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Bienes de funcionarios y escrutinio ciudadano

Es elogiable el fallo que consideró inconstitucional la ley que restringe el acceso a información vital sobre el patrimonio de quienes ocupan cargos públicos
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13 de septiembre de 2018  

El reciente fallo de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, firmado por los jueces Jorge Alemany y Guillermo Treacy, por el que se declara la inconstitucionalidad de la ley sancionada en 2013 que restringió fuertemente al acceso público a una parte vital del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios es digno de elogio. Constituye un paso indispensable en el camino de la consolidación del derecho de acceso a la información pública, del que deben gozar todos los ciudadanos.

La sentencia de ese tribunal es la respuesta a un amparo presentado por la organización no gubernamental Poder Ciudadano contra el Estado nacional para denunciar aquella modificación de la ley, realizada por el Congreso durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. ¿Qué se había dispuesto hace ya cinco años? La inadmisible restricción de información a la ciudadanía en cuanto a los bienes de los cónyuges, los convivientes y los hijos menores no emancipados de los funcionarios. Los datos sobre ellos eran derivados a un anexo reservado al que solo podía accederse mediante la orden de un juez.

Se garantizaba así otra repugnante ingeniería de ocultamiento de las posesiones de quienes no pueden con sus ingresos dar fe de los bienes que han adquirido. Los cuadernos de la corrupción, que tantas escandalosas irregularidades nos están confirmando en el manejo de la cosa pública durante el gobierno kirchnerista, no hacen más que desnudar este silenciamiento que parte de la dirigencia política siempre ha procurado para no dar cuenta de inexplicables enriquecimientos ilícitos y poder descargar parte de su patrimonio en familiares no sujetos al control ciudadano.

Esas últimas revelaciones ante la Justicia, que abonan con sus declaraciones exfuncionarios, empresarios y dirigentes sindicales que temen ir presos, entre otros tantos protagonistas del mayor saqueo al Estado de la historia de nuestro país, ponen en negro sobre blanco aquella espuria sociedad para el secretismo.

En su presentación, Poder Ciudadano entendió que esa restricción legal modificaba sustancialmente el régimen anterior de declaraciones juradas patrimoniales, en el que todos los funcionarios estaban obligados a hacer públicos no solo sus bienes, sino también los de sus esposos e hijos que de ellos dependan. También consideró que iba en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en virtud de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y que constituía un retroceso tanto en el reconocimiento del derecho humano de acceso a ella como una modificación al principio fundamental de no regresividad, es decir, la prohibición de adoptar políticas, medidas y, en general, normas jurídicas que signifiquen un retroceso en la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución nacional.

Con precisión y fundada certeza, el tribunal de alzada sostuvo en su sentencia que no advirtió ni encontró justificada esa restricción en la información pública, por cuanto no se trata de exigir la divulgación de "datos sensibles ni información destinada a identificar bienes o cuentas bancarias, sino información que cumpla con los estándares y las obligaciones del Estado en aplicar medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establece la ley".

No se concibe, en otras palabras, que una ley sobre transparencia en la función pública torne secretos datos esenciales para el control ciudadano. Se la podría explicar -aunque obviamente jamás justificar- en el terror de muchos de sus impulsores y defensores a quedar expuestos ante la mirada de la ciudadanía, especialmente de aquellos que durante muchísimo tiempo contaron con la protección de jueces que accedían a cerrar con inusitado apuro causas por corrupción.

Haber restringido, como se lo hizo en 2013, el acceso público de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios constituyó un enorme retroceso. Esos informes no pueden ser objeto de retaceo u ocultamiento y sus cifras deben ser comprensibles para el ciudadano común.

Es hora de terminar con el culto al secreto y a la mentira; con la complicidad que ha permitido durante tantísimos años permanecer impunes a funcionarios que han usado al Estado para su beneficio personal; con el batallón de testaferros que han dado su nombre para que funcionarios pudieran ocultar sus bienes mal habidos ante la sociedad.

No hay más margen para mantener esa oscuridad. Los bienes de los funcionarios no deben ser invisibles al escrutinio público. Tampoco los de sus familiares. En ese sentido, la sentencia de la Cámara es señera y retoma el rumbo del que nuestro país, lamentablemente, se había desviado.

Como bien dice el fallo, "la transparencia en la función pública se encuentra íntimamente asociada con la prevención y la lucha contra la corrupción".

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