Citarán a más empresarios y exfuncionarios en la causa de los cuadernos

El juez Bonadio se encamina a firmar los procesamientos de los principales acusados; el fiscal Stornelli apunta a otros ejecutivos del transporte y de la construcción Fuente: LA NACION Crédito: Silvana Colombo
10 de septiembre de 2018  

La primera fase de la investigación judicial de los cuadernos de la corrupción llega a su fin. El juez federal Claudio Bonadio se encamina a firmar los procesamientos de sus principales protagonistas, mientras el fiscal Carlos Stornelli ultima los detalles para iniciar la segunda fase, con las citaciones de más empresarios y exfuncionarios, adelantaron fuentes tribunalicias a LA NACION. Esa segunda etapa incluirá a algunos de los empresarios más poderosos de la Argentina, como también podría alcanzar a allegados del presidente Mauricio Macri y a referentes de la construcción, el transporte y las concesionarias viales, entre otros.

Entre los investigadores debaten qué táctica implementar en la próxima redada: si repetir la senda de la primera fase y solicitar múltiples arrestos, con la esperanza de que dispare una nueva estampida entre los empresarios o, por el contrario, seguir otro camino que descoloque a los acusados. Dos de ellos devenidos arrepentidos -el financista Ernesto Clarens y el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner- trazaron un mapa posible de los nombres de las compañías y los empresarios que podrían integrar la segunda fase.

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Wagner enumeró qué constructoras integraron el llamado "club de la obra pública" desde 2002 o 2003: Losi, Chediak -cuyo dueño ya se volcó al régimen del arrepentido-, Vial Agro, Fontana, Vialco, Micastro, Marcalba, Equimac, Coarco, Cartellone, Perales, Aguiar, Adelmo Biancalini y, por último, Iecsa, la firma de los Macri que recién en 2007 pasó a manos de Ángelo Calcaterra, primo del presidente.

Por su parte, Clarens entregó un listado con detalles sobre centenares de obras públicas, el precio al que se adjudicó cada licitación y el detalle de cada una de las compañías beneficiarias.

Más de 100 empresas están mencionadas en ese archivo comprometedor.

Clarens entregó un listado con detalles sobre centenares de obras públicas Fuente: Archivo

Así, cada constructora afronta una situación distinta en los tribunales. Algunas serán convocadas por primera vez. Otras ya se encuentran bajo la mira judicial en otros expedientes. Como Cartellone, por ejemplo, que ya integra el capítulo argentino del Lava Jato. Entre otros motivos, porque formó un consorcio junto a Odebrecht, Benito Roggio e Hijos y Supercemento, para la construcción de una planta potabilizadora de agua para AySA, obra en la que arrepentidos brasileños confesaron que se pagaron sobornos y por la que el juez federal Sebastián Casanello ya dictó procesamientos.

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La situación de Cartellone

Para Cartellone, sin embargo, allí no se acaban los problemas judiciales. Entre otros motivos, porque Clarens, en su afán de ser aceptado como arrepentido y reducir así su condena, habría identificado al menos diez obras en las que participó esa empresa y en las que se pagaron sobornos, según reconstruyó LA NACION.

Sin embargo, desde Cartellone negaron haber participado en delito alguno.

"Somos una empresa transparente, rechazamos lo que declaró Wagner o cualquier otro arrepentido y ya nos hemos puesto a disposición de la Justicia", indicó la empresa a través de su vocero.

Por fuera de los nombres que Wagner arrojó a los fiscales, en tanto, quedó la constructora Rovella Carranza, que recibió contratos por casi $ 17.000 millones durante once años del gobierno anterior, hasta colocarse entre las diez empresas más beneficiadas con la obra pública kirchnerista. En particular, de la mano del hoy también exfuncionario arrepentido José López.

Tal era la interacción entre Rovella Carranza, López y el verdadero responsable de Vialidad Nacional durante aquellos años, Sandro Férgola, que entre sus competidores cimentó la leyenda de que ambos exfuncionarios, López y Férgola, controlaban parte de las acciones de la constructora, algo que Mario Rovella negó a LA NACION.

"Jamás tuve algún tipo de relación societaria con López o con Sandro Férgola. Tampoco la empresa que fundé, y que ya no conduzco desde hace cuatro años, Rovella Carranza, tuvo alguna relación societaria ni con López ni con Férgola", precisó, para luego indicar que "la empresa trabajó y trabaja siempre dentro de la ley".

Mario Rovella confirmó, en tanto, que conoció "personalmente a Clarens y a Férgola", a quienes definió como "los interlocutores por el lado del gobierno", con lo que ubicó al financista, que jamás ocupó un cargo público, en una posición inapropiada.

El fiscal Stornelli y sus colaboradores también debaten por estas horas si deben convalidar el pedido que la Oficina Anticorrupción (OA) presentó ante el juez Bonadio para ser aceptada como querellante y colaborar en la investigación o si, por el contrario, prefiere que se la rechace, dado que depende del presidente Macri.

"Hay empresas que son o fueron de la familia Macri y que están potencialmente en la mira", indicaron a LA NACION desde los tribunales federales de Comodoro Py. "Aceptar a la OA como querellante podría colocarnos a todos en una situación incómoda. Veremos qué vamos a hacer", indicaron.

Allí no se acaban las decisiones que por estas horas deben tomar el fiscal Stornelli y el juez Bonadio. Porque también definirán si convocan otra vez a algunos empresarios y altos ejecutivos que ya se acogieron al régimen del arrepentido, pero que ahora se determinó que no contaron todo lo que sabían o aportaron información sesgada, como mínimo.

Esos empresarios y ejecutivos podrían encontrarse en una situación aún más comprometida que otros acusados. ¿Por qué? Porque el artículo 276 bis que se insertó en el Código Penal con la figura del "imputado colaborador" fija una pena de entre 4 y 10 años de prisión para aquel que como arrepentido "proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos".

Clarens, Wagner y el también exfuncionario devenido "arrepentido" Claudio Uberti coincidieron en otro dato de extrema valía para los investigadores que abrirán una segunda fase de citaciones. Por separado, coincidieron en que los sobornos comenzaron mucho antes de lo que el exchofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno volcó en sus cuadernos a partir de 2005. Y en que los pagos ilegales no solo fueron en concepto de supuestos "aportes de campaña".

Otras pistas

En paralelo, hay varias líneas nuevas de investigación. Una de ella tiene que ver con el entorno de la expresidenta Cristina Kirchner. Los investigadores saben que los bolsos viajaban a Santa Cruz por los relatos de varios arrepentidos y por el testimonio del expiloto presidencial Sergio Velázquez.

En ese sentido se pondrá especial atención en determinar qué pasaba cuando los bolsos bajaban de los aviones que los transportaban.

Finalmente, también será el momento de hacer números. Desde la AFIP llegaron dos oficios con una treintena de declaraciones juradas de varias de las empresas, los empresarios y los exfuncionarios que son parte de la causa.

Pero eso será después de que se determine qué delitos se le imputa a cada uno. De eso dependerá la libertad o la prisión de muchos.