El nuevo acuerdo con el FMI

Los mercados y los inversores ya no se conforman con señales favorables o con gestos oficiales voluntaristas; requieren una clara hoja de ruta
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28 de septiembre de 2018  

El segundo acuerdo firmado por el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en apenas poco más de tres meses y la dimensión de la ayuda pactada confirman la muy buena voluntad por parte del organismo financiero y de los países más poderosos hacia la Argentina. Ha llegado ahora el momento de que las autoridades nacionales demuestren que son capaces de llevar a la práctica un plan económico serio y coherente, que conduzca al país no solo a una situación de alivio financiero temporal, sino a un crecimiento sustentable, movido por inversiones productivas genuinas y no por simples movimientos especulativos basados en la lógica codicia de quienes operan en los mercados.

El nuevo acuerdo stand-by anunciado por la titular del FMI, Christine Lagarde, y por el ministro Nicolás Dujovne, que seguramente será aprobado por el board del organismo financiero internacional, pondrá para este año y 2019 a disposición del Estado argentino 18.800 millones de dólares por encima de los desembolsos previstos en el pacto original, firmado en junio. Se trata de una ayuda que totaliza 57.100 millones de dólares, una cifra cuya magnitud lo da el hecho de que se trata del mayor aporte financiero hecho por el FMI en su historia.

A cambio de la percepción de esa inédita línea de crédito, el gobierno argentino no solo se ha comprometido a reducir a cero el déficit fiscal primario, sino también a ponerle fin a la emisión monetaria, al menos hasta junio de 2019. Se trata de una medida novedosa y saludable con la que se espera frenar la galopante inflación.

Con la concreción de este acuerdo, el Gobierno espera dar suficientes señales a mercados e inversores sobre la capacidad de pago de la deuda por el Estado argentino y lograr que cedan el riesgo país y la presión sobre el dólar. El mismo objetivo se habían propuesto las autoridades nacionales en junio, en oportunidad del primer entendimiento con el FMI, sin mayor suerte.

Es de esperar que ahora, con un proyecto de presupuesto para 2019 que se plantea no gastar más de lo que ingresa a las arcas estatales y con el compromiso de una mayor disciplina monetaria, las expectativas puedan cambiar. Pero será muy difícil que eso ocurra si el gobierno de Macri no es capaz de exhibir la suficiente fortaleza política para torcer un ciclo demasiado largo que se ha caracterizado por el populismo y el dispendio de los recursos públicos.

No deja de ser loable que el presupuesto del próximo año contemple una reducción del déficit fiscal primario desde el 2,6% del PBI hasta el 0%. Pero se esperaba mucho más que una mayor presión tributaria, en la cual se basa la estrategia oficial para mejorar los recursos presupuestarios y que, probablemente, termine alentando aún más la evasión impositiva y desalentando la inversión productiva.

Es menester que la Argentina deje atrás el viejo círculo vicioso derivado del altísimo gasto público improductivo, determinante del insostenible déficit fiscal que siempre es excusa para no bajar la presión tributaria, afectando la competitividad.

Como lo hemos planteado en anteriores editoriales, se impone una audaz reforma administrativa en el sector público, basada en criterios de eficiencia, que impulse la puesta en disponibilidad del personal excedente, con mantenimiento de su salario por un plazo determinado e incentivos para su reinserción laboral en un sector privado que requerirá, asimismo, condiciones atractivas para la contratación de trabajadores y una reforma laboral que evite sobrecostos.

No alcanza con comprar calma hasta las próximas elecciones. Los mercados y los inversores ya no pueden seguir viviendo de señales favorables ni de gestos oficiales voluntaristas. Requieren una clara hoja de ruta que indique el destino y la fecha de llegada.

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