Levantada la toma de la Universidad Nacional de Córdoba, podrían imputar por usurpación

Fuente: LA NACION - Crédito: Gustavo Sosa
Gabriela Origlia
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28 de septiembre de 2018  • 19:17

CORDOBA. Los estudiantes que ocuparon durante 30 días un edificio estratégico en el funcionamiento de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) decidieron anoche el levantamiento y hoy después del mediodía lo "entregaron formalmente". En paralelo la fiscal federal Graciela López de Filoñuk adelantó la posibilidad de imputarlos por el delito de "usurpación".

Aunque dos jueces federales intervinieron en la causa -uno de oficio y otro por el amparo presentado por el concesionario del bar que funcionaba en el Pabellón Argentino- ninguno actuó durante el mes de ocupación y anoche el medio centenar de estudiantes resolvieron "levantar la ocupación para avanzar en la conformación de la mesa de trabajo y tratar efectivamente todos los puntos de nuestro pliego de reivindicaciones".

"La toma del pabellón forma parte de un plan de lucha de conjunto, en este sentido la Asamblea continúa en estado de alerta y movilización", indica el comunicado que emitieron. El lunes serán recibidos en una "mesa de trabajo" por el vicerrector Pedro Yanzi Ferreira. "La Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode", cantaron los estudiantes al entregar el edificio.

López de Filoñuk presentó ayer al juez Hugo Vaca Narvaja un requerimiento de acción penal contra las ocupantes y pidió que se dispusieran los medios para desocupar el lugar. "Yo imputé, por supuesto, pero no tenemos identificados a los ocupantes", dijo la fiscal.

En el requerimiento al juez pide que se identifiquen a quienes hicieron la ocupación; aunque muchos no se dejaron ver o usaron caretas para salir (aseguraron que era una "intervención artística"), hubo "voceros" de la asamblea -rechazaban que se les llamara "representantes"- que sí dieron sus nombres.

Los alumnos acusaron a la Fiscal de querer "amedrentarlos". "La respuesta es política y judicial es avanzar de forma represiva para amedrentar y quitarle legitimidad da la lucha de los estudiantes", afirmó un chico a la radio Cadena 3.

Antes los cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad por la demora en actuar, López de Filoñuk afirmó: "Siempre se le critica a la Justicia federal, pero la Justicia federal tiene sus tiempos y hay que tener en cuenta que el rector y el vicerrector no querían el desalojo. Con los informes demoré exactamente 48 horas en requerir la instrucción".

DAÑOS COLATERALES

Durante el mes que se extendió la toma se debieron trasladar colaciones de grado que habitualmente se hacen en el Pabellón Argentina; se suspendieron las clases de oficios; el "cerebro" del sistema informático universitario estuvo en riesgo permanente porque no se permitía el mantenimiento y el concesionario del bar que funciona en el lugar quedó al borde de la quiebra por no poder trabajar.

Hace una semana, ante una amenaza de bomba, los ocupantes impidieron el ingreso de la Brigada de Explosivos. Los agentes hicieron constar en acta que les impedían ingresar a examinar el pabellón. Para los estudiantes, era una maniobra para hacerlos salir.

La Justicia también investiga el apoyo que habrían dado los gremios de Luz y Fuerza y Surbac a los ocupantes, entregándoles alimentos y llevándoles colchones y mantas.

El rector de la UNC, Hugo Juri, rechazó pedir el desalojo por entender que les haría "el juego" a los estudiantes. Ferreira insistió en que "se priorizó el no uso de la fuerza".

Los primeros puntos del "pliego de reivindicaciones" que presentaron los asambleístas y que exigen tratar de inmediato son que "la UNC se declare en emergencia presupuestaria y que informe sobre el uso específico del presupuesto universitario, sobre el convenio entre la Policía y la Universidad, sobre el desarrollo y uso del presupuesto del Plan Integral contra la Violencia de Género y sobre el convenio entre la UNC y la Municipalidad.

La Asamblea Interfacultades convocó a marchar este lunes hacia donde será la mesa de trabajo y el martes llamó a una nueva asamblea para "discutir con qué acciones continuar en la pelea por la defensa de la educación pública".

Las autoridades -después de recibir el edificio- realizaron una inspección para determinar las condiciones en que lo recibieron.

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