La justicia del ajuste injusto

Reducir el peso del Estado y limitar su estructura a la carga soportable no es una opción, sino una necesidad para que el edificio no se derrumbe
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9 de septiembre de 2018  

¿Quién puede señalar a un empleado público en particular y decir con certeza que merece ser despedido? La inmensa mayoría de quienes se refugian de la tormenta recesiva bajo el paraguas tutelar del Estado son personas comunes, que intentan sobrevivir y mantener a sus familias desde algún escritorio con teléfono, papel membretado y sellos fechadores. Casi todos tienen una alta estima por su trabajo diario, se levantan temprano, cumplen con sus horarios y vuelven a su casa con la noble sensación del deber cumplido. Ninguno de ellos cuestiona la utilidad final de las tareas que realiza, pues ello compete a los legisladores, quienes aprueban cada año los presupuestos respectivos. Nadie les dice, ni les ha dicho, que en muchos casos sus trajines afanosos son pompas de jabón, afanes improductivos, ahíncos que empobrecen al conjunto. Y que podrían tener un final abrupto, si una crisis económica obligase a reducir los gastos del Estado. De alguna forma, han sido engañados por jefes que ya no están, por parientes con influencias caducadas o por punteros marchitos.

No todos los sueños colectivos pueden plasmarse en organismos públicos, fondos especiales o subsidios surtidos para llevarlos a cabo. El grado de desarrollo de un país condiciona su capacidad para satisfacer los anhelos de bienestar que sus habitantes desean o proclaman, como derechos adquiridos.

Finlandia ha sido elegida el "país más feliz del mundo", y se destaca por la calidad de su educación y la confianza entre sus habitantes, que explican su nivel de prosperidad y también de seguridad. No alcanza con otorgar nivel ministerial a propósitos voluntaristas, como el Ministerio de la Felicidad, en Venezuela o en Nigeria. En Finlandia, esa repartición no existe y son los más felices del planeta. Nuestro país es un ejemplo de fracaso a pesar de que el gasto público llegó a alcanzar casi la mitad del PBI para mejorar la vida de la gente. Se edificó un ogro filantrópico repleto de jubilados sin aportes, planes sociales, energía subsidiada y transporte gratuito, sin el cimiento finlandés de educación y confianza.

El Estado argentino debe alimentar a millones de personas con los escasos frutos que rinde una sociedad descompuesta por la improductividad y la corrupción.

El amplio mapa de deseos argentinos es extenso y ocupa toda una mesa de trabajo, pero en el centro se encuentra clavado un compás que traza el círculo de nuestras verdaderas posibilidades. Allí figuran campañas de salud, programas educativos, becas para científicos, inversiones ambientales, atención a grupos vulnerables, integración de pueblos originarios, radarización de fronteras, edificios para tribunales, equipamiento policial, informatización de escuelas, planes de viviendas, cloacas y agua potable, combate del narcotráfico, reformas administrativas y tantísimas otras acciones en letra grande y en letra chica. Sin embargo, muchísimos de esos anhelos quedan fuera del trazo del compás presupuestario, cuyo radio de giro se ha ido reduciendo en la misma proporción que el crecimiento del gasto .

Hemos destruido las instituciones, malversado oportunidades, consentido distorsiones, tolerado abusos, permitido "aprietes" (sindicales y de Guillermo Moreno), soportado "cartelizaciones", ignorado denuncias veraces y aplaudido extravíos populistas. Como consecuencia, ahora tenemos un país angustiado por el presente y preocupado por el mañana. La bajísima productividad del esfuerzo argentino no puede soportar sobre sus hombros ni una fracción de las prestaciones públicas ofrecidas en los países de sólido capital social, con ciudadanos honrados e industrias competitivas.

Para que todo el edificio no se derrumbe es indispensable reducir el peso y limitar la estructura a la carga soportable. Eso no es una opción, sino una necesidad. Cuando nadie quiere financiar nuestros excesos, salen los capitales. Aumento del riesgo país, de la tasa de interés y de su contrincante, la cotización del dólar. El populismo prefiere ignorarlos, pues son los índices que miden sus desvaríos.

Hemos señalado que "al Estado hay que merecerlo". Si la sociedad argentina quiere un amplio abanico de prestaciones públicas para "comer, educar y curar" en forma gratuita y eficaz, ampliando el radio de giro del compás presupuestario, debe apoyar la convocatoria presidencial para reducir el gasto y recrear la confianza. Es la única forma de evitar que el ajuste se realice solo, sin prioridades ni contemplaciones. No hay otro camino para comenzar a transformar un círculo vicioso en un círculo virtuoso.

Como hemos señalado oportunamente, el número de empleados públicos en los niveles nacional, provincial y municipal ha pasado de 2,3 millones a 3,6 millones entre los años 2001 y 2016. Esto representa un incremento del 56%, cuando la población total en el mismo período aumentó en poco menos del 20%. Es tan solo un indicador del desproporcionado crecimiento de la administración pública en todo el país.

Uno de los argumentos más escuchados para seguir demorando el necesario ajuste del sector público es que no es factible desprenderse de tantas personas por el enorme costo social, medido en términos de desempleo, que traería aparejada semejante medida. Sin embargo, es posible hacerlo con los necesarios amortiguadores sociales para facilitar una adecuada transición desde el sector público a un empleo de calidad en el sector privado, brindando incentivos impositivos a empresas que estén dispuestas a tomar a empleados del Estado o instrumentando programas de retiro voluntario que resulten atractivos para estos.

Cuando los gobernadores o los socios de Cambiemos o la oposición reclaman un ajuste más "equitativo", no advierten que se trata de un proceso dinámico y no de una situación estática, en la que se "saca al rico para darle al pobre" por una sola vez. Para generar riqueza como un flujo permanente, las actividades más competitivas son las únicas capaces de poner doble tracción a sus ruedas y sacar del barro al carro del gasto público con casi todos sus beneficiarios adentro.

La equidad del corto plazo, oyendo los reclamos individuales para evitar el costo político de una reforma, es una manera solapada de condenar a toda la sociedad a la miseria en nombre de una ética solidaria impotente para generar prosperidad. Como aquel plañido ingenuo del entonces ministro Pugliese, quien pretendía manejar una crisis financiera con el corazón y le respondieron con el bolsillo.

El ajuste no puede ser hecho con el corazón, sino con visión de estadista. Es otro capítulo la morigeración de efectos colaterales para proteger a quien debe ser protegido. La severa reducción de estructuras estatales dará la señal para que crezca el empleo, se paguen mejores sueldos y se recauden más impuestos para docentes y enfermeras, jubilados y pensionados.

¿Es más "equitativo" exigir que las empresas tiren más del carro para no bajar a nadie de él? Comparadas con los jubilados, los pensionados, los empleados o los desocupados, tienen mayor capacidad patrimonial que estos. Pero el ajuste requerido no es un esfuerzo por única vez, para salir de un pozo. Se trata de alinear en forma definitiva el sistema de incentivos para que la Argentina sea sustentable en el largo plazo. No debe reemplazarse la baja del gasto imponiendo mayores costos, porque se profundizará la causa del fracaso populista. Lamentablemente, no basta con detectar "ñoquis" incumplidores o excluir a "militantes" revoltosos.

Cuando apoyemos la reducción de gastos en serio, en la Nación, las provincias y los municipios, eliminando reparticiones obsoletas, "ravioles" con cargos estrafalarios, organismos que destruyen valor en lugar de crearlo o, simplemente, que no son prioritarios en la emergencia, la confianza impulsará nuevamente el ingreso de capitales, restableciendo el crédito, aumentando el empleo, el consumo y el optimismo.

La propuesta de un ajuste "equitativo" tiene parentesco ideológico con el garantismo penal. Si se analizan la situación de cada imputado, su historia personal y sus condicionamientos sociales, nunca corresponderá el castigo y siempre la absolución. De la misma manera, si el ajuste exige evaluar si cada persona "merece" o no continuar en su empleo, aunque su repartición sea superflua o impagable, solo cabrá esperar hasta que el próximo shock externo haga su tarea.

El ajuste fiscal tiene ribetes dramáticos porque implica múltiples sacrificios individuales en aras del bienestar de la sociedad en su conjunto. Es así la naturaleza de la acción política.

Son responsables del drama argentino quienes impulsaron en forma irreflexiva, para ganar elecciones, las jubilaciones sin años ni aportes, la duplicación del personal provincial o municipal, el abandono de empresas en manos de sindicatos, los subsidios a la energía y el transporte, la expansión del clientelismo y los planes sociales descontrolados.

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