Nadie quiere poner un peso para la campaña

Francisco Olivera
Francisco Olivera LA NACION
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15 de septiembre de 2018  

El empresario hace un gesto socarrón. "Que venga ahora el gordo a pedirme guita para la campaña", dice, delante de LA NACION. Está pensando en las múltiples ramificaciones que puede tener la causa de los cuadernos de Oscar Centeno y, en particular, en un experimentado recaudador de la política bonaerense. Esa parece hasta ahora la única certeza que deja el escándalo que investiga Claudio Bonadio : los comicios del año próximo serán los más austeros de la historia argentina, no tanto por la recesión sino por los reparos que tendrán los hombres de negocios al momento de meter la mano en el bolsillo.

Está pasando ya en Brasil. Según reveló días atrás un trabajo de los periodistas Gustavo Uribe y Marina Dias para Folha de Sao Paulo, los ocho principales partidos que competirán en las elecciones del 7 de octubre gastarán, todos juntos, apenas el 45% de los fondos que el PT utilizó para una sola candidata, Dilma Rousseff, en la contienda de 2014. El Lava Jato fue un antes y un después. Un cambio de reglas que, si se revisa la página del Partido de los Trabajadores ( www.pt.org.br ), depara además detalles conmovedores. Abajo, a la izquierda, el interesado brasileño se encontrará con el apartado "Haga su donación", que lo conducirá a las opciones para aportar mensualmente o por única vez a la campaña. En el PT la siguen llamando "Vigilia Lula libre", aunque cambiaron el orden de los nombres: Fernando Haddad, único autorizado por la Justicia para competir, encabeza en los afiches la fórmula a la que se le agrega simbólicamente al líder preso, Luiz Inacio Lula da Silva. La cantidad de donaciones, que se pueden hacer en dólares o en reales y avanzaban ayer muy displicentemente en el transcurso de la tarde, llegaba al cierre de esta edición a 10.217.

El patrocinio o la coima no son más que un costo

Estos nuevos hábitos merecen en realidad una justa aclaración. Además de un pasaporte a la cárcel o a la quiebra, el Lava Jato representó para muchos empresarios brasileños la excusa perfecta: no siempre, o casi nunca aportan para las campañas por gusto, sino como resguardo. Es una lógica común a América Latina. Corporaciones como el frigorífico JBS en Brasil o la Sociedad Química y Minera en Chile, dos de los casos regionales que terminaron en la Justicia, financiaban siempre a más de una fuerza: no hay en el mundo de la política y los negocios peor funcionario que un excandidato despechado. El patrocinio o la coima no son más que un costo.

Bonadio está a punto de procesar a varios empresarios argentinos. La última pesadilla de todos ellos fue la declaración de Ernesto Clarens, principal asesor financiero de Néstor Kirchner, que aportó una lista de nombres. Si es que se trató de una asociación ilícita, rumbo al que parece destinada la investigación, no habrá prácticamente ningún inocente, razona el establishment. A estas penurias judiciales habría que agregarles una económica: el compendio de condenas, reticencia de bancos a financiar proyectos y funcionarios a firmarlos y multas millonarias que seguramente vendrán por defraudaciones al Estado pondrán a muchos al borde del cierre. "El sector está en su peor momento: lo soplás y se cae", dijeron ayer en una contratista.

Clarens habló de 450 emprendimientos y 160 empresas, la mayoría de las cuales es de porte mediano o pequeño. La magnitud del poder del ejecutivo es hasta ahora la diferencia más visible entre las detenciones de Bonadio y las de su par brasileño, Sergio Moro. El Lava Jato empezó a cobrar cabal dimensión y velocidad a mediados de 2015, cuando Moro envió a Marcelo Odebrecht, el contratista más grande de la región, a una cárcel común. Pocos anhelos vuelven más locuaz a un empresario que el de recuperar la libertad.

El otro contraste con Brasil es estructural. Cuando vino a la Argentina, Moro explicó que nada de su trabajo habría sido posible sin el respaldo de todo el Ministerio Público Fiscal brasileño, una institución prestigiosa y desprovista de sospechas. Ambas investigaciones, la de Moro y la de Bonadio, coinciden de todos modos en el rol que las respectivas sociedades les han asignado: el de refundar un sistema enquistado desde hace décadas y cuyos actores no cuestionaban ni aun estando en desacuerdo. Es inevitable que semejante cambio de paradigma se dé de modo traumático, y que sus primeras víctimas sientan incluso que son tratadas de manera injusta y desproporcionada. Un dirigente del fútbol recordaba ayer la irrupción de Javier Castrilli en el arbitraje, con partidos que terminaban con varios expulsados y penales que hasta ese momento no se habían cobrado jamás. "Nadie avisó", recordó sonriente. "Es muy difícil aplicar la ley en un ámbito en el que todos transgreden", explicaba entonces Castrilli, a quien el fútbol terminó devorándose: aquella escuela arbitral no prosperó.

Es inevitable que semejante cambio de paradigma se dé de modo traumático, y que sus primeras víctimas sientan incluso que son tratadas de manera injusta y desproporcionada

El desafío argentino vuelve a ser que el sistema no le gane a la implosión. La causa es un arma de doble filo para el gobierno de Macri, que se atribuye haber logrado la mejora institucional para que explote, pero que tampoco está exento de sus alcances. La ocasión llama a la prudencia a oficialistas y opositores: casi todas las empresas, por lo pronto, trabajaron con municipios y provincias que seguramente tendrán algo que decir ante el juez. Un empresario de la obra pública se refería ayer con ironía a lo que interpretaba como celebraciones apresuradas del Gobierno: "Estos chicos no se dan cuenta de que un arrepentido puede perfectamente decir que le pagaba a Cambiemos".

La actual ley de financiamiento de campañas está lejos de aportar soluciones. Solo les permite a las empresas contribuir con fondos a los partidos durante períodos no electorales, y es improbable que el proyecto confeccionado por Cambiemos, que prevé modificar ese punto, tenga suficientes adhesiones para prosperar antes de octubre del año próximo. Si no se mejoran los controles para distinguir qué es exactamente publicidad de actos de gobierno y qué simple propaganda proselitista, los grandes beneficiados de la repentina cautela contributiva empresarial volverán a ser quienes tengan el Estado -municipal, provincial, nacional- detrás. Los oficialismos.

La Argentina llega además a la encrucijada en medio de un ajuste que, dadas las últimas negociaciones entre el Gobierno y la oposición, volverá a caer sobre los de siempre: asalariados y empresas que trabajan en blanco. Una campaña 2019 austera será entonces la tímida revancha de un sector privado que se siente observado y que, por una vez, podrá cobrarles la cuenta a los que en general sacan más de lo que aportan.

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