Superávit fiscal desde 2021, un compromiso necesario

Julio A. Piekarz
Julio A. Piekarz PARA LA NACION
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16 de septiembre de 2018  

No hay ahora exposición de economía que no empiece con las palabras: "Argentina gasta más que sus ingresos". Y desaparecidos el financiamiento y los dólares , esa expresión también forma parte de la política. Las incorporó el presidente Mauricio Macri , tardíamente.

Los déficit se financiaron anteriormente con ventas de activos, más impuestos, emisión y deuda. Ahora no hay con qué pagarlos. La presión tributaria es récord. La inflación destruyó la moneda y jibarizó nuestros mercados financiero y de capitales. Los inversores no quieren siquiera renovar los vencimientos. Y el Fondo Monetario Internacional (FMI), generoso rescatista, cerró para el Tesoro las puertas del Banco Central .

Haciendo, una vez más, de la necesidad temprana una virtud tardía, el Gobierno, en su enésimo cambio de metas fiscales, propone ir en 2019 a un déficit primario cero, y busca consenso en la oposición democrática. Para llegar desde el déficit previamente estimado para el año próximo, de 1,3% del PBI a la nueva meta, el ajuste recae en un 85% sobre las retenciones. Y, desde la meta anterior de 2,7 %, un 70% se basa en retenciones e inversión, el gasto más necesario.

Con esa nueva meta fiscal el gobierno busca que el FMI realce su asistencia, cuya primera versión no alcanzó para su objetivo central de convencer a los mercados, y fue, en parte, incumplida. Pero el camino no será tan sencillo, a pesar del enorme apoyo internacional, mérito ese sí del Presidente y su diplomacia personal.

El equilibrio primario deja al margen los intereses, que rozan el 3% del PBI. Incluso, si se excluye la deuda intrasector público, representan un sólido 2,3% del producto. Y la participación de este componente de las erogaciones comprometidas, que hay que seguir financiando, es creciente.

Pero hay un problema mayor. La deuda, luego de la devaluación ocurrida, subió a 84,7% del PBI y, si se excluyen los compromisos intrasector público, la cuenta da que se elevó al 53,7% del producto. Con un plazo medio de 9,3 años (2018), las amortizaciones anuales alcanzarían en promedio a 5,8% del PBI. Y requieren financiamiento.

Cuando se consideran las necesidades para afrontar los intereses y amortizaciones de la deuda, el déficit primario de 1,3% del PBI que ahora se busca llevar a cero, no es más que la punta del iceberg. Los países raramente cancelan deuda en términos netos. Normalmente, pagan los vencimientos periódicos con nuevas colocaciones ( roll over vía mercado). Pero, para ello, los mercados deben tener apetito por la deuda del país en cuestión. No es el caso de la Argentina hoy. Se requieren, entonces, sustitutos.

Y, además, se requieren dólares. El atraso cambiario terminó en un fuerte déficit en cuenta corriente del balance de pagos, financiado con el aumento neto de la deuda externa del Tesoro. Ausente ese financiamiento, el tipo de cambio buscará -caóticamente, como hasta ahora, o más ordenadamente- su nuevo valor de equilibrio, que aumenta el peso de la deuda y sus servicios. Esa es una de las consecuencias más serias del sinceramiento cambiario. Con el agravante de que también se necesitan los dólares para pagar vencimientos

En el corto plazo, el proveedor del financiamiento y de los dólares es el FMI, con quien se negocia una modificación del acuerdo por US$50.000 millones, para reasegurar que están cubiertas las necesidades financieras del Tesoro para 2019.

Pero FMI hay uno solo, en tanto que la vida, los intereses y los vencimientos, siguen. Para que los mercados vuelvan a demandar deuda argentina, necesitan que se aclare si la economía tendrá capacidad de generar dólares y si el Gobierno será capaz de dar cumplimiento a sus compromisos.

Pero el efecto de un tipo de cambio competitivo en la generación de dólares es algo que lleva algún tiempo. Y los mercados pueden tardar en volver a la Argentina. Se espera que el FMI apoye la transición adelantando a 2019 desembolsos que estaban previstos para 2020, y aportando un refuerzo adicional al monto total. Pero sería muy importante que, además, el FMI expanda el plazo de repago al tipo de plazo de sus facilidades extendidas, donde puede llegar hasta períodos de entre 4 años y medio y 10 años. Esto permitiría despejar algo el panorama para 2021 y 2022 cuando, de no haber replanificación, vencerían US$18.000 millones y US$24.000 millones de la asistencia, respectivamente.

Y, por su parte, la Argentina debe comprometerse a un déficit total cero en 2020 y, frente a los elevados vencimientos de deuda, a una meta de superávit fiscal total de 2% del PBI desde 2021, para poder atender casi un tercio sin colocaciones.

Si los mercados financiero y de capitales locales tienen un crecimiento razonable (a partir del bajísimo nivel actual de ahorro), entonces podrían, a partir de 2021-2022, absorber anualmente 0,5% del PBI de las amortizaciones de deuda. De este modo, solo un monto equivalente a 3% del producto (como máximo) debería renovarse externamente.

Y si los inversores se mostraran anticipadamente dispuestos a volver, los superávit acumularían un Fondo Preventivo de Liquidez, para asegurar la cobertura de vencimientos ante una situación de stress o crisis.

No hay otro camino para la Argentina. Está condenada a tener superávit fiscal por varios años. Esa es la venganza de décadas de despilfarro fiscal donde la política solo estuvo interesada en agotar las fuentes de financiamiento para el gasto improductivo y clientelar.

Por ello, también es necesario que las decisiones sobre financiamiento y administración de la deuda se adopten en un organismo independiente -sea el ministerio u otro ad hoc-, cuyo objetivo central sea alcanzar y mantener altas calificaciones para el crédito público, haciendo sentir a la política, junto con el Banco Central, el rigor de la restricción presupuestaria.

Los países emergentes con alta calificación crediticia tienen una relación entre deuda externa y exportaciones que es de entre 1 y 1,5 veces. La de Argentina es 4,3 veces y el 72,7% de la deuda es del Estado.

El autor es economista y exgerente del Banco Central

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