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Veinticuatro días de toma: crece el conflicto en la universidad de Córdoba

La medida tiene lugar en un edificio clave de la Universidad
La medida tiene lugar en un edificio clave de la Universidad Crédito: UNC
Gabriela Origlia
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20 de septiembre de 2018  • 19:33

CÓRDOBA.- La toma del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria lleva veinticuatro días. Se trata de un edificio clave en la actividad de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde no solo funciona el rectorado, sino también el centro informático del sistema universitario. Empezó con el paro docente pero continúa con menos de 50 personas como ocupantes y un listado de reclamos que exceden el ámbito universitario, desde el FMI hasta Jones Huala. La situación escaló hasta alcanzar una dimensión insólita: solo los ocupantes pueden entrar y salir. Nadie más.

Este viernes continuará la "mesa de diálogo" que encabeza el vicerrector Pedro Yanzi Ferreira, tres decanos, el director de un colegio universitario y 20 alumnos. Este jueves no hubo acuerdo sobre la metodología del encuentro; los estudiantes exigen que esté presente un escribano y que puedan filmar el encuentro.

Cuando la toma se inició había otras cinco facultades ocupadas; todas volvieron a la normalidad. Este jueves hubo una "sentada pacífica" contra la ocupación convocada inicialmente por Franja Morada y la Federación Universitaria, a la que se fueron sumando otras organizaciones estudiantiles y docentes. Hubo empujones y forcejeos que no pasaron a mayores.

El petitorio del grupo que resiste en el pabellón, y que recibe ayuda de algunos gremios, sumó reclamos a su lista: exige una revisión del presupuesto universitario, pero también que no se firme el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se rechace la extradición de Facundo Jones Huala. Quienes llevan adelante la toma no responden a ninguna agrupación, son anarquistas; ni siquiera adhieren a los sectores de izquierda como La Bisagra y La Mella. "Trotskos-kirchneristas", los caratuló el ministro Alejandro Finocchiaro.

El rector de la universidad, Hugo Juri, planteó que no pedirán el desalojo "para no encender la chispa; no queremos darles argumentos". "Estuvimos al lado de los docentes en el reclamo, pero esta gente aparece después de que se resuelve ese problema, son 20", agregó. El 29 de agosto fue -de oficio- el juez federal, Miguel Hugo Vaca Narvaja, y habló con los estudiantes "para ver las modalidades de la toma". "Creo que vamos a llegar a un acuerdo en el corto plazo", señaló entonces.

El miércoles, ante una amenaza de bomba, llegó la Brigada de Explosivos. Los estudiantes no dejaron ingresar a los efectivos; los frenaron en la puerta. "Es una maniobra para amedrentarnos", sostuvieron. La Brigada hizo constar en acta que le impidieron actuar.

El concesionario del bar del Pabellón Argentina presentó un amparo ante la Justicia por la imposibilidad de ingresar. "Durante todo el mes no hemos podido trabajar. Se nos cayeron contratos por servicios de catering, se suspendieron las colaciones", describió y contó que, habitualmente, atiende a unas 280 personas por día. "Usaron las instalaciones para dormir, usaron los manteles. Han hecho infinidad de cosas que vimos desde afuera". Los protagonistas de la toma le respondieron con una denuncia penal por supuesta violencia e intimidación.

En una oportunidad permitieron el ingreso de técnicos informáticos para atender el sistema operativo que funciona dentro del lugar; se trata de una "megacomputadora" que requiere de atención. Marcelo Conrero, decano de Ciencias Agropecuarias y director de Gestión Institucional de la UNC, explicó que los dejaron entrar "porque había un equipo de aire acondicionado dañado". Las clases de oficios que se dictan en los salones del pabellón están suspendidas y la Escuela de Enfermería debió mudar el acto de colación a otro edificio y lo hará en dos turnos para que haya espacio suficiente para los familiares de los egresados.

Qué piden

Los responsables de la toma todavía no difundieron el "pliego de reivindicaciones" que llevarán este viernes a la mesa de diálogo, pero admitieron que uno de los puntos es que "se haga público el presupuesto universitario", porque no están "de acuerdo con el criterio de distribución".

También incorporarán demandas por facultades y pedirán que se publicite el protocolo de actuación de la policía provincial, que, por un acuerdo con la UNC, puede intervenir en la zona. Reclamarán cambios al Plan Integral Contra la Violencia de Género y al convenio con la municipalidad sobre jardines de infantes. El martes, en una asamblea, votaron el retiro de todos los símbolos religiosos de los espacios universitarios y la apertura de un seminario sobre Interrupción Legal del Embarazo en las carreras de la salud pública y otro sobre Educación Sexual Integral para todos los profesorados de la UNC. También la aplicación efectiva del cupo laboral trans en la UNC.

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