Imposible equilibrio: la legalidad de los impuestos y las necesidades de recaudación

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27 de septiembre de 2018  • 17:11

El Decreto 793/18 que reinstaló las retenciones invoca las facultades que da el Código Aduanero al ejecutivo para establecer retenciones.

En el fallo "Camaronera" del año 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hizo una clasificación de género y especie respecto a que las retenciones ser tratan de un tipo de tributo por el que los elementos que hacen a la existencia del hecho imponible deben indefectiblemente ser definidos por ley bajo el principio de legalidad que garantizan la intangibilidad de la materia tributaria en cuestiones de fondo al Poder Ejecutivo.

Puntualmente, la Corte Suprema directamente considera inválidas las retenciones basadas en delegaciones amplias del Poder Legislativo que no ponen margen alguno al Ejecutivo para definir los elementos subjetivos, objetivos, territoriales y temporales necesarios para la existencia de algún tributo, exigidos en el art. 76 de la Constitución Nacional "[.] Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa".

Potestades del Poder Ejecutivo en materia Aduanera

En los considerandos del Decreto N° 793/18 se cita al art. 755 del Código Aduanero, el cual establece que ".en las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá:

  • Gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo;
  • Desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y
  • Modificar el derecho de exportación establecido.

Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades:

  • Asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional;
  • Ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior;
  • Promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales;
  • Estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno;
  • Atender las necesidades de las finanzas públicas.

Si bien esta norma es aplicable, y el Poder Ejecutivo ha usado tales facultades en diversas ocasiones, lo hizo con la finalidad de disminuir los derechos, por lo que al no perjudicar no se precisó de una aprobación explicita del Poder Legislativo para su aplicación.

El equilibrio entre la recaudación y la legalidad de la materia tributaria

Como se ha visto en varias oportunidades a lo largo de la historia, la puja entre el Estado y los contribuyentes por la materia tributaria es permanente y lógica, pues se trata de una relación de derecho pero que en muchas oportunidades se abusa del mismo generando un desequilibrio. La presión tributaria es tal que cualquier cambio afecta directamente la rentabilidad de los contribuyentes.

La Corte Suprema en materia tributaria ha consolidado criterios que hacen a la lógica y al sentido común. Por ello, es insoslayable y urgente que las disposiciones del Decreto 793/2018 sean ratificadas por una ley que defina los elementos que hacen a la existencia de la base imponible y la alícuota en cuestión, respetando el principio básico de legalidad en materia tributaria.

Por Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados

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