Autonomía universitaria extrema

Marcelo Rabossi
Marcelo Rabossi PARA LA NACION
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17 de septiembre de 2018  

A cien años de la Reforma de Córdoba, movimiento que encendió el foco que iluminó el camino transitado por gran parte de los sistemas de educación superior de América Latina, aprendimos las ventajas de la autonomía universitaria. Dicho levantamiento se plantó ante el todo poderoso Estado, e hizo escuchar su voz. De alguna manera, comprendimos que las instituciones de educación superior eran ya entidades adultas y responsables, y por lo tanto capaces de elegir a sus propias autoridades y establecer sus estatutos y programas de estudio, escuchando la voz de los propios estudiantes. Pensemos que, sin esa independencia, los caprichos políticos y ajenos a la vida universitaria interferirían sobre la plena realización de sus tres esenciales funciones: la de crear conocimiento, transmitirlo a partir de la docencia y acercarse a la sociedad a través de las actividades de extensión. Hasta aquí, nada que objetar y mucho que elogiar.

Por otro lado, y mirada con ojos más cautos, cabría preguntarse si la autonomía ejercida hasta sus extremos no llevaría a la universidad a convertirse en una entidad ajena a su entorno, sujeta a los caprichos de elementos internos que imponen sus ideas por sobre los deseos colectivos. Estaríamos entonces ante un cuerpo que se autorreproduce hasta mutar en un ente con características privadas; o algo así como la privatización de lo público. Bajo esta impronta, estaríamos ante una organización que nace y se desarrolla para satisfacer sus propias preferencias, o la de pocos, como lo que ocurre actualmente a partir de las tomas de facultades por parte de pequeños grupos fuertemente politizados. Esa conducta, amparada bajo el concepto de autonomía sustantiva (hago lo que quiero y de la manera que yo determino), genera una relación asimétrica entre universidad, sociedad y Estado, en la que este último queda indefenso y sin herramientas para planificar una política que vaya más allá de los intereses de algunos grupos que se arrogan la propiedad de la universidad pública.

Bajo este esquema, un sistema de educación superior presentaría una baja capacidad de articulación entre los distintos elementos que lo componen (sistema terciario y universitario, sector público y privado) así como una reducida probabilidad de satisfacer las necesidades sociales de la población, las científicas y las del sistema productivo. Pero además, se podrían generar grandes espacios para que la universidad transite por fuera de la ley. Entonces, ¿cómo se encuentra hoy nuestro sistema universitario?

La mayoría de nuestras instituciones universitaria públicas está al margen de la ley. Por ejemplo, pocas o casi ninguna concursa al 70% de los cargos docentes, como lo exige la ley. Asimismo, algunas de ellas, en connivencia con el poder de turno, han sido cómplices del mal manejo de fondos públicos. Por ejemplo, escondiéndose bajo la bandera que la autonomía les ofrece, fueron destinatarias de fondos utilizados en contrataciones directas para obras ajenas a la propia función de la universidad. Con evidentes sobrecostos y perjuicio para la sociedad toda, eludieron los controles que imponen los llamados a licitación pública. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) da fe de esas maniobras de corrupción. De igual manera, deberíamos preguntarnos si con sus planes de estudios actuales, prepara a la futura mano de obra para un mercado en el que se supone que más del 40% de los actuales trabajos van a desaparecer en los próximos 25 años.

Por otro lado, sería irresponsable y poco creíble explicar los malos manejos universitarios, su bajo "aggiornamiento" o sus crisis recurrentes producto de su condición autonómica. Autonomía es un concepto complejo y multidimensional. Autonomía implica libertad de cátedra y de pensamiento. Generar sus propias reglas en un espacio fértil y libre de extorsiones. Sin autonomía no hay universidad posible.

Sin embargo, a 100 años de la Reforma Universitaria que impulsó la autonomía de nuestras casas de estudio superiores, deberíamos repensar su concepto. Autonomía sin responsabilidad muta en anarquía, o en lo que Hardin definió como "la tragedia de los comunes". Hoy dicha tragedia se expresa a través de la toma de facultades nacionales, donde un grupo de alumnos y docentes, intentando imponer por la fuerza sus propias ideas, atenta contra el bien común de los cientos de miles de estudiantes y académicos cuyo simple objetivo es recibir, generar y trasmitir conocimiento para el bien de la sociedad toda.

Profesor full time de la UTDT. Especialista en Educación

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