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Carlos Wagner: El armador del "club de la obra pública"

Fuente: Archivo
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24 de septiembre de 2018  

El extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de la constructora Esuco, Carlos Wagner, fue el primer empresario arrepentido en dar detalles sobre cómo funcionó el sistema de cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Wagner no solo dio una lista de las empresas que, a través del ente que él controlaba, entregaron sumas de dinero negro para obtener contratos de infraestructura.

También aclaró que con la muerte de Néstor Kirchner el cobro de coimas no terminó, sino que se hizo hasta "el final del gobierno de Cristina Fernández ". Dijo que ella sabía de la recolección de pagos ilegales.

El juez Bonadio citó un extracto de la extensa declaración de Wagner frente al fiscal Carlos Stornelli como prueba contra Cristina Kirchner: "A partir del año 2012 se reinició el esquema de requerimiento de dinero y las oficinas del Sr. Clarens pasaron a estar en un edificio importante en Puerto Madero, el cual también podría identificar si hace falta. La recaudación se hizo hasta el final del gobierno de Cristina Fernández".

Wagner señaló que las empresas que recibían contratos debían abonar el porcentaje de anticipo financiero que oscilaba entre el 10 y 20% del total de la obra a modo de retorno. Declaró que el financista Ernesto Clarens participó de los cobros hasta el fallecimiento de Néstor Kirchner y que tenía un "listado actualizado de los pagos efectuados por las obras y la determinación de la contribución que las empresas debían hacer".

Con su confesión, Wagner incomodó a algunos empresarios que declararon como "arrepentidos" antes que él y que solo admitieron haber pagado "aportes de campaña". Dijo además que también fue el nexo entre Juan Chediack, también extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, y el gobierno kirchnerista. Chediack mencionó en su declaración que Wagner lo reunió con De Vido y que entre ambos lo "presionaron" para que pagara.

Wagner no quedó a salvo del fallo del juez: fue procesado por ser miembro de una asociación ilícita, delito que puede significarle una pena de 3 a 10 años de prisión.

El empresario admitió haber contribuido a armar el esquema de cartelización de la obra pública.

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