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El Presupuesto, entre certezas e incógnitas

Néstor O. Scibona
Néstor O. Scibona LA NACION
El proyecto incorpora la banda de flotación cambiaria que se negocia con el FMI y hace recaer en el sector privado el peso del ajuste fiscal
El proyecto incorpora la banda de flotación cambiaria que se negocia con el FMI y hace recaer en el sector privado el peso del ajuste fiscal
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23 de septiembre de 2018  

Hay al menos dos certezas en el proyecto de ley de Presupuesto nacional para 2019, que ya comenzó a recorrer un sinuoso camino dentro y fuera del Congreso. Una, su elaboración desde adelante hacia atrás, a partir del objetivo de bajar de bajar a cero -por primera vez en 10 años- el déficit primario del sector público. Otra, que ese equilibrio fiscal (antes de intereses) es la única llave para acceder a mayores desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la probable ampliación del crédito stand by, como seguro de todo riesgo para despejar la incertidumbre sobre un eventual incumplimiento de pagos externos durante el próximo año electoral.

El "qué" está más claro que el "cómo". De ahí que abunden las incógnitas sobre algunos supuestos macroeconómicos utilizados, como el dólar promedio de $40,10 y la inflación de 23%, que implicaría una reducción de 20 puntos porcentuales. Y que comenzarán a despejarse tras la inminente aprobación del acuerdo II con el FMI.

Más que una hipótesis de trabajo, esa pauta cambiaria para 2019 (similar al nivel que alcanzó el dólar antes de la baja de los últimos tres días) incorpora implícitamente para tornarla más creíble un esquema de "banda de flotación", donde el Banco Central podrá intervenir con ventas de reservas cuando supere el techo, o con compras cuando perfore el piso. En el primer caso, obviamente, con las divisas que desembolse el Fondo.

Fuentes oficiales al tanto de la negociación en Buenos Aires con técnicos del organismo, admiten que el ancho de esa banda será mucho mayor que el mencionado en algunas versiones (se hablaba de un rango de $36 a $44), a fin de que las intervenciones del BCRA sean la excepción más que la regla. Sin embargo, también reconocen que la instrumentación no está cerrada y es motivo de acaloradas discusiones entre ambas partes.

Aún no está definido si los extremos de esa banda de flotación administrada ancha serán implícitos, como pretende el BCRA para no mostrar de antemano todas sus "cartas"; o explícitos, según la visión del FMI de fijar reglas para las intervenciones en el mercado cambiario. Un antecedente de esta discrepancia es el fracaso del esquema de subastas incluido en el acuerdo I, que no impidió la fuerte trepada del dólar en agosto y parte de septiembre pese al acelerado drenaje de reservas (más de US$10.000 millones en 45 días). Otro, en que si bien la banda cambiaria con techo y piso prefijados explícitamente tuvo éxito en Chile e Israel, no se trata de economías bimonetarias, ni mucho menos de comportamiento procíclico como en la Argentina, donde la demanda aumenta con el alza del dólar y viceversa.

La contrapartida será una mayor exigencia del Fondo con el reemplazo de las metas de inflación por el control de agregados monetarios, aunque también aquí hay diferencias. Principalmente, por su escaso y rezagado impacto sobre la política de ingresos (precios y salarios) más la liberación de los combustibles, para revertir el proceso inflacionario. En cambio, con el tipo de cambio real más alto de los últimos ocho años, no parece haber preocupación oficial en que pueda reeditarse un cuadro de atraso cambiario. El ingreso de capitales golondrina para carry trade se cortó este año con la devaluación, que dejó muchos heridos.

Y el financiamiento externo del sector público depende ahora de las condicionalidades del Fondo, al igual que la oferta de dólares en el mercado para mantener la flotación. En 2019, tras el desarme anticipado del stock, las Lebac dejarán de ser una opción para tenedores no bancarios y una fuente importante de emisión monetaria que se tradujo en una mayor demanda de divisas para atesoramiento. La alternativa es ahora apuntalar las Letes a mayor plazo, que es deuda emitida por el Tesoro para financiar el déficit. Si bien en la última licitación de Lecap (Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos) reaparecieron los capitales externos para aprovechar las altas tasas reales de interés en pesos (de hasta 50,55% anual), se supone que no habrá un aluvión como en 2016/17, sobre todo en medio del "ruido" político de un año electoral. En caso contrario, no se descartaría imponer encajes para neutralizar su impacto cambiario y monetario.

Aunque el presupuesto para 2019 con déficit cero y el anuncio del FMI de los avances para cerrar el nuevo acuerdo tonificaron a los mercados (con bajas del dólar y el riesgo país y con repuntes en los bonos y acciones argentinas), todavía falta despejar varias incógnitas.

La principal certeza es que la asistencia ampliada del Fondo apunta a reducir la incertidumbre de los acreedores externos y estará condicionada al cumplimiento de metas fiscales y monetarias más exigentes que las del programa anterior.

Pero el diseño de la política fiscal plasmada en el proyecto, para bajar a cero el déficit primario de 2,6% del PBI, depende exclusivamente de la Casa Rosada. Y su aprobación legislativa, de los acuerdos políticos con los gobernadores -oficialistas y del peronismo- que buscan su propia reelección y fueron plasmados en la adenda al consenso fiscal de fines de 2017, suscripta ya por una docena de mandatarios provinciales.

Este documento de dos carillas tiene más relevancia que el show político que rodeó a la presentación del presupuesto en el Congreso, con ampulosos discursos de rechazo de diputados opositores -en especial del kirchnerismo- sin plantear una alternativa viable para salir de la crisis. De hecho, sus cláusulas se incorporarán al proyecto oficial para convertirlo en una "ley ómnibus".

Aunque implica un retroceso en materia fiscal, en términos políticos significa que la mitad de los gobernadores no se opondrán a la sanción del presupuesto nacional a cambio de endosarle el costo a Mauricio Macri. Con este acuerdo, los que ya firmaron y los que se aprestan a sumarse, suspenderán la rebaja del impuesto a los Sellos prevista para 2019; apoyarán la eliminación de exenciones en Ganancias a cooperativas y mutuales de crédito y seguros; recibirán compensaciones por menor coparticipación del impuesto al cheque y podrán aumentar el gasto si en 2018 lo hubieran subido menos que la inflación. También se aseguran en 2019 la transferencia de fondos para cubrir el déficit de las cajas jubilatorias provinciales, que pagan haberes superiores a la Anses.

Un caso aparte es la elevación de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales (IBP), por la suspensión (en 2019 y 2020) de la cláusula del consenso fiscal que incluía el compromiso de no aumentarla. Los gobernadores proponen elevarla (de 0,5% a 1%) para bienes y activos en el exterior no exentos, pero el oficialismo no la incluirá en el presupuesto para no convalidar una alícuota diferencial. Por lo tanto, la oposición deberá presentar un proyecto propio y el oficialismo buscará reducirla a 0,75%.

En la misma línea de endosarle costos al oficialismo, el acuerdo firmado por los gobernadores ratifica la transferencia de subsidios a las provincias, que en la práctica recaerán sobre Buenos Aires (y en menor medida, la CABA) y recortarán parte de los aportes del Tesoro Nacional acordados para recuperar el extinguido Fondo del Conurbano Bonaerense. De ahí que María Eugenia Vidal se apreste a presentar un proyecto de ley para indexar esos ingresos.

En medio de estos tironeos de una frazada corta, donde el gasto público bajará por el recorte de subsidios y obras públicas (con el compromiso de finalizar las que están en ejecución) sin modificar la estructura estatal, la Casa Rosada solo logró rescatar por ahora dos premios consuelo: el cronograma de rebaja gradual de Ingresos Brutos y el de los aportes patronales al sistema previsional con un mínimo progresivo, pese a que su suspensión había sido anunciada por el propio ministro Dujovne.

Pese a estas excepciones, la certeza es dónde recae el mayor peso del ajuste fiscal para 2019. El Foro de Convergencia Empresarial (que agrupa a más de 60 entidades de todo el país), acaba de emitir un documento cuyo título lo dice todo: "La Argentina necesita que el sector público acompañe el esfuerzo del sector privado".

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