Cuándo la corrida se convierte en un delito

Lucas Prieto Schorr
Lucas Prieto Schorr PARA LA NACION
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25 de septiembre de 2018  • 00:59

Tras la estampida cambiaria y la crisis económica que generó una devaluación del orden del 40%, ahora estamos ante pequeñas corridas "invisibles" que se generan todos los días. Algo está pasando para que las reservas del Banco Central hayan caído más de 14 mil millones de dólares de enero a la fecha y para que se hayan liquidado en promedio 200 millones de dólares diarios para contener la divisa estadounidense. El gobierno tiene la ley en la mano para analizar si esto realmente obedece a la combinación de factores externos e internos, o bien hay intencionalidad.

La memoria histórica registra cicatrices de estampidas cambiarias con características muy similares a la ocurrida. Muchas de esas hoy serían un delito. Un antecedente ineludible en la historia democrática de nuestro país es la que podríamos llamar "la madre de las corridas", ocurrido sobre el final del gobierno de Alfonsín. En esta ocasión se sostuvo que determinados formadores de precio buscaron condicionar al expresidente generando un desconcierto generalizado debido al aumento de productos, dando lugar a un "golpe de mercado" en palabras de un conocido periodista.

Como se ha dicho, esta situación genera una "grieta" entre la democracia y el mercado, de la que pocos se benefician y millones se perjudican. Esta situación no puede ser ajena al derecho penal por la grave afectación a los intereses colectivos, en especial al bien jurídico lesionado por este tipo de conductas que es a priori el orden público económico.

La crisis financiera internacional del 2008 y las recomendaciones del GAFI hicieron que durante el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner se sancionaran tres leyes que tratan el tema. Se trata de las leyes 26.683 y 26.733 que incorporan al Código Penal los delitos contra el orden económico y financiero, en especial el artículo 309 que castiga con prisión de 1 a 4 años a quien realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables. Además, la ley 27.126, que con su decreto reglamentario 1311/15, le dio atribuciones a la Agencia Federal de Inteligencia para realizar inteligencia criminal, detectar y prevenir estampidas cambiarias, golpes de mercado que constituyen atentados contra el orden institucional, económico, financiero y la vida democrática.

Como antecedente judicial encontramos la denuncia contra los directivos de 7 bancos y la petrolera Shell hecha en el año 2014 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), aludiendo operaciones especulativas. A los directivos denunciados se les imputó actuar en forma organizada y con la intencionalidad de aumentar el tipo de cambio. Tiempo después, en 2016 y con la causa en curso, el fiscal Emilio Guerberoff -quien había impulsado la denuncia- entendió que no se había cometido delito y se sobreseyó al por entonces ministro de Energía Juan José Aranguren.

Sería oportuno que la Justicia investigue las razones del comportamiento anormal del mercado de divisas y a qué obedece los cientos de millones de dólares que semanalmente el Banco Central vende para contener el dólar, a fin de determinar si hay o no intencionalidad en la devaluación del peso. Si se comprueba la comisión de delitos y nadie resulta responsable de las consecuencias, inundará la impunidad y en cualquier momento se volverán a desatar las mismas conductas en perjuicio de la sociedad.

Director de El Monitor de la Justicia

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