Un defensor para los chicos

Dalile Antúnez
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28 de septiembre de 2018  

Las características del concurso que se lleva adelante en el Congreso nacional para elegir y designar a un defensor o defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes determinarán la forma en que funcionará esta figura clave para la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, creada por ley hace ya 13 años y vacante desde entonces.

El 28 de septiembre de 2005 se sancionó la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que establecía 90 días de plazo para nombrar al defensor de niñas, niños y adolescentes. Pese a la situación de especial vulnerabilidad que atraviesan la niñez y la adolescencia en la Argentina (casi la mitad de los niños argentinos son pobres, según el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA), la figura que debe proteger y visibilizar las problemáticas de la infancia y priorizar sus derechos en la agenda de políticas públicas nunca fue implementada.

Recién en 2017, como resultado de la lucha y el impulso del colectivo Infancia en Deuda y otras organizaciones de la sociedad civil, se conformó la comisión bicameral del Congreso que abrió la convocatoria para elegir y designar al defensor del niño por concurso público.

Las 68 personas que se presentaron al concurso rendirán hoy un examen escrito que constituye la segunda etapa en el proceso iniciado hacia su designación. Como un mecanismo para asegurar la independencia, trayectoria y capacidad técnica de quien desempeñará el rol, la ley estableció que su titular debe ser seleccionado/a mediante un concurso de oposición y antecedentes. Una vez corregidos los exámenes escritos, quienes hayan aprobado deberán presentar un plan de trabajo, y defenderlo posteriormente en una audiencia pública ante la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Todas las etapas del concurso, evaluación de antecedentes, examen escrito, plan de trabajo y audiencia pública serán calificadas con un puntaje.

Este concurso es una excelente oportunidad para sentar un precedente de transparencia, participación de la sociedad civil y competencia basada en el mérito, que sirva de antecedente a otros procesos de selección que debe llevar adelante el Congreso. De allí la importancia de contar con un procedimiento transparente y participativo, con sujeción a los más altos estándares en la materia. La transparencia e imparcialidad que deben guiar un proceso de selección de estas características exigen que se difundan proactivamente los exámenes escritos de las y los candidatos/as, así como los puntajes y criterios de evaluación aplicados en cada una de las demás etapas. De manera similar, es fundamental que se publique ampliamente el orden de mérito y la posición relativa de las y los concursantes a medida que avanza el proceso de selección.

Quienes integran la bicameral están ante la posibilidad histórica de dejar un legado poco habitual en nuestro débil sistema institucional: la realización de un proceso de selección completamente transparente e imparcial, del que resulte la conformación de un órgano de control con las más altas competencias técnicas, genuinamente independiente y comprometido con los derechos de la niñez y adolescencia.

Esperamos que esta oportunidad no sea desaprovechada y que las y los legisladores que son responsables del proceso demuestren, de esa forma, el más alto compromiso con los derechos de quienes, de acuerdo con nuestra normativa, merecen absoluta prioridad.

Codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e integrante de la Infancia en Deuda

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