Detuvieron al gitano que había sido liberado 24 horas después de balear a un oficial de la Federal

El comisario general Néstor Roncaglia visitó al oficial herido
El comisario general Néstor Roncaglia visitó al oficial herido Crédito: archivo
Gabriel Di Nicola
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18 de septiembre de 2018  • 18:43

Horacio Silveira Márquez, de 65 años e integrante de una comunidad gitana, se resistió a los tiros en su casa de Neuquén cuando la Policía Federal lo fue a buscar, la semana pasada. Abrió fuego con un revólver Smith & Wesson calibre .38 Special que había sido robado meses antes de un domicilio del barrio porteño de Palermo. Una de sus balas hirió en la muñeca derecha al oficial principal Marco Condinanzo, que formaba parte de la comisión que había ido a cumplir con el allanamiento. Curiosamente, aunque había lesionado a un policía con un arma robada, Silveira Márquez fue imputado por un delito excarcelable y en solo 24 horas recuperó la libertad. Pero la fuerza de seguridad, que en el caso del ataque actúa como querellante, logró el cambio de carátula del expediente. Ahora, al sospechoso se le dictó la prisión preventiva, acusado de tentativa de homicidio.

Así lo informaron a LA NACIÓN fuentes policiales y judiciales. "Las fuerzas trabajan incansablemente para luchar contra el crimen organizado y nosotros cuidamos a quienes nos cuidan; este hecho no debe quedar impune y quienes atenten contra un efectivo que está cumpliendo con su deber deben responder ante la Justicia por sus actos", sostuvo hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un comunicado de prensa en el que se dio a conocer la novedad de la detención del acusado.

Horacio Silveira Márquez,el acusado
Horacio Silveira Márquez,el acusado

Según pudo saber LA NACIÓN de fuentes oficiales, el jefe de la PFA, comisario general Néstor Roncaglia, ordenó al cuerpo de abogados que cuando un integrante de la fuerza resulte herido sea representado por abogados de la institución y que se presenten como querellantes.

Silveira Márquez había sido imputado inicialmente por el delito de atentando contra la autoridad agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal con lesiones graves.

Pero la decisión de que vuelva a prisión se tomó hoy después de una audiencia en la que los abogados de la Federal pidieron el cambio de calificación y la prisión preventiva del acusado.

"El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Maximiliano Luis Breide Obeid, acompañó la presentación de la Policía Federal", explicaron fuentes judiciales.

Entonces el juez de Garantías Diego Piedrabuena imputó al sospechoso por el delito de homicidio en grado de tentativa. La PFA pidió también la prisión preventiva.

"Ante el cambio de escenario, y ante un posible riesgo de fuga, el fiscal Breide Obeid también acompañó el pedido de prisión preventiva de la querella", agregaron las fuentes consultadas.

El riesgo de fuga se fundamentó en que el imputado tiene familiares en Australia, agregaron las fuentes consultas.

El hecho ocurrió el lunes de la semana pasada. Ese día, por orden del juez en lo Criminal y Correccional porteño Pablo Ormaechea, la PFA hizo 20 allanamientosen Mar del Plata, Neuquén, Chaco, Chubut, Misiones y la ciudad de Buenos Aires, con el fin de desbaratar una red de estafadores comandada por integrantes de la comunidad gitana. En esa ocasión hubo 51 detenidos y fueron secuestrados más de 100 vehículos. El operativo estuvo a cargo de la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal.

La banda había sido puesta en la mira de los investigadores en febrero, tras el robo, en una casa de Palermo, de una caja fuerte que contenía dinero, un revólver calibre 38, joyas y alhajas, propiedad de uno de los máximos directivos de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Ese revólver fue el que usó Silveira Márquez siete meses después cuando baleó e hirió al oficial principal Condinanzo.

Un día después de ese hecho, durante una audiencia, representantes de la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes de Neuquén no pidieron la prisión preventiva del imputado, aunque sí solicitaron "comparendos" quincenales del acusado, al entender que no había riesgo de fuga y que tampoco habría entorpecimiento de la investigación. Al no haber requerimiento de restricción de la libertad por parte del Ministerio Público, el juez Piedrabuena ordenó la libertad del acusado. En Neuquén rige un sistema judicial acusatorio; el Código Procesal Penal prohíbe la prisión preventiva para casos que tengan estipulada una pena inferior a los tres años de cárcel.

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