Suscriptor digital

Un defensor para los niños: que la protección de la infancia sea política de Estado

Carla Carrizo
Carla Carrizo PARA LA NACION
(0)
28 de septiembre de 2018  • 01:48

El 7 de enero de 2014, los medios informaban la búsqueda de una niña de 7 años. El 9 de Enero, titularon: "La Tragedia de Priscila". Su madre fue acusada de homicidio agravado. Su padre la buscó, con desesperación, desde el primer día. Pero Priscila era una niña indocumentada. Eso obstaculizó la velocidad en la búsqueda. El Estado, en Berazategui, no llegó para ella.

Su caso consternó a la opinión pública, porque Priscila Morena La Fuente recibió su identidad civil el día de su muerte. ¿Se podría haber evitado? Sí. Había más de 6 decretos presidenciales desde 2002 que establecían un trámite de urgencia para acceder a la identidad en menores de 12 años. Y había una ley, la 26.061 sancionada en 2005, que era y es la herramienta clave para la protección integral de la infancia en la Argentina. Aprobaba por unanimidad en el Congreso en 2005, menciona entre sus artículos el derecho al acceso a la identidad que tienen los niños. Esa ley, que garantiza los derechos reconocidos a todos los chicos del país, preveía que el Congreso debía ocuparse de la designación de un Defensor de los Niños a los 90 días de sancionada la norma. En 2014, cuando Priscila fue asesinada, habían pasado ya 9 años de la sanción de la ley y el defensor no había sido aún designado.

Dos certezas. La primera: tener una ley no implica que las políticas lleguen a los destinatarios. El Defensor de los Niños previsto evitaría estas desidias. La segunda: no es verdad que un gobierno de mayoría es más fuerte que uno de minoría para cumplir con la ley. Hoy, a 13 años de aquella espera y con un Congreso donde nadie tiene mayoría, diputados y senadores de distintos partidos políticos pudimos acordar para concretar esta designación. ¿Cómo lo hicimos? Auto limitándonos a nosotros mismos.

Decidimos garantizar un proceso de selección que combinara transparencia, idoneidad, participación y confianza. Infancia y adolescencia como política de Estado en la Argentina. Confianza más que prebenda. Visibilidad más que opacidad. Idoneidad más que favoritismo. No lo hicimos solos. Las organizaciones de la sociedad civil habían iniciado un proceso de judicialización por la demora del Congreso en la designación del defensor del pueblo. Su triunfo en la justicia fue la herramienta que permitió a la política avanzar en un esfuerzo compartido. No será la historia del Defensor del Niño en la Argentina una que genere grietas de ningún signo. Los niños y adolescentes de la Argentina tienen necesidades insatisfechas estructurales y demandan de los adultos responsabilidades compartidas, no división, temor o pelea.

¿Es posible un equipo sin defensores? Fue el slogan de Campaña con que Infancia en deuda, red que nuclea a ONGs en el país, nos ayudó a instalar la necesidad de un Defensor para los niños. Todos sabemos la respuesta. Hoy, 28 de septiembre de 2018, 68 postulantes de distintas edades, géneros, provincias y trayectorias ingresarán al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación y ocuparán el pupitre de las bancas para rendir examen. Su misión: lograr convertirse en el primer Defensor de los Derechos del Niño en la Argentina. Su desafío: demostrar que los adultos, para cuidar niños, estudian, dan cuenta y aprueban. Un concurso inédito en el Congreso para un cargo único, esperado y necesario.

Necesario, porque hoy la calidad de la infancia en nuestro país está condiconada por el lugar en que se viva. Variaciones máximas en educación y salud. Ciudadanías de primera, segunda o tercera categoría, en un mismo país. Inaceptable. A pesar de los avances de estos últimos años, los más chicos siguen siendo los más vulnerables: 40% de pobreza infantil; 10 muertes diarias de adolescentes (6 de ellas evitables); 3000 embarazos anuales de niñas de entre 10 y 13 años. Derechos consagrados conviven con derechos vulnerados.

¿Qué hacen otros actores sociales cuando viven situaciones semejantes? Reclaman a los gobiernos. ¿Podemos esperar lo mismo de los chicos? Difícil. Carecen de grupos de presión fuertes y su opinión pocas veces es tenida en cuenta por un Estado más acostumbrado a interpretarlos a través de las estadísticas que a escucharlos como protagonistas. Precisamente eso es lo que estamos empezando a modificar en el Congreso Nacional.

Con la Comisión Bicameral, integrada por cinco senadoras y cinco diputadas, y el defensor que surgirá de los exámenes y será designado antes de fin de año, creamos dos espacios institucionales para amplificar la voz de los niños en la política nacional. Nuestro objetivo, nivelar la cancha, jugar sus partidos: exigir y custodiar sus derechos, actuar ante acciones y omisiones que los vulneren.

Lo que no se logra aún hacer con el Defensor del Pueblo, lo estamos haciendo con el Defensor del Niño. Y así también lo deberían hacer las 19 provincias que adeudan esta designación en sus distritos. Con todos los defensores designados, los niños tendrán ese árbitro que hoy les falta en defensa de sus derechos. Falta cuando se pierden días de clases, cuando las provincias usan el federalismo para violar derechos y políticas nacionales, cuando la magnitud de las distintas formas de violencia y descuido y destrato hacia niños, niñas y adolescentes se silencian. El Defensor y la Comisión Bicameral no serán la solución a todos los problemas, pero en principio hablarán por todas las Priscilas que no pudieron hacerlo.

Diputada Nacional CABA

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?