Los cuadernos de las coimas: el peor día de Cristina Kirchner

Fernando Laborda
Fernando Laborda LA NACION
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18 de septiembre de 2018  • 01:45

La estrategia defensiva de Cristina Kirchner , basada en denunciar una persecución política, judicial y mediática, se cayó a pedazos. Y la aplicación de la llamada ley del arrepentido parece haber sido vital.

Es difícil sostener la existencia de una confabulación para llevar a la cárcel a la expresidenta de la Nación, cuando son tantos los testimonios y autoincriminaciones de exfuncionarios de su gobierno y de empresarios que proporcionaron un arsenal de información que conduce a una presunta asociación ilícita. ¿Pudieron haber mentido todos ellos para obtener una reducción de la pena y zafar por el momento de estar privados de la libertad? No sería imposible, pero es muy difícil que alguien que sea inocente se preste a ese juego. Por otro lado, si se comprobara que la información que aportan es falsa, los imputados colaboradores, más conocidos como "arrepentidos", no solo perderían el beneficio de la disminución de la condena, sino que podrían recibir una pena adicional de prisión de cuatro a diez años.

El procesamiento y pedido de prisión preventiva contra Cristina Kirchner que acaba de disponer el juez federal Claudio Bonadio se sustenta en la existencia de una "colusión" de funcionarios y empresarios. Esto es, un pacto ilícito en daño de un tercero, que hizo funcionar "una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado nacional".

Según el magistrado, "todo se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio de que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenara los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones". Bonadio cuestiona en su fallo el "discurso acomodaticio y cobarde" de esos empresarios, que pretendieron justificar el haber cedido a las presiones oficiales para "cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados".

El juez considera que como el dinero era entregadoa los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o a sus secretarios privados en el departamento porteño del matrimonio Kirchner ubicado en Uruguay 1306 esquina Juncal, en la residencia de Olivos y/o en la Casa de Gobierno, surge de las pruebas presentadas que Néstor y Cristina Kirchner eran quienes daban las directivas y órdenes para el desarrollo de las maniobras investigadas, amén de que resultaban los beneficiarios finales

Señala también el juez que los fondos pagados por el Estado por las contrataciones amañadas estaban "inflados" en perjuicio del conjunto de los argentinos y con el solo objetivo de enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos. Según los fundamentos del auto de procesamiento emitido por Bonadio, el producido de los sobornos era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral o vinculadas con la gestión política del gobierno y a comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo asociado a tareas de inteligencia. Pero indica que el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal el patrimonio de quienes, entre 2003 y 2015, ocuparon los más altos cargos de la República.

El juez considera que como el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o a sus secretarios privados en el departamento porteño del matrimonio Kirchner ubicado en Uruguay 1306 esquina Juncal, en la residencia presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno, surge de las pruebas presentadas que Néstor y Cristina Kirchner eran quienes daban las directivas y órdenes para el desarrollo de las maniobras investigadas, amén de que resultaban los beneficiarios finales.

Los abogados defensores de Cristina Kirchner sostendrán que nadie la habría visto recibiendo dinero ni la habría escuchado impartiendo órdenes para que se realizaran las maniobras delictivas denunciadas.

Los abogados defensores de Cristina Kirchner sostendrán que nadie la habría visto recibiendo dinero ni la habría escuchado impartiendo órdenes para que se realizaran las maniobras delictivas denunciadas

Respecto de la negativa expuesta por la expresidenta acusada sobre haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita o de haber cometido delito alguno, el auto de procesamiento afirma que, al haber ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional, resultó ser la máxima autoridad de la República entre el 10 de diciembre de 2007 y el 10 de diciembre de 2015, y es a partir de esa calidad especial enmarcada dentro de una organización delictiva enquistada en el seno mismo del Estado, que mal puede ser ajena a la asociación.

En tal sentido, el juez recurre a una doctrina enunciada por Claus Roxin, vinculada con los casos de dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder. Según este jurista alemán, especialista en derecho penal, un hecho puede ser dominado sin poner manos en su ejecución, al disponerse de un aparato que asegure la ejecución de órdenes, puesto que en ese supuesto, pese a que una persona falle, el aparato cuenta con otras dispuestas a asumir su función.

Roxin concluye que "lo que garantiza al sujeto de atrás la ejecución del hecho y le permite dominar el suceso es la fungibilidad, la sustituibilidad o reemplazabilidad sin límites del autor mediato", en tanto que "el que actúa de manera inmediata es solo una pieza o ruedecilla intercambiable en el engranaje del aparato de poder".

A partir de ese razonamiento, el juez Bonadio concluye que el hecho de que no se hayan constatado entregas de sumas dinerarias ilegítimas a manos de la propia Cristina Kirchner, "no resulta óbice para sostener su responsabilidad en estos sucesos".

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