El impuestazo como política recurrente

Fernando Laborda
Fernando Laborda LA NACION
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10 de septiembre de 2018  • 00:01

Bien sabe Mauricio Macri que la inestabilidad en materia tributaria y el permanente cambio en las reglas de juego no ayudan a la previsibilidad económica ni a la generación de confianza inversora. Sabe también que la presión impositiva de la Argentina se ubica entre las más elevadas del mundo y que quienes no evaden terminan pagando impuestos propios de los países escandinavos con prestaciones del Estado propias de un país subdesarrollado.

Desde el principio de su gestión, el actual Presidente se propuso disminuir gradualmente el déficit fiscal con el fin de ir bajando los impuestos y favorecer la inversión productiva. En reiteradas ocasiones lo explicó y dio varios pasos en ese sentido, tales como la baja de las retenciones a las exportaciones y la progresiva reducción del tributo sobre los Bienes Personales hasta su pronta eliminación. En la negociación con los gobernadores provinciales de fines del año pasado, también se logró un consenso fiscal para que las provincias bajaran impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos.

Sin embargo, tras el fracaso del gradualismo y la crisis de financiamiento que obligó a recurrir al FMI, la Argentina de Macri parece retornar al mismo lugar de donde salió. Es el famoso corsi e ricorsi del que nos habló el filósofo italiano del siglo XVIII Giambattista Vico, para quien la historia no avanza de manera lineal empujada por el progreso, sino en forma de ciclos que se repiten y que determinan avances y retrocesos.

Sin ir más lejos, todo indica que el principio de acuerdo que están a punto de alcanzar el gobierno nacional y la amplia mayoría de los gobernadores provinciales para que éstos avalen los lineamientos del proyecto de ley de presupuesto 2019 que impulsa la Casa Rosada contiene dos concesiones que implicarán más impuestos. Por un lado, se postergaría por un año más la baja de Ingresos Brutos o de Sellos, a la que se habían comprometido los mandatarios de las provincias. Por otro lado, se subiría del 0,25% al 1% el impuesto sobre los bienes personales de los argentinos en el exterior, pese a que la disminución de ese tributo había sido uno de los anzuelos para que muchos ingresaran al blanqueo de capitales concluido en 2017.

El otro impuesto que vuelve, y que ya anunció el Gobierno, es el de las retenciones a las exportaciones, que implicará pagar hasta cuatro pesos por cada dólar de los productos y servicios que se comercialicen al exterior.

"Una dañina particularidad de la Argentina son las crisis recurrentes. Más dañino aún es que para salir de los episodios traumáticos se apela a impuestos muy distorsivos que son planteados como transitorios, pero que generalmente devienen en permanentes", señala un flamante informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

El trabajo recuerda que a principios de los años 90 la crisis justificó la creación del impuesto a los Bienes Personales , que se superpuso con impuestos patrimoniales que cobraban las provincias. A fines de esa década, con argumentos parecidos, se creó el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. A comienzos de la década del 2000 otra crisis justificó la creación del Impuesto al Cheque y unos diez años más tarde una nueva crisis derivó en el impuesto a los dividendos. Ahora, lo acordado en el compromiso fiscal de 2017 quedará también para más adelante y quedará la duda acerca de si las "horribles" nuevas retenciones a las exportaciones, en la propia definición del presidente Macri, serán temporarias o permanentes, aunque el hecho de que se trate de un tributo en pesos sobre un ingreso en dólares hace pensar que alguna vez terminarán licuándose en medio de las recurrentes devaluaciones de nuestra moneda.

De acuerdo con Idesa, con una gestión más profesional del IVA, que aproximara a la Argentina a los niveles de eficiencia tributaria de Chile, se podrían haber evitado la actual crisis y los nuevos impuestos.

En efecto, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la Argentina apenas se recauda el 46% de la recaudación potencial, mientras que en Chile la recaudación efectiva alcanza al 64%. Implica esto que si la Argentina mejorara su eficiencia recaudatoria hasta reducir a la mitad la brecha con Chile, su recaudación de IVA aumentaría en 280 mil millones de pesos anuales. Una cifra equivalente a la que el Ministerio de Hacienda proyecta conseguir con el nuevo impuesto a las exportaciones.

La propuesta del Gobierno de déficit fiscal primario cero para 2019 reconoce un menor esfuerzo del sector público por bajar el gasto que el que harán algunos contribuyentes con más impuestos. De acuerdo con los anuncios hechos recientemente por el ministro Nicolás Dujovne , los gastos operativos del Estado sólo se reducirán en un 0,2% del PBI por encima de lo previsto originalmente; otro 0,7% provendrá de una menor inversión en obras públicas, en tanto que un 1,1% del PBI se proyecta ganar con las retenciones al sector exportador.

Más impuestos y menos obras públicas puede ser una ecuación equivalente a mayor recesión, según economistas como Agustín Monteverde, quien pronostica que si las noticias que lleguen en los próximos días desde Washington son muy buenas, servirán en el mejor de los casos para comprar cierta calma hasta las elecciones presidenciales de 2019, sin poder predecir lo que ocurrirá después.

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