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María Eugenia Vidal evalúa dividir en dos el Astillero Río Santiago

Ayer hubo otra masiva marcha en el centro de La Plata
Ayer hubo otra masiva marcha en el centro de La Plata Crédito: Santiago Hafford
Se levantó la medida de fuerza; el gobierno bonaerense analiza alternativas para reducir el costo de $3500 millones anuales
María José Lucesole
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20 de septiembre de 2018  

LA PLATA.- El gobierno bonaerense afirmó ayer que el Astillero Río Santiago es "inviable", dado que le insume al Estado $3500 millones al año, sin rentabilidad acorde con esa inversión. Propuso que parte de sus 3250 trabajadores "pasen a hacer obra pública".

El Estado no privatizará ni venderá la empresa. Tampoco habrá despidos de sus 3250 operarios, se informó de manera oficial.

Pero de modo extraoficial se dejó trascender que una de las alternativas en estudio es dividir la empresa en dos: por un lado, una naviera más pequeña; por otro, una empresa dedicada a la obra pública del Estado.

Por el momento, el Gobierno no hará anuncios ni dará golpes de efecto. Solo dispondrá que parte de los trabajadores dedicados a oficios puedan colaborar en otras obras del Estado, más allá de la naviera.

La alternativa de reconvertir la empresa Astillero Río Santiago, siempre en la órbita estatal, se hizo pública luego de la violenta toma del edificio del Ministerio de Economía provincial, que permaneció 13 horas ocupado por 700 trabajadores que exigían insumos y la regularización de sus condiciones de trabajo.

La toma se depuso ayer, a la una de la madrugada, con intervención del Arzobispado de La Plata, que medió para que las dos partes firmaran un acta y se sienten a dialogar en el ámbito de la Pastoral Social.

Una vez concluida la toma del edificio, que dejó múltiples daños en vidrios, barandas y computadoras, el ministro de Economía, Hernán Lacunza , dijo que el acto "fue violento, porque treparon las rejas, invadieron todas las oficinas, intimidaron a los empleados, intervinieron las computadoras y hubo algunos daños menores", enumeró.

Las palabras de los trabajadores de Astilleros tras retirarse del edificio - Fuente: Twitter

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Lacunza destacó que "el Astillero Río Santiago es una empresa del Estado provincial, que hace barcos y desde hace años funciona con un estándar de producción muy bajo".

"Ahora solamente el 1% de sus ingresos lo recauda con las reparaciones que hace. Tiene 3200 empleados", explicó Lacunza, al destacar que "los bonaerenses ponen por año $3500 millones y el 99% se destina a sueldos, para que funcione. María Eugenia Vidal nos pide que asignemos bien los recursos. Con ese dinero podemos universalizar el almuerzo a todos los alumnos de primaria y jardín de infantes", dijo.

Lacunza recordó que el astillero no hace ningún barco desde hace diez años e indicó: "Nosotros ponemos en cuestión algunos privilegios y prebendas que tuvo el gremio, en complicidad con gobiernos anteriores. Son los únicos trabajadores de la Argentina que cobran vacaciones dos veces" dijo.

El ministro indicó que "la provincia no está planteando privatizarla ni venderla", aunque aclaró: "Una cuestión práctica: es inviable, nadie querría comprarlo". Para aventar dudas, aseguró: "Tampoco estamos planteando despidos. Proponemos que pasen a hacer obra pública, que tanto hace falta en la provincia".

"Hay que desmontar esa empresa tal como existe ahora. Es imposible seguir con una empresa que nos cuesta $3500 millones al año. Habrá que dividirla o pensar en otra solución", dijo en voz baja otro de los ministros de la gobernadora Vidal.

La provincia de Buenos Aires se hizo cargo del Astillero Río Santiago en 1992, cuando fue transferido desde la Nación.

Al asumir, el gobierno de Vidal realizó una auditoría sobre la empresa y detectó irregularidades, que llevó ante la Justicia. El presidente del Ente Administrador, Daniel Capdevila, denunció a la cúpula sindical del astillero por "administración fraudulenta agravada, en perjuicio de la provincia de Buenos Aires". La defraudación asciende a $18.500.000. Además, se detectaron aportes retenidos por ATE de manera presuntamente irregular por otros $700.000. La Justicia allanó el astillero hace 15 días, en busca de pruebas.

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