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Más denuncias contra el psicólogo de Córdoba detenido por extorsionar a pacientes

Marcelo Bazán lleva 45 días preso y en la Justicia Federal siguen receptando denuncias.
Marcelo Bazán lleva 45 días preso y en la Justicia Federal siguen receptando denuncias. Crédito: Facebook
Gabriela Origlia
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13 de septiembre de 2018  • 19:44

CÓRDOBA. Sigue sumando denuncias el escándalo desatado en Córdoba por el caso contra el psicólogo Marcelo Bazán y su fundación, Dolto . Él está detenido desde hace 45 días en un expediente que tramita en el fuero provincial por amenazas y extorsión agravada. En paralelo, la fiscal Graciela López de Filoñuk analiza la existencia de una supuesta trata de personas y hasta de abusos sexuales.

"Sigo recibiendo denuncias y ordenando medidas que las avalen", dijo la funcionaria a LA NACIÓN. Los familiares de las eventuales víctimas de Bazán y de su fundación -una organización en la que instrumentaban, según los testimonios, prácticas coercitivas- plantearon a este diario su "preocupación" porque, a su criterio, las causas "no avanzan" y porque "se demoran" las citaciones a quienes quieren dar su testimonio.

Bazán quedó detenido a comienzos de agosto por orden de la fiscal de Río Segundo Patricia Baulíes, quien luego se apartó de la causa. La denuncia por extorsiones y amenazas la hizo la madre de N, un joven que empezó tratándose como paciente en la fundación y terminó definiéndose como su "discípulo" y mencionando a Bazán como su "padre".

A nombre de N. aparecen algunas propiedades en donde atendía la fundación. Llegó de España esta semana -había viajado con Bazán y las parejas de ambos y allí se desató un conflicto-, y ya declaró ante el nuevo fiscal, Diego Fernández de Alta Gracia. LA NACIÓN se comunicó con la fiscalía, donde plantearon que no se pueden divulgar novedades porque rige el secreto de sumario hasta la próxima semana. Bazán y tres de sus colaboradores siguen presos en el cárcel de Bouwer.

Cuando el vínculo entre N. y Bazán se rompió, el psicólogo empezó a amenazarlo, según el testimonio del joven, a través de mensajes de audio. En uno de ellos -como publicó LA NACIÓN- le dijo "sólo servís como abono" y le advirtió que le haría "la vida imposible" .

La madre de N. se presentó ante la Justicia debido a las amenazas "permanentes" y las extorsiones para que pasara todo el patrimonio de la familia a manos de la fundación. Bazán es psicólogo recibido y matriculado en el Colegio de Psicólogos de Córdoba (MP 2235); su fundación tenía la central en Nueva Córdoba y "franquicias" en otros puntos de Córdoba, Villa Carlos Paz y Salta . Todos los locales fueron clausurados por el Ministerio de Salud de la provincia cuando se desató el escándalo.

Ola de denuncias

Los diferentes testimonios recogidos por la Justicia dan cuenta de presuntos abusos por parte de Bazán en presencia de su última pareja, la tercera. También, de "escraches" en Facebook con perfiles falsos donde se mostraban fotos íntimas de pacientes; relatos de cómo se obligaba a algunos pacientes a consumir alcohol y cocaína, y presiones para que tomaran créditos y le entregaran el dinero a la fundación.

También existe la presunción de que "obligaba" a recetar determinados medicamentos a profesionales médicos a los que tenía bajo una relación laboral. Antes de la fundación Dolto, Bazán tuvo otra, de nombre Doxa. La estructura estaba diversificada entre una red de consultorios de salud mental, cursos virtuales para la formación de profesionales y para desarrollo personal y una academia de apoyo para universitarios.

La hipótesis es que Bazán actuaba con una "organización" base en la que había "cooptado" a unos 25 "discípulos" quienes, a su vez, trabajaban con él para "estafar" a otras víctimas. "Los primeros también son víctimas y terminan siendo victimarios porque actúan obligados", apunta a LA NACIÓN Pablo Salum, de la Red LibreMentes, que ayuda a víctimas y a familiares de organizaciones coercitivas y es querellante en esta causa.

La intención de las familias y de las víctimas es que la defensora oficial las represente en la causa; buscan que se les aplique la ley de asistencia a víctimas de delitos aprobada este año. "Hemos tenido reuniones con la Defensoría General de la Nación para tratar de avanzar; hay mucho dolor y angustia en la gente y temor a presentarse. No es una situación simple, pero estamos decididos a avanzar".

Los querellantes reclaman que también sea investigada la conducta del Colegio de Psicólogos porque, sostienen, intentaron hacer denuncias numerosas veces y en la entidad los desalentaban. Desde la institución sostienen que están dejando actuar a la Justicia.

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