Movilidad y reparación, dos temas jubilatorios en la Corte Suprema

Bajo la nueva presidencia, el tribunal tendrá en sus manos al menos dos decisiones que tienen en vilo al Gobierno
Bajo la nueva presidencia, el tribunal tendrá en sus manos al menos dos decisiones que tienen en vilo al Gobierno Fuente: Archivo
Silvia Stang
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16 de septiembre de 2018  

Bajo la presidencia del juez Carlos Rosenkrantz, que desde octubre reemplazará a Ricardo Lorenzetti en ese cargo, la Corte Suprema de Justicia tendrá en sus manos al menos dos decisiones vinculadas al sistema previsional, sobre cuestiones específicas de mucha importancia a los ojos del gobierno de Mauricio Macri.

Uno de esos temas es el análisis de la constitucionalidad o no de la ley de movilidad, que fue aprobada a fines de 2017 en medio de fuertes protestas sociales y que, para este año, significa un ahorro para las arcas fiscales. El caso está en el tribunal supremo desde los últimos días de agosto, cuando la sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social aceptó dar lugar a un recurso extraordinario, tras los pedidos de las dos partes en conflicto.

Hay dos cuestiones bajo análisis respecto de cómo se hacen las actualizaciones periódicas de los haberes jubilatorios, del salario familiar y de las prestaciones sociales. Ante la demanda presentada por el abogado y exfuncionario de la Anses Miguel Ángel Fernández Pastor, un fallo de segunda instancia avaló, por un lado, el cambio de la fórmula. Pero, a la vez, cuestionó que la nueva norma se haya aplicado ya en marzo de este año.

Por dos votos contra uno, la sentencia concluyó que esto último implicó una aplicación retroactiva de la ley, porque el período considerado para tomar las variables que se utilizan en el cálculo del porcentaje del aumento, había transcurrido mientras estaba vigente la vieja normativa. Entonces, se le ordenó a la Anses recalcular la movilidad del tercer mes de este año (solo para quien hizo el juicio en cuestión), usando la fórmula anterior. En tal caso correspondía en marzo un alza del 14,6% (según el litigante, porque no se difundió un dato oficial sobre este índice). En cambio, el Gobierno otorgó un 5,71% en marzo y otro 5,69% en junio, en función del resultado de la nueva fórmula, lo que da una suba nominal acumulada (comparable con el 14,6%) de 11,72%.

La nueva fórmula, que surge de la ley 27.426, prevé sumar el 70% de la inflación y el 30% de la variación del índice salarial Ripte, todo referido a un trimestre y con un rezago de seis meses respecto del momento en que se aplica la suba. Así, la recomposición de marzo se calculó mirando lo ocurrido con esas dos variables entre julio y septiembre de 2017. Los ajustes son ahora de frecuencia trimestral, a diferencia de los que se disponían antes, que eran semestrales.

Tras la sentencia de la sala 3, la Anses presentó su apelación, en defensa del uso del nuevo índice ya desde marzo. Y la parte demandante también apeló, insistiendo en su pedido de que se declare la inconstitucionalidad del régimen en su totalidad.

El otro tema previsional sobre el que el Gobierno tiene la atención puesta en la Corte Suprema está relacionado con la reparación histórica. Hay un cambio que desde la Anses pretenden que los jueces del tribunal dispongan, en cuanto a la manera de ajustar los haberes cuando existe una sentencia favorable al jubilado.

Por el plan de reparación histórica, la Anses recalcula los ingresos jubilatorios que, según se reconoce, estuvieron mal determinados desde el inicio, y/o tuvieron actualizaciones insuficientes (esto último, principalmente en el período 2002-2006). Y se les ofrece a los jubilados el ingreso mensual reajustado que surge de hacer esa cuenta (y un retroactivo, solo para quienes tenían juicio); si la persona acepta, renuncia a continuar con su reclamo judicial (si lo tiene) o a iniciar uno (si no lo había hecho).

El conflicto planteado en la Justicia se refiere a qué índice se usa para el reajuste (en el caso de la determinación del primer haber jubilatorio, es el índice para actualizar el valor histórico de los últimos 120 salarios, que integran la fórmula). Lo que busca el Gobierno es que haya una decisión de la Corte para que los jueces previsionales dejen de lado el índice con el cual se ordenó calcular cada reajuste en los últimos años y, en cambio, adopten el que está previsto en la reparación histórica (el Ripte).

En la mayoría de los casos se logran ingresos mensuales más elevados con el índice usado por la Justicia. Varios jueces de primera instancia aceptaron ya el pedido de la Anses, pero la sala 2 de la cámara de apelaciones rechazó la pretensión oficial. Los jueces de esa sala, en la causa del jubilado Carmelo Di Mario, dieron lugar a un recurso extraordinario y, desde entonces, el tema está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

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