Más a la derecha, el gobierno populista de Italia se endurece con los migrantes

Imágenes de un rescate en el Mediterráneo difundidas hoy
Imágenes de un rescate en el Mediterráneo difundidas hoy Fuente: AFP
Elisabetta Piqué
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24 de septiembre de 2018  • 13:39

ROMA.- Italia vira aún más hacia la derecha. Tal como se esperaba, el consejo de ministros aprobó hoy en forma unánime un decreto sobre seguridad e inmigración que endurece en forma drástica la política del gobierno en estos dos frentes.

Impulsado por Matteo Salvini, líder de la xenófoba y ultraderechista Liga, ministro de Interior y vicepremier de un gobierno formado junto al antisistema Movimiento Cinco Estrellas, el nuevo decreto se destaca por criterios mucho más restrictivos para quienes piden protección humanitaria en la península y facilita las expulsiones.

Muy criticado por la oposición de centroizquierda y por organismos que ayudan a los inmigrantes, que incluso pusieron en duda su constitucionalidad, aunque el decreto ya entró en vigor, su contenido deberá ser aprobado por el Parlamento en 60 días y luego firmado por el presidente, Sergio Mattarella.

"Estoy feliz, es un paso adelante para hacer a Italia más segura, para combatir con más fuerza a los mafiosos y traficantes, para reducir los costos de una inmigración exagerada, para expulsar más rápidamente a los delincuentes y falsos refugiados, para sacarle la ciudadanía a los terroristas, para darle más poderes a las fuerzas del orden", exultó por las redes sociales Salvini. "De las palabras a los hechos, yo sigo adelante", agregó el ministro del Interior, cada vez más popular en Italia y hombre fuerte del gobierno populista que integra desde junio pasado.

Salvini, el impulsor de la ley
Salvini, el impulsor de la ley Fuente: Reuters

El llamado "decreto Salvini", de 42 artículos, abroga el actual "permiso de estadía" por motivos humanitarios. Y lo reemplaza con "permisos especiales" a otorgarse a seis tipologías de inmigrantes: víctimas de grave explotación, motivos de salud, violencia doméstica, calamidad en el país de origen, curaciones médicas, actos de especial valor cívico.

El decreto amplía la posibilidad de negar o revocar la protección internacional si se cometen delitos de violencia sexual, lesiones graves debido a asalto, violencia contra un funcionario público, mutilaciones sexuales, robo agravado, tráfico de droga.

Para los inmigrantes recién llegados prevé, además, un mayor tiempo máximo de permanencia en los centros para la repatriación, pasando de tres a seis meses, una medida para facilitar la expulsión de los irregulares. Justamente para potenciar las expulsiones, el decreto asigna 500.000 euros para la actividad de repatriación en 2018 y 1,5 millones para 2019 y 2020.

Solo los inmigrantes con derecho a protección internacional y los menores no acompañados podrán beneficiarse de los proyectos de integración e inclusión social previstos por el sistema Sprar (Sistema de Protección para Solicitantes de Asilo y Refugiados, por sus siglas en italiano). Los demás solicitantes de asilo deberán ser recibidos en los denominados Cara (Centro de acogida para los solicitantes de asilo).

Finalmente, el decreto prevé una revocación de la ciudadanía italiana a los inmigrantes condenados por delitos de terrorismo; el uso de la pistola eléctrica "taser" para los policías urbanos; y normas más restrictivas para el alquiler de autos o furgones, para prevenir que sean usados en atentados jihadistas.

Conte y Salvini, durante la presentación de la ley
Conte y Salvini, durante la presentación de la ley Fuente: AP

"No lesionamos ningún derecho fundamental: si entras a mi casa y vendes droga te acompaño de vuelta al lugar de donde hayas llegado", dijo Salvini en una conferencia de prensa. "Si te condenaron en instancia definitiva es de sentido común quitarte la ciudadanía", agregó. "Para los solicitantes de asilo, el freno a la solicitud será en caso de peligrosidad social o condena en primera instancia", detalló.

Consciente de las polémicas y las dudas sobre su constitucionalidad, el primer ministro, Giuseppe Conte, también defendió el decreto y destacó que "responde a un cuadro de absoluta garantía y tutela de los derechos fundamentales de las personas y de las convenciones internacionales a las que Italia adhiere y a los principios constitucionales". "Vamos a actuar en un sistema totalmente nuevo de reordenamiento y de revisión de una disciplina más eficaz", añadió.

Fuerte oposición

La oposición de centroizquierda no piensa lo mismo. "El endurecimiento sobre la concesión del permiso de estadía por motivos humanitarios de los solicitantes de asilo es una medida feroz y cruel", atacó la senadora Monica Cirinná, del Partido Democrático. "Hacer díficil o negar la recepción a quien escapa de una guerra o es víctima de persecución política, religiosa o de género en su país va en contra de cualquier principio del derecho internacional", agregó.

Tanto la Iglesia Católica como muchos organismos que defienden a los refugiados criticaron el hecho de haber unificado en un decreto dos temas como la inmigración y la seguridad, "reiterando la nefasta ecuación que asimila los problemas de seguridad interna con el tema del manejo de las migraciones", como indicó el Centro Astalli, de los jesuitas, que ayuda a refugiados.

Imágenes de un rescate en el Mediterráneo difundidas hoy
Imágenes de un rescate en el Mediterráneo difundidas hoy Fuente: AFP

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) también expresó su "profunda preocupación" por el nuevo decreto y por el "dramático impacto que amenaza tener sobre la vida y la salud de miles de personas hoy presentes sobre el territorio italiano". En un comunicado, MSF criticó especialmente "el modo con el cual el decreto intenta desmantelar el sistema de recepción italiana, ya frágil y precario, prolongar la detención de personas que no cometieron ningún crimen y reducir las protecciones actualmente disponibles de personas vulnerables". "Lo que vemos en el nuevo decreto es un ulterior paso en las políticas migratorias represivas del gobierno italiano, tendientes a un indiscriminado freno de los flujos y a la criminalización de la migración, sin interés alguno por la vida, la salud y la dignidad de miles de hombres, mujeres y niños", sostuvo.

Desde junio pasado, cuando asumió el gobierno populista encabezado por Salvini y el líder del M5E, Luigi Di Maio, Italia cambió su política migratoria, cerrando sus puertos a las embarcaciones que rescatan a migrantes que intentan cruzar a Europa desde el norte de África.

Según cifras oficiales, desde enero pasado llegaron a Italia 20.926 personas, una cifra mucho menor a las del pasado: se trata del 79,7% menos que en el mismo período de 2017, cuando desembarcaron 103.064 inmigrantes. La mayoría de los nuevos llegados (4466) este año son originarios de Túnez, seguidos por los eritreos (3027), los sudaneses (1595), los paquistaníes (1353), los iraquíes (1300) y los nigerianos (1248), entre otros.

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