidentes o exmandatarios, aunque se han ventilado transferencias irregulares de Odebrecht a políticos y funcionarios de estos países y hay causas judiciales en curso.

Con información de medios del GDA y colaboración de La Prensa de Panamá, Prensa Libre de Guatemala y El Día de República Dominicana. Traducción: Oscar Vilas (El País, Uruguay)

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