Piquetes de la extorsión

Resulta inadmisible que la calle se use para boicotear medidas de gobierno y conculcar derechos ciudadanos
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14 de septiembre de 2018  

Las múltiples protestas callejeras con innumerables cortes de tránsito que tuvieron lugar anteayer, principalmente en el centro porteño, han vuelto a exceder de manera manifiesta y provocadora el derecho constitucional de peticionar a las autoridades.

Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), ATE, la CTA Autónoma, Suteba, el Frente de Izquierda y agrupaciones de actores fueron algunos de los grupos que lideraron las protestas, a las que se sumó la colocación de ollas populares en distintos puntos de la ciudad y también en la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora Vidal acababa de anunciar un aumento del 15% en los haberes correspondientes a jubilaciones mínimas, asignaciones familiares y programas alimentarios orientados a los sectores más vulnerables.

Varias son las razones que nos llevan a afirmar que se ha excedido el derecho de peticionar ante las autoridades. La primera: que, lejos de haberse interrumplido las negociaciones entre el Gobierno y los manifestantes, el diálogo siempre se mantuvo abierto, al punto de que el mismo día de las marchas se había abonado uno de los dos pagos adicionales anunciados por el presidente Macri para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. La segunda: que no hay dudas de que fue una protesta orquestada desde varios sectores para dar aviso de que el caos irá creciendo. Fueron más de seis horas en al menos diez puntos de la ciudad de Buenos Aires durante las cuales se afectaron gravemente derechos de otras personas a circular libremente, a trabajar, estudiar e, incluso, a ciudar de su salud. Tercero: ha quedado muy clara la intencionalidad política de muchos sectores de la oposicion de profundizar el lógico malestar que la población percibe frente a la innegable crisis que atraviesa el país, reconocida por las propias autoridades.

Ha sido lamentable la falta de una condena política a semejante conculcación de derechos a buena parte de la población que, aun padeciendo los mismos problemas económicos o incluso mayores, pretendía seguir cumpliendo con sus obligaciones cotidianas.

Resulta inexplicable que las fuerzas de seguridad y la Justicia Contravencional del distrito no hayan podido evitar ese copamiento total del espacio público, de manera de garantizar los derechos de todos los ciudadanos por igual. La problemática que plantean los piquetes y los cortes de calles no debería transformarse en inacción. Es necesario poner un límite al desborde cotidiano. Medir la solución con la vara del costo político que implica hacer respetar la ley no admite ningún tipo de justificación. Es inadmisible que en este punto se siga mirando para otro lado.

Las marchas de anteayer fueron convocadas y organizadas por movimientos sociales, piqueteros, sindicatos, docentes y sectores de izquierda que reclaman desde aumentos salariales, dar de baja las negociaciones con el FMI y más planes de asistencia, hasta un lugar en la mesa de discusión del presupuesto de gastos de la administración nacional entre el Poder Ejecutivo y los legisladores.

Por estas horas resulta habitual escuchar a distintos referentes sociales amenazar con una escalada de marchas si las autoridades no dan respuesta a la variada cantidad de reclamos que les realizan. Del mismo modo, hay quienes agitan el fantasma de saqueos -organizada y políticamente, algunos ya han intentado ponerlos en marcha en varios puntos del país-, y están también los que convocan a un paro nacional para dentro de 11 días.

En democracia, la política se debe hacer en las instituciones, no en la calle.

Hoy, cuando el Gobierno y la oposición en nuestro Congreso se aprestan a empezar a transitar la senda hacia la sanción del próximo presupuesto nacional, es un momento más que oportuno para dialogar de buena fe, con el objetivo de cimentar grandes acuerdos frente a la problemática económica y social que apremia al país.

No hay actitud más mezquina que la del actor Dady Brieva, quien hace pocos días deseó públicamente que el actual gobierno se quede hasta el final para que "a todos nos vaya mal" y, de esa manera, no tenga chances de seguir más allá de 2019.

Resulta lamentable que desde sectores de la oposición se retaceen apoyos para salir de la crisis, montados en aquel viejo y destructivo apotegma de "cuanto peor, mejor".

No se puede extorsionar al Estado para que acceda a demandas de todo tipo sin tener en cuenta las posibilidades de respuesta del propio Estado, que ha llegado a la situación en la que está, por décadas y décadas de una verdadera incultura organizativa y de funcionamiento, cuyas bases se han asentado siempre en el derroche, la acción político-prebendaria, las prácticas corruptas y los excesos de todo tipo.

Reconocer el punto de partida para enfrentar la crisis es fundamental y corresponde, en primer lugar, a nuestra dirigencia tomar conciencia de ello.

Ni el Estado ni la sociedad pueden aceptar convertirse en rehenes de barras bravas de la política, del gremialismo o de movimientos sociales o políticos, provengan del lugar que provenieren.

Diálogo, sensatez y madurez para hacer frente a la crisis. Cualquier otra salida no hará más que profundizarla.

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