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Déficit en infraestructura: llegó la hora del financiamiento privado

El aporte privado es fundamental en los grandes proyectos
El aporte privado es fundamental en los grandes proyectos Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno
Desarrollar nuevos instrumentos es clave para facilitar la participación de fondos de pensiones y aseguradoras
Francisca Risatti
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26 de septiembre de 2018  

El mundo necesita más inversión en obra pública. De mantenerse el ritmo actual con el que se vuelcan recursos, el déficit de infraestructura representará, en la estimación de la consultora McKinsey, un monto acumulado de 5,5 billones de dólares en 2035. Aunque la cifra varía según la fuente, nadie discute que la brecha se encamina a ser un gran lastre para el crecimiento económico, máxime cuando tenemos en cuenta que el cambio climático está impactando por partida doble: tanto por el deterioro que ya está suponiendo para las infraestructuras ya existentes como por la necesidad de otras nuevas.

Los gobiernos, con sus limitaciones fiscales, difícilmente puedan aportar ese dinero adicional. El desafío está en la agenda del G20 desde hace tiempo, pero este año los miembros del foro han comenzado a trabajar con un objetivo ambicioso: convertir la infraestructura en una clase de activo y acelerar así la llegada de capitales privados.

Nuevos instrumentos

Las clases de activos son grupos de instrumentos financieros que se comportan de manera similar en el mercado y operan bajo las mismas leyes y regulaciones. La meta a largo plazo es que los fondos privados puedan invertir en programas de obra pública como lo hacen hoy, por ejemplo, con los bonos soberanos.

"Se trata de construir un vehículo financiero que tenga detrás un proyecto de infraestructura de un país, o un conjunto de proyectos de varios países, y la idea es que el volumen de activos llegue a ser tal que permita constituir un mercado líquido", explica Laura Jaitman, representante ante el G20 del Ministerio de Hacienda de Argentina, el país que preside el foro en 2018 y fue el promotor del proyecto.

"No se va a lograr en un año, pero en marzo acordamos una hoja de ruta a largo plazo y Japón se comprometió a continuar con el plan durante su presidencia de 2019", explicó la funcionaria argentina.

En la mira está el capital de los inversores institucionales, como los fondos de pensiones y las aseguradoras, que tienen carteras estimadas en 80.000 millones de dólares y son candidatos naturales a invertir en activos con horizontes de largo plazo, como son los proyectos de infraestructura, pero hoy destinan menos del 1% sus recursos totales a este sector, según datos del Banco Mundial.

Un estudio reciente de la escuela de negocios francesa Edhec afirma que un 90% de los inversores institucionales están interesados en aumentar su exposición a activos del sector de la infraestructura. La estrategia del G20 apunta a levantar una a una las barreras por las que los grandes ahorros privados apenas fluyen hacia los programas de obra pública.

Ruta acordada

Al igual que en el caso de los títulos públicos, una tarea clave para que el capital de los grandes inversores comience a fluir hacia la infraestructura es estandarizar: tener proyectos y contratos (tanto en el proceso licitatorio como en la financiación) más homogéneos para bajar el alto costo que tiene el análisis del riesgo y del rendimiento de cada programa de obras.

Catiana García-Kilroy, analista del Banco Mundial, cree que convertir la infraestructura en una clase de activo es la estrategia adecuada. "Cuanto más se avance en la estandarización, más van a bajar los costes de transacción, lo que debería abaratar la financiación, y a la vez, permitiría conseguirla de muchas más entidades. No solo de los inversores que tienen un mayor apetito de riesgo, sino también de un mayor grupo de bancos y de inversores institucionales", afirma la funcionaria.

Pero la hoja de ruta que acordaron los integrantes del G20 en marzo va más allá y abarca temas como la mejora de los marcos regulatorios (impositivos, legales y contables) y del mercado de capitales de cada país, algo clave para las economías en desarrollo, que necesitan acceder a una mayor financiación en moneda local para reducir el riesgo asociado a las devaluaciones. García-Kilroy cree que lograrlo requerirá tiempo y, sobre todo, mucha voluntad política. "Los países que quieran estar en esta agenda van a tener que comprometerse a realizar toda una serie de reformas estructurales que no se consiguen de un día para el otro", explica.

Costos ocultos

  • Los especialistas destacan que una de las claves para reducir los costos en materia de infraestructura pasa por contar con proyectos y contratos más homogéneos que permitan estandarizar los sistemas de análisis de riesgo

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