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Siniestros viales: preservar las pruebas

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21 de septiembre de 2018  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 1,2 millones de personas mueren cada año en siniestros de tránsito que resultan ser la principal causa de muerte prematura y discapacidad física en jóvenes de entre 15 y 29 años. El organismo internacional prevé que, si no se aplican firmes medidas para evitarlo, para 2030 los accidentes de tránsito serán la séptima causa de defunción. Casi la mitad de las muertes por esta causa en todo el mundo afecta a usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas.

Distintas fuentes oficiales muestran el lugar preponderante que tienen los siniestros viales en el total de muertes por causas externas también en nuestro país. Superan, incluso, la cantidad de homicidios dolosos. Sin embargo, según lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia, solo el 14% de los casos obtienen una condena. Ello, en muchas ocasiones, se debe a la pérdida de evidencias o a la alteración de la escena del crimen. Esto impide alcanzar los estándares probatorios necesarios para condenar a una persona.

Para tratar de dar solución a esta problemática, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dispuso contar con un protocolo de actuación en siniestros viales para preservar las pruebas, conservando datos y detalles valiosos que podrían resultar claves para la investigación tanto policial como judicial, y lograr así contribuir a que los responsables sean condenados.

El Protocolo de Intervención en Siniestros Viales surgió por iniciativa de familiares de víctimas y fue elaborado en conjunto por la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud y los Bomberos Voluntarios de la República Argentina. La implementación del protocolo se dará en etapas: capacitación y simulacros para comprobar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios. El protocolo comenzaría a aplicarse en todo el país en 2019.

Entre otros aspectos que hacen a la operatividad de los distintos actores que deben hacerse presentes una vez ocurrido el siniestro, el protocolo tiene prevista la figura de un coordinador general que será el referente del primer equipo que se acerque al sitio donde ocurrió el accidente, y tendrá como misión esencial preservar la escena y las pruebas que se encuentren. Al respecto, autoridades de Justicia y Política Criminal expresaron que el protocolo busca que, sin descuidar la asistencia a los heridos, ese coordinador se ocupe de establecer correctamente las medidas de cuidado y resguardo.

La falta de organización y el trabajo no coordinado entre los que intervienen en estos siniestros, como bomberos, efectivos policiales, de defensa civil y servicios de emergencia, entre otros, lleva en la mayoría de los casos a que no se logren preservar elementos decisivos para la investigación. La implementación de este nuevo mecanismo es una medida que debe celebrarse, ya que será una importante herramienta para poner fin a la presente impunidad en este tipo de accidentes y contribuirá, además, a su efectiva disminución.

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