Polémica en Mendoza por la venta del instituto Próvolo a la municipalidad

Más de una docena de personas se encuentras detenidas por los casos de abuso a chicos sordos
Más de una docena de personas se encuentras detenidas por los casos de abuso a chicos sordos Fuente: Archivo
Pablo Mannino
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12 de septiembre de 2018  • 23:26

MENDOZA.- El escándalo de los abusos sexuales de niños sordos en el Instituto Próvolo de Mendoza ingresó en otra controversia. Ahora, la Municipalidad de Luján de Cuyo, departamento donde se encuentra la entidad, decidió comprar el edificio y el predio donde cursaban los chicos sometidos a los vejámenes. La intención oficial es transformar el lugar del horror en el nuevo palacio cívico comunal, en una exclusiva zona residencial. Por la causa, están detenidos dos sacerdotes, dos monjas y siete directivos.

De esta manera, la iniciativa impulsada por el intendente Omar De Marchi, principal referente del Pro en Mendoza, ha generado malestar entre vecinos, familiares de las víctimas y políticos de la oposición, quienes consideran que se debería expropiar el predio ubicado en calle Boedo 385 y no destinar fondos. Ya hay intenciones de iniciar acciones legales para que se dé marcha atrás.

En una sesión especial en el Concejo Deliberante, el Ejecutivo comunal logró este miércoles el aval para realizar la transacción. La comuna, en negociaciones previas con los administradores del Próvolo bajo la Fundación Obra de San José, consiguió que el inmueble -de unas 9 hectáreas- sea comercializado a un valor significativamente menor a la tasación real. Es decir, Luján de Cuyo pagará 153 millones de pesos por un sitio que cuesta 700 millones. El primer pago se acordó en 60 millones de pesos, mientras que el resto se abonará en cuatro cuotas en dólares.

La diferencia notable de valores responde a una explicación concreta, que quedó expuesta en la ordenanza que fue aprobada con 8 votos a favor y dos en contra. "La falta de fondos a partir de la clausura de las actividades que se desarrollaban en el establecimiento ha producido un daño inconmensurable, al borde del quebranto por no contar con ningún tipo de asistencia de ayuda económica. El dinero que reciba la Obra San José podrá destinarse a hacerle frente a futuros reclamos judiciales de las víctimas de los abusos, así como también a los reclamos laborales de los ex trabajadores del establecimiento". Asimismo, se aclara, frente al reclamo que ya han manifestado los abogados de las víctimas, que "los fondos provenientes de la transacción se constituirán en un fideicomiso con el que la parte vendedora deberá garantizar que los mismos quedarán afectados al pago de los reclamos presentes y futuros de la José". De esta manera, se espera que los letrados querellantes inicien acciones legales.

Las críticas desde sectores políticos comenzaron a hacerse presentes en las redes sociales. "Gravísimo. De Marchi quiere pagarle 150 millones de pesos a la asociación ilícita de abusadores, torturadores y violadores de menores, propietaria del Próvolo. La Legislatura de Mendoza debe impedirlo y expropiar sin cargo esas instalaciones", indicó en Twitter Lautaro Giménez, senador del Frente de Izquierda. En este punto también coincidió tiempo atrás la vicegobernadora Laura Montero y el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, quien reclamó que el sitio se convierta en el "museo del horror".

El resonante caso fue elevado a juicio en mayo. Aunque aún se desconoce la fecha de inicio del debate, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que los cuatro imputados en la causa principal deberán sentarse en el banquillo de los acusados. Se estima que recién el año que viene se desarrollará el juicio.

Los sacerdotes Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (56), líderes de la institución, así como los exempleados Jorge Bordón (50) y Armando Gómez (46) tendrán que responder por más de una veintena de hechos denunciados en su contra, lo que motivó el inicio de la investigación a fines del 2016, la cual ha sido liderada por el fiscal Gustavo Stroppiana. Por su parte, Mendoza también colabora en la investigación por las denuncias de abusos perpetrados en la sede de la institución en La Plata.

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