Legislar para una educación sexual integral

Muchos proyectos no respetan el deber y el derecho de los padres de educar a sus hijos según las propias convicciones y el espíritu de los colegios que eligen
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11 de septiembre de 2018  

Como reverberaciones del tratamiento de la ley de legalización del aborto, tanto en el ámbito nacional como en varios distritos han cobrado fuerza proyectos de normas sobre educación sexual en un esfuerzo por encauzar situaciones evitables desde la experiencia, la información y el conocimiento. Sin embargo, a caballo de estas buenas iniciativas se montan algunos contenidos controvertidos y que deberían razonablemente atravesar el sano debate que imponen cuestiones tan serias y delicadas. Muchos de los proyectos en estudio no respetan el deber y el derecho de los padres de educar a sus hijos según las propias convicciones y el espíritu de las instituciones educativas elegidas por ellos.

En junio pasado, sin despacho de comisión y sobre tablas, impulsada por el legislador Guillermo Kane, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, diputados bonaerenses aprobaron la inclusión de la educación sexual integral, obligatoria, "científica, laica y con perspectiva de género" en establecimientos de gestión estatal y privada, con espacio curricular propio y contenidos transversales en las distintas asignaturas, en todos los niveles y modalidades. El proyecto ya tomó también estado parlamentario en el Senado bonaerense. Propone un abordaje "laico, científico y crítico de toda perspectiva religiosa, oscurantista, opresora, discriminatoria y coercitiva". Por cierto, los adjetivos elegidos son elocuentes y reflejan el espíritu de la norma. Coincidimos en la necesidad de laicismo en tanto apartado de creencias religiosas, pero hemos de exigir que no sea contrario a los dictados de la única ley que no se puede violentar: la ley natural.

El proyecto propone crear un organismo de aplicación de la ley, que integrarían, además de funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación, lo cual sería en principio apropiado, los "centros de estudiantes, sindicatos docentes, representantes de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual y de género", lo cual resulta irrazonable. Se nos ocurre proponer numerosos candidatos a integrar dicho organismo mucho más calificados que los previstos en el proyecto, pero lo que más asombra es la falta de toda mención sobre la comunidad educativa, formada por padres y maestros, considerados los más idóneos para decidir sobre la educación sexual de los chicos en edad escolar. Es en ese ámbito donde mancomunadamente ambos deben trabajar en educación sexual y evitar así una de las principales consecuencias de la falta de información: los embarazos no deseados. Desde luego, contando con el asesoramiento de médicos, psicólogos, psicopedagogos, guías espirituales de los cultos que correspondan o profesores de ética que contribuyan a las mejores decisiones en la materia, sin que por ello deba tildárselas de caer en actitudes discriminatorias, aun cuando no debieran limitarse a instituciones con claro sesgo en cuestiones de ideología de género y reproducción.

El martes pasado ingresaron en la Cámara de Diputados de la Nación varios proyectos modificatorios de la ley que, en 2006, creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). Se busca declarar de orden público la norma para que los contenidos curriculares sean de aplicación obligatoria en todas las escuelas privadas o públicas de los distritos, ya que actualmente solo 9 de los 24 han adherido. Se elimina también la posibilidad de que cada institución adecue los contenidos a su ideario institucional y se propone actualizar el ESI a leyes posteriores, como las de identidad de género, matrimonio igualitario, parto respetado y eliminación de la violencia contra las mujeres, entre otras.

Que las normas dejen de lado principios discriminatorios no debe obligar a todos a converger en postulados reñidos con las propias convicciones. El respeto debe garantizar la convivencia. Los denominados "nuevos colectivos" no pueden imponerse violentando a aquellos miembros de esa misma sociedad que no los acepta como modelos para sus hijos. Una vez más, pareciera que ciertos grupos intentan imponer ideologías disfrazadas de progresismo, amparándose en una pseudodefensa de la diversidad y, al hacerlo, precisamente vulneran la diversidad de pensamientos.

La ley ESI de 2006 puede considerarse razonable, prudente y respetuosa. Se la diseñó como obligatoria, pero de aplicación gradual y progresiva, con respeto a las modalidades de cada jurisdicción y con intervención de la comunidad educativa. En particular, dispone que estas deberán contemplar la "adaptación a las propuestas de su realidad sociocultural, en el contexto de su ideario institucional, y las convicciones de sus miembros".

A 12 años de aquella sanción, lamentablemente el programa se encuentra desarticulado. Es así que su aporte a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de métodos anticonceptivos para no llegar a embarazos no deseados, tantos de ellos adolescentes, no está alcanzando los efectos deseados. Una consulta de Unicef realizada entre alumnos, padres y docentes, en 2017, sobre aquel programa y la heterogeneidad de las experiencias confirmó un consenso sobre la necesidad de esta iniciativa. Por su parte, al hablar de educación sexual los jóvenes realizan interpretaciones diversas, muchas ligadas a su cuestión biológica y otras más multidimensionales, abiertas a incorporar contenidos y problemáticas no solo asociadas con profilaxis y reproducción.

Algunas de las modificaciones de la norma propuestas sorprenden por su marcada tendencia a desarrollar una ideología extraña y lejana, desligada del respeto a la individualidad, al libre albedrío, a los principios de la Convención de los Derechos del Niño y a los derechos de los padres a la educación de sus hijos contemplados entre los deberes y derechos previstos en la responsabilidad parental, tal como la contempla el nuevo Código Civil de la Nación.

Los proyectos en análisis reflejan estar más preocupados por difundir una toma de posición sobre la "opresión, explotación y violencia entre las personas" que por brindar conocimiento y herramientas tan necesarios como útiles a los jóvenes. Alguno incluso manifiesta un totalitarismo ideológico al proponer "quitar la posibilidad de adaptar los contenidos de capacitación a la realidad sociocultural, al ideario institucional y a las convicciones de los miembros de las instituciones educativas". Además, torna obligatoria la incorporación de los contenidos curriculares a todas las jurisdicciones, lo cual modifica lo dispuesto por la ley ESI. La educación sexual no debiera ser nunca una excusa para el adoctrinamiento ideológico, sino un complemento indispensable de la educación general, que contemple muy especialmente el conocimiento, el respeto y la capacidad de defensa del propio cuerpo y su intimidad.

Sorprende también la falta de respeto por los idearios y convicciones de distintas comunidades geográficas y culturales, así como el que corresponde a grupos de pensamiento que deseen contar con una educación sexual afín a ellos. Es un derecho de los chicos ser educados personalizadamente, en el ambiente en el que han nacido y vivido, con los valores de su familia. No puede enseñarse sobre la sexualidad sin contemplar el mundo afectivo integradamente.

No debieran caber distinciones respecto de la enseñanza del principio de que nadie tiene derechos sobre el propio cuerpo de los educandos, sin eufemismos ni disfraces de ninguna naturaleza, creando conciencia sobre la amenaza de que alguien pretenda vulnerar esa dignidad de alguna condenable forma.

Una ley en esta materia no se logra con discursos o contenidos ideológicos. Los jóvenes deberían recibir todas las herramientas de las que pueden disponer para que libremente y a conciencia puedan vivir su sexualidad de manera responsable, integrando para ello su afectividad y los valores que el respeto por el propio cuerpo recomiendan y merecen.

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